La semana pasada, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) sorprendió con una declaración pública en la que el gremio pidió perdón porque, a su juicio, el Poder Judicial "pudo y debió hacer mucho más" para proteger a las víctimas durante el régimen militar. Junto con esto, se emplazó a la Corte Suprema a asumir el rol que tuvo a 40 años del golpe de Estado.
El máximo tribunal, días después, en un histórico pronunciamiento reconoció "graves acciones y omisiones".
Sin embargo, la iniciativa de la ANM conllevó críticas por parte de algunos de sus afiliados, quienes cuestionaron el que no se les haya consultado antes de materializar este acto. El ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Antonio Ulloa, señaló a través de un correo electrónico que "este tipo de declaraciones politizan nuestro gremio (...) Estimo impropio pedir perdón por actuaciones en la lógica de la autonomía e independencia judicial, son responsabilidades personales".
Esta opinión fue respaldada en correos por su par, el ministro Pablo Krumm, quien señaló que "los hechos históricos hay que analizarlos con mesura y prudencia (...) no hay un parecer único al respecto de nuestros asociados de Atacama". En esa misma línea argumentativa, el juez Patricio Martínez destaca que era necesario haber consultado a las bases regionales ante "una acción de tanta relevancia a nivel nacional, que ha servido para la exposición mediática de los directores nacionales, aunque no representan a todos y ni siquiera sabemos si representan a la mayoría".
Contraparte
Hubo jueces que apoyaron la moción de la ANM, pues aseguraron que es de todo "sentido común" el repudiar las violaciones a los derechos humanos a esta altura y que no era necesario preguntarles a todos los jueces del país si estaban de acuerdo en "deplorar el genocidio". El juez del 2° Tribunal Oral, Carlos Iturra, manifestó un "ensombrecido ánimo" al leer estos cuestionamientos, ya que la promesa "de nunca más" que hizo la Corte Suprema en estas materias "pareciera no estar enteramente garantizada" con estas críticas.
La vicepresidenta de la ANM, magistrada María Francisca Zapata, defendió la declaración que ella junto a otros directores esgrimieron y expuso: "¿Alguien quiere pasarme la cuenta? Feliz la acepto. Cuestiónenme, repréndanme, responsabilísenme, en el próximo período si me presento, no voten por mí (...) háganme contrapropaganda. Financien mi contracampaña, porque se los advierto: nunca, nunca, nunca en la vida me arrepentiré ni por un segundo de lo que he hecho al proponer, suscribir, justificar y defender públicamente esta declaración. Y si debo hacerlo de nuevo, lo haré", enfatizó. La dirigenta recordó que el perdón que pidieron era una garantía de "no repetición" y consideró válidas las discrepancias.
(Publicado por El Mercurio – Chile, 12 septiembre 2013)
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