La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude vs. Chile” ha interpretado el artículo 13 de la Convención en los siguientes términos: “el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y ‘recibir informaciones’, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto”, señaló en una parte de su voto el ministro Antonio Fretes, quien fue el preopinante en el fallo que se dio a conocer ayer.
Enfatizó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano de interpretación de las disposiciones de la Convención, "siendo en consecuencia lógico y razonable que sus decisiones sean consideradas por esta Corte Suprema. Ello permitirá evitar eventuales decisiones adversas para nuestro país por inobservancia de los principios de la Convención, que comprometerían su responsabilidad internacional".
Fretes agregó que la Corte Interamericana en el fallo citado sostuvo que el “derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones” y fijó tres requisitos: "En primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención... Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escoger aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho".
(Publicado por El Diário el ABC - Paraguay, 16 octubre 2013)
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