Aunque los fiscales del Ministerio Público tienen pendiente atender más de 4.000 procesos judiciales en un año, hay algunos asuntos que son resueltos en cuestión de días y a veces de horas por ese despacho. ¿La razón? Se trata de causas impulsadas desde el gobierno nacional por intereses políticos.
Este año, en al menos cinco ocasiones se puede constatar cómo el Ministerio Público ha reaccionado de manera inmediata a solicitudes expresas del Ejecutivo o el Legislativo.
El sábado en la mañana el gobernador de Carabobo pidió a la Fiscalía actuar con prontitud en el caso de presunta corrupción del alcalde de Valencia, Edgardo Parra. Apenas unas horas después la residencia del alcalde era allanada y el funcionario recluido en la sede del Sebin de Carabobo, para ser presentado hoy en tribunales.
Otro de estos casos ocurrió el jueves. El presidente Nicolás Maduro le ordenó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz que abriera una investigación a propósito de un titular publicado en la primera plana de un medio de comunicación. De inmediato la funcionaria actuó e informó a la prensa sobre la averiguación. "Llamé hoy a la fiscal como jefe del Estado para ordenar una investigación", dijo el mandatario.
Algunos constitucionalistas ven este tipo de acciones como una injerencia inadmisible del Ejecutivo nacional que usa los procesos de administración de justicia con motivaciones políticas. Los especialistas consultados coinciden en que hay decisiones tomadas por el Ministerio Público –órgano integrante del Poder Moral– que responden a guías, exhortos o llamados hechos desde Miraflores.
Para el constitucionalista José Vicente Haro, el accionar de la fiscal viola el principio constitucional de autonomía e independencia con el que debe actuar el Ministerio Público, único órgano en el sistema de justicia venezolano que puede iniciar investigaciones penales y solicitar juicios en tribunales.
"Lo que ha hecho la fiscal es operar como si fuese un brazo político del gobierno. Sigue las directrices que le dan directamente por su nombre y apellido o las que el gobierno lanza a través de los medios", dijo.
El especialista Víctor Hernández Mendible cree que más allá de las consideraciones que puedan hacerse, hay hechos que evidencian que Ortega recibe lineamientos directos desde Miraflores.
"Esto queda claro cuando se observan no sólo los casos en los que actúa de manera expedita, sino en aquellos en los que no investiga. Basta con recordar el caso de Antonini Wilson y la maleta con los 800.000 dólares o el del exmagistrado Eladio Aponte Aponte", aseveró.
En una entrevista ofrecida en abril del año pasado a la televisora SoiTV, Aponte aseguró que el entonces presidente Hugo Chávez ordenaba manipular casos. "Todos los fines de semana, especialmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vicepresidencia con la presidenta del TSJ, la fiscal general, la procuradora, la contralora y el presidente de la Asamblea Nacional. De allí es de donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia en Venezuela", dijo.
En su discurso para solicitar la ley habilitante, el presidente Maduro se refirió a que debía existir una mancomunidad de poderes. Lo que coloca en forma expresa las suspicacias que dejan algunos de los casos mencionados.
Anteriormente tanto el fiscal general, como el contralor eran independientes o pertenecían a partidos de oposición. Quienes ocupan esos cargos actualmente no dudan en mostrar su vinculación política con el partido de gobierno.
Solo ayuda. “El Ejecutivo ha estado recurriendo al principio constitucional de la cooperación de poderes públicos en función de que se investiguen casos en los que se estarían promoviendo matrices de opinión no verificadas que crean angustia en la población”, aseveró el constitucionalista Jesús Silva, profesor de la UCV.
En criterio del especialista, aunque una causa sea impulsada desde el Ejecutivo la investigación es efectuada con transparencia y legalidad.
"Lo que el presidente hace es elevar denuncias que debido a su majestad presidencial son tomadas en cuenta. En efecto, ha habido declaraciones de líderes políticos fijando opinión sobre casos de la justicia penal, pero esas declaraciones no tienen influencia en los procesos", aseveró Silva.
Leyenda:
De azul y a la izquierda figura la fiscal en esta foto publicada en la cuenta de Twitter @tmaniglia con esta nota: "Ante el Jefe, con compromiso, lealtad y unidad perfecta"
(Publicado por El Nacional – Venezuela, 15 octubre 2013)
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