Los testigos declararon en un tribunal federal en nombre de Chevron, que está tratando de impedir que el abogado Steven Donziger saque provecho del triunfo judicial que logró para un grupo de pobladores ecuatorianos en el 2011.

Christopher Bogart, jefe de una firma que ayudó a financiar el caso de Donziger en Ecuador, dijo que frenó su inversión debido a la creciente preocupación por la conducta indebida del abogado.

"Hubo mucha información preocupante", dijo Bogart, quien es presidente ejecutivo de la firma financiera de litigios Burford Capital.

En una declaración bajo juramento hecha en abril, que el miércoles formó parte del proceso, Bogart dijo que se enteró por correos electrónicos que los abogados demandantes sabían que estaban incurriendo en conductas indebidas.

El juicio, que comenzó esta semana, es un nuevo capítulo en un conflicto de dos décadas entre Chevron y residentes de la región Lago Agrio de Ecuador por reclamos de que Texaco, que fue comprada por Chevron en el 2001, contaminó la zona desde 1964 a 1992 con la operación de un yacimiento en el noreste del país.

Chevron sostiene que Texaco limpió los efectos de la contaminación antes de entregar el yacimiento a la estatal Petroecuador.

Pero en 2011, una corte ecuatoriana emitió un fallo en el que obliga a la petrolera estadounidense a pagar una compensación de 18.000 millones de dólares a los pobladores de Lago Agrio afectados por la contaminación. Posteriormente, la corte elevó ese monto a 19.000 millones de dólares para cubrir costos.

Burford entregó 4 millones de dólares de financiamiento a Patton Boggs, una prominente firma de Washington que trabajaba con los ecuatorianos en su demanda ambiental. Pero Bogart dijo en su testimonio que Burford terminó el acuerdo de financiamiento en el 2011 por preocupaciones en torno a las acciones de los abogados de los ecuatorianos.

Más temprano el miércoles, Ricardo Reis Veiga, abogado de Texaco y ahora en el departamento legal de Chevron, dijo que Donziger y su equipo jurídico habían presionado a funcionarios ecuatorianos para presentar cargos penales falsos en su contra.

Donziger ha negado haber cometido fraude y dice que está protagonizando una batalla injusta contra Chevron, que contó con muchos más abogados que Donziger el miércoles en tribunales.

Donziger también acusó al juez de distrito Lewis Kaplan, a cargo del caso en Estados Unidos, de tener una postura sesgada.

En documentos judiciales, abogados de Donziger y los demandantes ecuatorianos escribieron que el "desprecio" de Kaplan por Ecuador, "sus tribunales y sus leyes se ha vuelto cada vez más prominente con el tiempo".

El 26 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó su pedido de retirar a Kaplan del caso.

Resignación

Dirigentes indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que exigen una multimillonaria indemnización a la petrolera estadounidense Chevron, aceptaron la posibilidad de perder un proceso contra ellos y sus abogados que inició hoy ante el juez federal Lewis Kaplan, en Nueva York.

"La mayor probabilidad es que vamos a perder este proceso", aseguró en rueda de prensa Juan Pablo Sáenz, uno de los abogados en la causa contra Chevron, que calificó el juicio iniciado hoy ante el juez Kaplan como una "injusticia", en la que las víctimas aparecen como "delincuentes".

El juicio por fraude y extorsión en contra de un abogado - Steven Donziger- y los asesores de los indígenas arrancó hoy en Nueva York con la presentación de los argumentos iniciales de las partes.

Los indígenas, que ganaron un juicio ambiental a Chevron en Ecuador, expresaron hoy su indignación porque la petrolera les ha acusado a ellos y a sus abogados de "conspiración y extorsión".

"Es una injusticia, es una infamia, es algo que no se había visto en la historia del derecho, es un día triste para ser abogado", añadió Sáenz al recordar que se trata de un proceso instaurado bajo la denominada "ley Rico", establecida en la década de los años setenta contra las bandas mafiosas en EE.UU. Además, remarcó que, a pedido de la petrolera, el juicio no contará con jurado, por lo que insistió en que es "imposible" que los indígenas puedan "tener justicia en la corte de Kaplan".

No obstante, el abogado remarcó que cualquier fallo negativo que salga de este proceso no tendría ningún efecto en la ejecución de la condena a la que fue sometida Chevron en las cortes ecuatorianas.

La Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos condenó en 2011 a la petrolera a pagar más de USD 19 000 millones de indemnización por los graves daños que se le imputan haber dejado en la Amazonía durante el tiempo en que operó en Ecuador, entre 1962 y 1990.

Según Sáenz, Chevron con el juicio ante el juez Kaplan, va "a poder ganar tiempo", pero reiteró que los demandantes van "seguir en esta pelea hasta cobrarle el último centavo" a la petrolera.

De su lado, otro de los abogados, Pablo Fajardo, en la misma rueda de prensa, acompañado por varios indígenas demandantes, hizo un llamamiento a los Estados y a las organizaciones sociales de América Latina a solidarizarse con la causa de los pueblos amazónicos de Ecuador.

Estamos, dijo Fajardo, en una "campaña" para pedir "solidaridad al mundo entero para que estos crímenes no queden en la impunidad" e insistió en que los demandantes continuarán con las acciones de cobro de la condena a la petrolera en varios países del mundo.

Recordó que actualmente hay procesos de ejecución de la sentencia en Canadá, Brasil y Argentina, pero no descartó extender el mapa de posibilidades. "Hemos hecho un barrido en el mundo para ver dónde están los activos de Chevron. Están dispersos en más de 60 países", apuntó Fajardo.

El indígena Humberto Piaguaje, por su parte, resaltó que el proceso central contra Chevron, por contaminación en la Amazonía, empezó el 3 de noviembre de 1993 y dijo estar indignado de que hoy los demandantes sean "acusados como delincuentes".

"Estamos indignados por la prepotencia de la empresa" estadounidense, añadió Piaguaje al exclamar: "Nosotros no somos criminales (...), defendemos la vida y la naturaleza. Chevron es culpable, es criminal y tiene que pagar".

(Publicado por Reuters y El Comercio – Ecuador, 17 octubre 2013)
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