El artículo 16 establece que "los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a la libertad editorial, lo cual incluye la determinación y libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación de conformidad con los principios y finalidades reconocidos en esta ley y en el marco de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos".

Al comparecer ante la comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Risso consideró que la redacción del artículo "achica" la libertad editorial de los medios.

"Esto es absolutamente contradictorio porque hay una cantidad de limitaciones que establece la ley que no coinciden con esa Convención. Creo que el agregado que se hizo tiene un problema, resulta contradictorio y genera cierta perplejidad. ¿Qué es lo que se va a aplicar? ¿Las limitaciones de la ley? Esa era la solución en el proyecto original, pero al mencionar a la Convención Americana de Derechos Humanos nos encontramos que muchas de las limitaciones son contrarias a esa Convención; o sea que acá hay un problema verdaderamente importante", afirmó.

"El artículo 16 empieza reafirmando la libertad editorial. Es fantástico. Todos estamos de acuerdo. Me parece muy bien que comience así. El problema era que, después, el proyecto original decía: `de conformidad a las obligaciones que como servicio de interés público son inherentes a la comunicación audiovisual y a los fines y principios de esta ley`. O sea que no era cierto: la libertad aparecía en la primera parte, pero después la limitaba. Es la libertad dentro de la regulación. No quiero hacer ninguna imputación ni comparación inapropiada, pero es como aquel concepto sobre la reforma de la Constitución, de 1980: libertad dentro del orden. Era algo que estaba verdaderamente mal", sostuvo Risso en referencia a conceptos de la dictadura militar.

Explicó que "la modificación que se le hizo no fue sacar `de conformidad` y dejar simplemente la libertad, sino mantener `de conformidad con los principios y finalidades reconocidos en esta ley y en el marco de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos`. Eso es lo contradictorio, porque la ley establece una cantidad de requisitos, de obligaciones y de fines que son incompatibles, contrarios a la Convención Americana".

"Este es un artículo explosivo -afirmó-, que va a generar una cantidad de problemas. Algún intérprete podrá tratar de priorizar la aplicación de la ley y otros dirán: `No; es en el marco de la Convención Americana`. Hay algunas disposiciones de este proyecto de ley que son contrarias al artículo 13 de la Convención. Esa es la contradicción", afirmó.

El artículo 13 de la Convención alude a la libertad de pensamiento y de expresión.

Por su parte, el catedrático Juan Pablo Cajarville advirtió que las sanciones que impone la ley ante incumplimientos de los medios no respetan el principio de proporcionalidad y pueden llevar a la autocensura.

La ley prevé que la multa a aplicar puede llegar a US$ 1.500.000. "Si hay algún servicio de comunicación audiovisual que comete una infracción de tal gravedad que justifique esa multa, bueno, que se inicie el proceso de revocación. Esa multa es extraordinariamente grave, y realmente es un arma de mucho peso para imponer la autocensura de los servicios", afirmó Cajarville.

Acotó que "necesariamente deben asegurarse las garantías del debido proceso y las sanciones han de ser impuestas por una autoridad administrativa cuando son sanciones administrativas, pero tienen que ser impuestas por un Juez cuando se trate de sanciones penales disfrazadas de administrativas".

"Creo que es verdaderamente importante se puede afectar negativamente la calidad de la libertad de expresión del pensamiento en el Uruguay y generar problemas para todo el funcionamiento del sistema democrático", sentenció.

Modificaciones son "neutras"

Los abogados Martín Risso y Juan Pablo Cajarville, expertos en derecho constitucional y administrativo, respectivamente, señalaron ayer ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados que las más de 80 modificaciones que el Poder Ejecutivo planteó en el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual no solucionan buena parte de los defectos de la iniciativa.

"Desde el punto de vista jurídico, la mayoría de las modificaciones son neutras; algunas son buenas y otras empeoran la situación. Pero las cosas más complejas no se salvaron", dijo Risso ayer a El País.

Cajarville, por su parte, señaló que "en general" las modificaciones propuestas "son positivas" pero objetó que "no en todos los casos se adoptó el camino que correspondía".

Los dos expertos cuestionaron que el Consejo de Comunicación Audiovisual (que pasará a depender del Ministerio de Industria y no de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como se había propuesto originalmente) concentrará mucho poder, ya que controlará y será responsable de aplicar sanciones a los medios de comunicación que incurran en incumplimientos.

Según Cajarville, correspondería que las sanciones sean dispuestas por el Poder Judicial, a través de un proceso abreviado similar al que se prevé para las acciones de amparo.

Risso señaló que el Consejo de Comunicación Audiovisual debería ser "un órgano absolutamente independiente del Poder Ejecutivo" y cuyas resoluciones tendrían que ser impugnadas ante los tribunales de apelaciones civiles del Poder Judicial. "Cuando la DGI clausura un local comercial por determinada cantidad de días no lo puede hacer por sí misma, sino que tiene que ir a un juez. Acá se quiere tener la posibilidad de revocar permisos de medios de comunicación sin orden judicial", señaló.

Cajarville, consultado luego de su comparecencia al Parlamento, dijo a El País que con la salida del Consejo de Comunicación Audiovisual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se salvan cerca de 15 inconstitucionalidades que él había advertido semanas atrás. Pero criticó el excesivo poder que tendrá ese órgano: "Si la dictadura hubiera tenido una ley como esta se hacía una fiesta", opinó.

No se respeta artículo 13 de la constitución

El abogado constitucionalista Martín Risso, responsable de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, dijo que la obligación que plantea el proyecto de ley de SCA para que los canales de televisión deban emitir un 60% de programación nacional viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula en qué situaciones los gobiernos pueden establecer medidas que afecten la libertad de expresión.

(Publicado por El País – Uruguay, 11 octubre 2013)
_________________