El Gobierno de República Dominicana rechazó categóricamente ayer las acusaciones de expulsiones sumarias hacia Haití por discriminación institucional, durante el segundo y último día de audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) , que sesiona en la capital mexicana.
“El Estado como tal no tiene una política de discriminación, ni mucho menos existe en la República Dominicana una política institucional de discriminación”, declaró Santos Miguel Román, subdirector de Migración del Ministerio del Interior.
“No hay prueba documental, no hay testigos, no hay nada. Solo la declaración, y con irregularidades importantes en su instrumentación, de las presuntas víctimas”, añadió José Casado-Liberato, representante de la Cancillería.
Los funcionarios respondieron así a los alegatos expuestos entre martes y miércoles por los representantes legales de 27 personas, 17 de ellas menores de edad, expulsadas entre 1994 y el 2000 de República Dominicana hacia Haití pese a que 22 de ellos son ciudadanos dominicanos; uno de ellos, William Medina, narró cómo fue echado del país por presuntas cuestiones raciales.
Casado-Liberato recordó que el tribunal interamericano “no puede intervenir cuando no se han agotado los recursos internos ni en lo referente a los derechos políticos”, como el derecho a la nacionalidad, uno de los que están en juego en este caso, llamado Tide Méndez.
Asimismo, señaló que el Estado probó “no solo que los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano nacen haitianos por ius sanguinis (derecho de la sangre), sino (...) que no existe discriminación estructural ni mucho menos institucional en perjuicio de inmigrantes haitianos ni de dominicanos de ascendencia haitiana”.
Política en entredicho. De acuerdo a la demanda presentada por la Comisión Interamericanana de Derechos Humanos (CIDH) , las víctimas fueron deportadas arbitrariamente en el marco de una política migratoria que operaba de facto y que se basaba, no en criterios objetivos, sino en el perfil racial de las personas.
Los representantes del Gobierno dominicano argumentaron que la política migratoria es “tolerante” y que opera bajo la lógica de la “defensa de los escasos recursos naturales” de su territorio, pero insistieron en que no es un Estado que discrimine.
Ante estos argumentos, Francisco Quintana, director para la región de la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –una de las ONG que planteó la demanda–, llamó la atención sobre el hecho de que, de todos los gobiernos de la región (que tiene el mayor índice de discriminación en el mundo), el de Dominicana “se diferencia por la negación absoluta de este problema”.
En República Dominicana existe “poca participación de la población afrodescendiente en cargos públicos”, a pesar de que se trata de un país que tiene 90% de población negra, sostuvo Quintana.
Las cédulas de identificación dominicanas, además, indican si el portador es negro, indio oscuro o indio claro, añadió el activista.
Aunque la Corte concluyó ayer el período de audiencias, será hasta en unos seis meses cuando emita un fallo sobre este caso.
Sentencia
Acorralados, apátridas y con el futuro incierto: así se sienten decenas de miles de hombres y mujeres nacidos en República Dominicana, hijos de inmigrantes haitianos y personas que, según el Tribunal Constitucional de este país, no pueden tener la nacionalidad dominicana si sus padres llegaron ilegalmente .
“Desbarató nuestros sueños (...), las aspiraciones que teníamos. Yo estaba listo para firmar (contrato con un equipo de béisbol), con las 90 y 91 millas que tiraba y tampoco pude ejercerlo porque no tenía la identidad (los documentos)”, cuenta Yuly Paredes Senfa, de 23 años.
“Temo que la generación que venga no tenga capacidad de reclamar sus derechos y que se queden en stand by, que no sean ni de aquí ni de allá, como han querido hacer con nosotros”, comenta Wichna Joseph, nacida hace 20 años en una familia de 10 hermanos.
Yuly y Wichna viven a 10 minutos del centro de San Pedro de Macorís, provincia oriental a 70 kilómetros de Santo Domingo, en uno de los muchos bateyes diseminados por el país, un tipo de asentamientos donde se establecían los habitianos que cruzaban la frontera para trabajar en la caña de azúcar y donde han crecido sus descendientes.
Un camino rocoso se adentra en el batey Esperanza, sin calles ni veredas, donde estos dos jóvenes viven como parte de unas 60 familias, cuyo origen es Haití, nación que comparte la isla La Española con Dominicana.
Disculpas
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, afirmó hoy que pidió disculpas a un grupo de personas de ascendencia haitiana por la "situación que están pasando" al no poder obtener un documento que demuestre su nacionalidad, tras un fallo judicial que negó ese derecho a una mujer nacida en el país de padres indocumentados haitianos.
Medina también dijo que aunque la sentencia del Tribunal Constitucional "está apegada" a la actual Carta Magna, no sabe si el dictamen tiene "prerrogativas para el pasado" ya que la misma Constitución establece que ninguna ley tiene efectos retroactivos salvo aquella que beneficie a las personas.
"Lo menos que podíamos hacer es pedirles excusas por lo que está pasando", dijo Medina a la prensa local, durante una visita a las instalaciones de una empresa minera en el centro del país.
El Tribunal Constitucional falló el pasado 23 de septiembre que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad dominicana debido a que nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (o sin residencia legal) la excluye de ese derecho.
El dictamen del TC ha generado una gran polémica en ambos países y ha dividido a la opinión pública entre los que consideran que la disposición es violatoria de los derechos humanos y los que opinan que sólo busca regular la situación de los indocumentados además de que es reivindicativa de la soberanía nacional.
En el plano político, el fallo movió a la Cancillería haitiana a llamar a consulta a su embajador en Santo Domingo, Fritz N. Cinéas, y a convocar al representante dominicano en Haití, Rubén Silié, a quien el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Pierre-Richard Casimir, le expresó su "desacuerdo y preocupación" por la sentencia del Tribunal Constitucional.
"No sé si legalmente se ha cometido una injusticia, pero ahí hay un problema humano que tenemos que resolver", dijo hoy Medina al referirse a la visita que líderes de organizaciones defensoras de los derechos humanos le hicieron este lunes.
El mandatario confirmó que se comprometió con los representantes a iniciar un proceso de consultas en coordinación con los órganos que tienen prerrogativas sobre las medidas que se han tomado, entre ellos el mismo TC y la Junta Central Electoral (JCE).
Medina agregó que tuvo la oportunidad de escuchar la situación de esas personas que nacieron en República Dominicana, que son hijos o nietos de haitianos, y "el drama que están viviendo tan pronto perdieron la oportunidad de conseguir una cédula de identidad" del país.
"Hay muchachos que tuvieron que estudiar caminando dieciocho kilómetros todos los días y al momento de recibir sus certificados de bachiller no contaban con una cédula y no pudieron inscribirse en la universidad", narró el gobernante.
Coincidentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy las vistas de una acusación contra República Dominicana respecto a la supuesta detención y posterior expulsión colectiva del país, de seis familias haitianas o de ascendencia haitiana.
(Publicado por EFE