El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, se hizo presente en la sesión y dijo que ahora se inicia una etapa de negociación con la empresa Aratirí para la extracción de hierro a cielo abierto en la localidad de Valentines, ubicada en el límite de Florida y Treinta y Tres.

"Con la aprobación de esta ley se abre la posibilidad de desarrollar algunos emprendimientos mineros y esto implica concretar la diversificación de la matriz productiva del país, ya que pasaremos a tener una riqueza adicional, pero muy cuidada a través de esta ley que tiene como fin un desarrollo armonioso del sector", opinó Kreimerman. El ministro no quiso arriesgar una fecha para la instalación de Aratirí, aunque dijo que seguramente sea el primer proyecto a concretarse debido a que ya se realizó la primera etapa de prospección de hierro.

Por su parte, el diputado Walter Verri (Vamos Uruguay) aseguró -en base a la comparecencia a la Comisión de Industria del Senado del jefe de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller- que con esta ley el Estado renuncia a cobrar entre US$ 700 y US$ 1.000 millones de impuestos como el Patrimonio y el IVA.

"No estamos en contra de la minería de gran porte, estamos en contra de la ley. Estamos hablando de sacar del subsuelo y dejar el pozo, no hay recuperación. Creemos que hay deficiencias que hay que mejorarlas y eso fue lo que expresábamos en el Senado. El plan de cierre de Aratirí no es adecuado, es llenar los pozos con agua de lluvia y eso va a llevar unos 70 años, según surge de la versión taquigráfica", señaló Verri.

El legislador sostuvo que en la comisión multipartidaria de minería se había llegado a un acuerdo para que no se brindaran beneficios fiscales a las empresas mineras. "No deberían tener beneficios tributarios. Tenemos que reconocer que no hay ningún incentivo para las empresas que agreguen valor, no solo le estamos permitiendo que se nos lleven la riqueza del suelo, sino que estamos dejando que no paguen impuestos", concluyó el diputado.

El diputado nacionalista Álvaro Delgado argumentó en contra de la iniciativa y cuestionó el hecho de que el Frente Amplio cortara la discusión del proyecto en Comisión de Industria en Diputados y no aceptara recibir a cuatro delegaciones. "Creo que valía la pena dar el debate y no haber cerrado las puertas", dijo.

"Para nosotros esta ley tiene carencias y no refleja el acuerdo multipartidario, no se cumplieron con todas las garantías que hubiéramos querido. No hay una solución del canon que nos satisfaga del todo, no se incluyeron los incentivos a través de deducciones para que se pueda agregar valor en Uruguay de lo que se extrae de la minería", señaló Delgado.

Por su parte, Borsari decidió apoyar la iniciativa al entender que "es una buena ley" y agregó que "para Uruguay es importante su aprobación. Así como lo hicimos con el puerto de aguas profundas, nosotros entendemos que estas actividades se deben desarrollar en nuestro país". Asimismo, los diputados Iván Posada (Partido Independiente) y Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) defendieron el proyecto del Poder Ejecutivo por entender que brinda garantías ambientales.

De los recursos

La ley declara de utilidad pública la minería de gran porte pero no de interés general como establecía el articulado aprobado por la Cámara Baja. Se pasa a considerar Minería de Gran Porte la que se desarrolle en áreas de más de 400 hectáreas y genere ventas de más de 830 millones de unidades reajustables anuales (US$ 97,5 millones al día de hoy).

El Poder Ejecutivo también podrá declarar una explotación como de Minería de Gran Porte cuando utilice productos o sustancias químicas que puedan ser perjudiciales para la salud, tenga un requerimiento energético superior a los 500 gigavatios hora o produzca drenajes ácidos (este criterio fue incorporado por el Senado).

Las empresas deberán contar con un Plan de Cierre que será modificado si es necesario. Existirán planes parciales con medidas de compensación de los impactos ambientales negativos.

Las mineras no podrán recibir exoneraciones al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) ni a sus adicionales. Precisamente, se crea un adicional al IRAE que gravará la renta operacional obtenida por las mineras. Ese tributo, el IRAE, el canon y el Impuesto a la Renta de no residentes deberán ser identificados en el Presupuesto Nacional como ingresos por minería de gran porte.

El 30% de esos recursos presupuestales deberán dividirse entre el Fondo del Desarrollo del Interior (30%), emprendimientos educativos en el interior (5%), proyectos de infraestructura, riego, turísticos o ambientales (60%) y fortalecimiento de los organismos de seguimiento del proyecto (5%). El 70% restante irá al Fondo Intergeneracional de Inversión. Será administrado por el Banco Central, y los fondos podrán destinarse a valores emitidos por el Estado y depósitos o valores emitidos por empresas. El canon para los productores rurales tendrá un tope de 15 veces el precio promedio de la hectárea en la zona.

Derogación.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) anunció que iniciará una campaña de recolección de firmas para derogar algunos artículos de la ley de megaminería aprobada ayer, dijo a El País el representante del grupo, Julio Gómez.

"La ley tiene muchos vicios jurídicos y por eso haremos campaña para derogar artículos referidos a la extensión que pueden tener las empresas mineras", dijo Gómez. También indicó que se prevé denunciar otros artículos (sobre expropiación de terrenos, por ejemplo) ante la Suprema Corte de Justicia para que sean declarados inconstitucionales.

La fuerte demanda china explica el interés por el hierro uruguayo

China es el país que más hierro consume en el mundo y su "voracidad" explica el incremento que ha tenido el precio del mineral recientemente. El acero, muy demandado a raíz de la acelerada urbanización china, se fabrica con hierro.

Aratirí, del grupo indio Zamin Ferrous, ha hecho sus proyecciones con un escenario de un precio promedio para la tonelada de hierro de US$ 80 durante los próximos quince años. Con una cotización que ronde los US$ 100, el Estado y la empresa compartirían las utilidades en partes iguales. La parte que correspondería al Estado rondaría el 60% en caso de un alza sostenida del mineral. Ayer el hierro cerró en el mercado internacional a US$138.

Jorge Surraco, gerente de Comunicación de Aratirí, dijo a El País que la empresa "se ha llamado a silencio" hasta que se aprueben las habilitaciones que ha solicitado. Aratirí planea comenzar a exportar en 2015 aunque el presidente José Mujica dijo que eso puede ocurrir en 2014. El hierro iría por un "mineroducto" hasta el futuro puerto de "aguas profundas" en Rocha, donde sería embarcado.

Claves de Aratirí

Inversión prevista

Importante producción

El grupo indio planea invertir US$ 3.000 millones con la intención de exportar 18 millones de toneladas al año de hierro, lo que equivaldría a US$ 900 millones anuales. Un buque cada tres días zarparía con el mineral. Los yacimientos que Aratirí planea explotar tendrían una vida útil de entre 20 y 30 años y se ubican en 148 padrones de 76 propietarios.

Presencia regional

En competencia

El grupo indio Zamin Ferrous explota hoy minas de hierro en los estados brasileños de Amapá y Bahía. El mercado mundial del hierro es dominado por las compañías australianas Río Tinto, BHP Billiton y la brasileña Vale do Río Doce. Zamin Ferrous ya invirtió en Uruguay US$ 170 millones. En la primera fase de obras prevé crear 3.000 empleos.

Objeciones ambientales

Productores rurales

Algunos productores rurales de la zona de Valentines (departamentos de Treinta y Florida) que se oponen al proyecto objetan que los campos que se exploten quedarán inutilizados por 80 años. También están preocupados por el ruido que producirán las explosiones y advierten que éstas generarán un polvo con silicio y asbesto cancerígeno.

Minas

Zona de influencia

Aratirí planea explotar cinco minas en la zona de Valentines y Cerro Chato (Las Palmas, Maidana, Uría, Morochos, Mulero) con profundidades que van de 200 a 380 metros. El Estado podría obtener US$ 500 millones anuales en los primeros años de desarrollo del proyecto y unos US$ 1.000 millones a partir del quinto o sexto año.

(Publicado por El País - Uruguay, 4 septiembre 2013)
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