Reforma Minera
Ecuador: Empresarios cautos sobre ley minera
Las reformas a la Ley de Minería, ratificadas ayer por la Asamblea, no son un incentivo suficiente para poner al Ecuador como un destino atractivo en el mapa minero internacional de gran escala.
Esto lo sostienen representantes de empresas mineras y profesionales del sector consultados por este Diario, aunque reconocen que hay ventajas para la mediana minería.
Ayer, con 98 votos a favor, 6 votos en contra y 18 abstenciones, la Asamblea se allanó al veto del Ejecutivo sobre la reforma minera, el cual contemplaba dos cambios.
El primero exige la presentación de informes de producción para los mineros artesanales. Con el segundo se obliga a regularizar a aquellos que constaban en el censo minero del 2010.
Uno de los objetivos de la reforma minera, que tiene 33 artículos, era destrabar la negociación de los contratos mineros a gran escala, principalmente con la canadiense Kinross para explotar oro en el depósito Fruta del Norte, lo cual no se consiguió.
La nueva Ley que se publicará en el Registro Oficial en los próximos días contempla que el Impuesto a las Ganancias Extraordinarios solo lo pagarán las empresas luego de recuperar su inversión.
Adicionalmente, reduce de 10 a 2 el número de permisos para realizar actividades de exploración y explotación. También endurece las sanciones contra la minería ilegal, entre otros aspectos.
Pese a estas reformas, los empresarios no creen que llegue al país inversión extranjera privada.
El presidente de la Cámara de Minería del Azuay -provincia que tiene dos de los cincos yacimientos más importantes del Ecuador- Patricio Vargas, sostiene que pese a las reformas, las condiciones del país no son atractivas.
En primer lugar porque un concesionario no tiene la seguridad de que podrá explotar un yacimiento si llegara a encontrarlo en la primera etapa de exploración.
Esto se debe a que la Ley contempla varias etapas en las cuales la empresa puede perder la concesión. Al final tiene que negociar un contrato donde no es seguro que logre un acuerdo con el Estado.
Este factor no cabe en un negocio de alto riesgo donde la mayoría de proyectos que se exploran no llegan a concretarse, dice Vargas, quien añade que un claro ejemplo de esto fue lo sucedido con la canadiense Kinross, una empresa que luego de negociar 30 meses su contrato de explotación de Fruta del Norte, no llegó a cerrar el acuerdo con el Gobierno.
El experto en minería y geología, Freddy Quijano, quien trabaja para empresas internacionales de minería en Argentina, México y Colombia, concuerda en que la ley hace al país poco competitivo. A eso se suma la falta de certezas jurídicas y de información, pues no existe un mapeo geológico con inventarios de los recursos y de las zonas prospectivas que puedan ofrecerse en el exterior para atraer inversiones mineras. Estos datos tienen países de la región como Perú, o están en proceso de construcción como en Colombia.
Quijano explica que en otros países no existen los tributos como el Impuesto a las Ganancias Extraordinarias, lo cual es un desincentivo para generar inversión, sobre todo cuando los precios de los minerales están a la baja.
Sin embargo, el gerente de la empresa Salazar Resources, Fredy Salazar, resalta que en las reformas hay avances al reconocer la mediana minería. Con la nueva normativa no se necesita firmar un contrato para explotar un yacimiento. El concesionario puede hacerlo pagando regalías y con solo tener permisos ambientales y del agua.
La Conaie está en contra
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, asistió el martes a la Corte Constitucional para presentar una Acción de Incumplimiento por la sentencia emitida por la misma entidad el 18 de marzo del 2010.
En ella se disponía la forma para realizar la consulta prelegislativa a los pueblos y nacionalidades indígenas cuando un proyecto extractivo o una normativa afectara sus derechos.
La Conaie interpreta que la Reforma Minera afectó a las nacionalidades indígenas por lo que previamente debía existir una consulta a las comunidades, lo que no existió.
Cholango dijo que si no se considera la acción se podría presentar una demanda internacional.
La mañana de hoy, además, se realizará la audiencia de la acción presentada por la Ecuarunari en la Corte Constitucional para que se revoque las concesiones que tenía Iamgold en el proyecto Quimsacocha y que vendió a la canadiense INV Minerals.
La organización argumenta que afecta el bosque y área protegida Yanuncay - Irquis.
(Publicado por El Comercio - Ecuador, 10 julio 2013)
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