El argumento fue que Cordone Roselló no es fiscal ni tiene acuerdo del Senado para ello sino que tiene rango de secretaria dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal (MPF). De esta manera, no se cumple con los requisitos establecidos para nombrar un magistrado subrogante en el MPF.

La intervención de la secretaria había sido objetada en varias causas en la Corte. En una de ellas, una de las partes pidió la nulidad del dictamen elaborado por Cordone Rosello. Por razones de "seguridad jurídica", l a Corte decidió validar todo lo actuado por la subrogante pero determinó que no puede actuar más mientras no se cumpla con lo que establece la ley para ocupar el cargo.

El argumento que había dado quien objetó a Cordone Rosello fue la existencia de una investigación penal contra la procuradora justamente por la designación irregular de fiscales. La denuncia fue realizada por el senador radical Mario Cimadevilla, miembro también del Consejo de la Magistratura.

La causa está en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien había decidido cerrarla por inexistencia de delito pero luego debió reabrirla por decisión de la Cámara Federal penal tras una apelación del fiscal Guillermo Marijuán.

En esa denuncia se mencionan varios casos. El que más repercusión tuvo fue el de Carlos Gonella, a quien Gils Carbó había puesto al frente de la Procuraduría en Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Gonella interviene en la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Luego de la decisión de la Cámara Federal de mantener abierta la causa que investiga a Gils Carbó, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso diversos pliegos de postulantes a fiscales, entre ellos el de Gonella, pero para el cargo de fiscal general ante el tribunal oral federal de Formosa. Gonella obtuvo así el acuerdo del Senado para ser fiscal ya que hasta allí no lo era.

En el caso de Cordone Rosello, la discusión en la Corte fue por el mecanismo elegido para subrogar la vacante dejada el año pasado por la renuncia de Marta Beiró González como procuradora fiscal ante la Corte a cargo del área de Derecho Privado. Ante la Corte actúan, además de Gils Carbó y, hasta ayer Cordone Rosello, otros tres procuradores fiscales.

Con la firma de seis de sus siete miembros (falta Raúl Zaffaroni), la Corte dijo que la designación "directa" de Cordone Rosello por parte de Gils Carbó "no se compadece con el régimen general previsto en el artículo 11 de la ley 24.946, en referencia a la ley del Ministerio Público, ni con dos viejas resoluciones de ese propio organismo.

"Ninguna de las disposiciones que componen el régimen en materia de subrogancias contempla como alternativa -aun como vía de excepción- la designación directa de abogados ni de funcionarios o auxiliares del Ministerio Público en el cargo de magistrado vacante de que se trata", expresó el fallo de la Corte.

Las vías adecuadas para una cubrir vacantes con subrogantes, dijo la Corte, son u otro fiscal o un abogado de un listado que debiera hacerse cada año. Gils Carbó, curiosamente, dijo más tarde que la Corte convalidó su decisión. La procuradora fue uno de los impulsores de la agrupación “Justicia Legítima” en el marco de la discusión de la reforma judicial que la Corte declaró luego inconstitucional.

(Publicado por El Clarín y La Nación – Argentina, 15 agosto 2013)
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