Mientras tanto, al Estado colombiano no le alcanza la plata para empujar el desarrollo, por lo que los gobiernos buscan afanosamente los caminos para incrementar el ingreso tributario de 14% del Producto Interno Bruto (PIB) a al menos el 16%, y de esta manera alcanzar el promedio que tienen las naciones de América Latina.

En estos paraísos -44 de los cuales ahora recibirán tratamiento tributario discriminatorio de Colombia, tras la expedición de una lista que los señala como lugares con los que hay que tener cautela al hacer intercambios financieros- se mueve más del 6% de la riqueza mundial. Se trata de unos USD 20 billones, de un total global de 123 billones, según los cálculos de la Red.

Aunque, tradicionalmente, un paraíso fiscal remite al fraude y la evasión tributaria, enriquecerse en un lugar donde no se paguen impuestos suele ser el paraíso para los inversionistas que no miden el impacto que esto puede tener en la economía nacional. El senador Jorge Robledo estima que, por fuga de capitales, Colombia ha perdido en los últimos cinco años USD 12 500 millones de dólares en impuestos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define un paraíso fiscal como una jurisdicción en la que falta transparencia, las leyes no permiten intercambio de información financiera, se mantiene estricto secreto bancario y se permiten beneficios tributarios para atraer inversionistas".

En el decreto expedido por el Gobierno colombiano el pasado 7 de octubre no se incluyeron territorios como Antillas, Aruba, Curazao, Gibraltar, Islas Turcas y Caicos, Malta, Islas Vírgenes de Estados Unidos, que sí figuran en el expediente OCDE.

El gremio de bancos, Asobancaria, espera que el decreto "mejore el recaudo fiscal y permita que las operaciones económicas se hagan con reglas de transparencia y a precios de mercado, lo que generará confianza para la inversión extranjera".

(Publicado por Reuters, 14 octubre 2013)
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