En conjunto tienen por objetivo normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con observancia del debido proceso. También se pretende promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.

Nuevamente, los tiempos de tratamiento así como el procedimiento que se dio para su aprobación dentro del Pleno fueron el blanco de las críticas.

El legislador de SUMA, Ramiro Aguilar criticó los tiempos de aprobación. Dijo que en ningún país del mundo se hace un código penal a página levantada como si fuera un deber escolar. “El Código es un refrito con innovaciones en tipos penales largos, repetitivo.

77 Cambios

El texto final de los libros Preliminar; Primero y Segundo del Código Integral Penal que fueron aprobados ayer por el oficialismo contienen 77 cambios, sobre principios procesales, la reincidencia, la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras, suspensión de la licencia de conducir, delitos y contravenciones de tránsito, el genocidio, etnocidio, homicidio culposo, la tortura, la violencia sexual contra la mujer y la familia, corrupción de niñas, niños y adolescentes, actos de odio, estafa, hurto, tráfico de migrantes, falta de afiliación al IESS, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, contrabando, sedición, espionaje, tráfico de armas, terrorismo, contravenciones en escenarios deportivos y concentraciones masivas, entre otros.

La aprobación de estos artículos fue reconocida por los legisladores oficialistas como avances.

Sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional se determina que la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Además será inhabilitada para el ejercicio de su profesión por un tiempo igual a la mitad de la condena. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se tomarán en cuenta, entre otros elementos aplicables a cada caso y profesión, protocolos, guías, reglamentos o normas técnicas nacionales o internacionales, si existen; así como las condiciones o circunstancias particulares en que se ejerció o practicó la profesión.

En cuanto al terrorismo se determina que será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga, en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos.

(Publicado por El Comercio – Ecuador, 14 octubre 2013)
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