Brasil: Presidenta Rousseff propone un plebiscito para realizar una reforma política

La presidente brasileña, Dilma Rousseff , propuso hoy la realización de un plebiscito para llevar a cabo una reforma política en el país, en respuesta a la ola de protestas que ha sacudido Brasil en las últimas dos semanas.

La Mandataria anunció la propuesta de organizar un plebiscito en el marco de un gran pacto nacional en relación al sistema político, la salud, la educación y el transporte, que están en el centro de los reclamos expresados por las multitudes que han ocupado las calles del país en las últimas dos semanas.

El plebiscito debe dar paso a "un proceso constituyente específico para la reforma política", explicó Rousseff en una reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio presidencial de Planalto, convocada para responder a las demandas de los manifestantes.

Una propuesta con cinco grandes temáticas

Rousseff propuso cinco grandes "pactos" a los 27 gobernadores y 26 alcaldes que asistieron al encuentro.

Uno referido a la necesidad de mantener la "responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación", a lo que atribuyó una "dimensión especialmente importante en el momento actual, en que la prologada crisis castiga a todas las naciones".

El segundo pacto lo centró en la "construcción de una amplia reforma política que amplíe los horizontes de la ciudadanía", una propuesta que, admitió, en las últimas décadas "entró y salió más de una vez de la agenda política nacional".

Para superar esa parálisis, propuso un plebiscito "que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política", pues "Brasil está maduro para avanzar" en esa dirección.

En ese marco, aseguró que debe ser dada una prioridad especial al combate a la corrupción y propuso establecer penas más severas para los delitos cometidos por la malversación de dinero público.

El tercer "pacto" se refiere a la salud, un área en la que pidió "acelerar las inversiones" previstas y reafirmó su intención de contratar médicos extranjeros para que trabajen en las ciudades y regiones "que más precisan mejorar la atención".

Rousseff admitió que enfrentará "un debate democrático" con esa propuesta, en alusión a la resistencia de los colegios profesionales del país a esa iniciativa.

Respecto al transporte público, que fue el detonante de las protestas debido a un alza en el valor del billete en Sao Paulo, también reconoció que pese a fuertes inversiones hechas en últimos años aún carece de la calidad que exige la ciudadanía.

Por eso, en el cuarto punto del "gran pacto nacional", propuso "avanzar más rápido" en la construcción de metros, trenes y otros medios de transporte público e invitó a alcaldes y gobernadores a estudiar nuevas desgravaciones de impuestos, similares a las que ya ha establecido el Gobierno federal en esa área.

También anunció su disposición a eliminar los tributos federales al diesel utilizado por autobuses y a la electricidad que consumen trenes y metros.

El quinto punto del "pacto" lo centró en la educación, un área en la que reiteró que su Gobierno pretende mejorar los presupuestos mediante una propuesta que tramita en el Parlamento.

Esa propuesta plantea que el 100 por ciento de las regalías que generen las riquezas petroleras atesoradas en aguas profundas del Atlántico se destinen a la educación.

En ese sentido, dijo confiar en que "los señores congresistas aprobarán eso con la debida urgencia constitucional".

Como hizo la semana pasada en las otras dos ocasiones en que se pronunció sobre las manifestaciones que recorren el país, Rousseff volvió a condenar los episodios de violencia que hubo en algunas de ellas y que ya dejan cuatro muertos.

En ese sentido, subrayó su compromiso con "la ley y el orden" y ofreció ayuda a alcaldes y gobernadores para "garantizar la paz", pero enfatizó que se debe escuchar "la voz democrática que viene de las calles".

Según Rousseff , las protestas dicen que "el pueblo quiere más ciudadanía, quiere ciudadanía plena" y exige "servicios públicos de calidad", "mecanismos más eficientes contra la corrupción" y "una representación política más permeable" a sus demandas.

Disconformes

Los líderes del Movimiento Pase Libre, que inició la mayor ola de protestas de las últimas dos décadas en Brasil, salieron insatisfechos de la reunión que mantuvieron con la presidenta Dilma Rousseff debido a la falta de "propuestas concretas".

"El diálogo es un paso importante, pero sin acciones concretas que aseguren esas mejoras (en el transporte) para la población, no existe avance", dijo una de las líderes del movimiento, Mayara Vivian.

El lunes, Rousseff propuso la realización de un plebiscito para llevar a cabo una reforma política en el país, en respuesta a la ola de protestas que sacudió a Brasil en las últimas dos semanas.

Pese a esto y en declaraciones al diario "Folha de Sao Paulo", los líderes del movimiento contaron que la Presidencia de la República pagó los pasajes de los cuatro activistas que fueron de Sao Paulo a Brasilia para entrevistarse con Rousseff.

Dijeron que le manifestaron a la presidenta la necesidad de que el gobierno central presione para que el Congreso apruebe el proyecto de reforma constitucional que convierte el transporte público en un derecho social, pero la Mandataria solo se comprometió a inspeccionar los gastos de los recursos públicos destinados al transporte.

El grupo, que realizó una primera protesta el pasado 6 de junio para reclamar contra el aumento de la tarifa del transporte público en Sao Paulo y desencadenó la ola de protestas por todo el país, defiende que el transporte público sea gratuito.

"Si hay dinero para construir estadios (para el Mundial), hay sí para la 'tarifa cero'", dijo la activista.

El grupo dejó el Palacio del Panalto, sede de la Presidencia de la República, anunciando que las manifestaciones callejeras continuarán.

"Las manifestaciones seguirán hasta que consigamos nuestro objetivo que es la tarifa cero", dijeron los activistas, quienes antes de reunirse con la mandataria publicaron una carta abierta en la que, irónicamente, manifestaban su "sorpresa" ante el "gesto de diálogo".

"Estamos sorprendidos con la invitación para la reunión. Imaginamos que también (usted) está sorprendida con lo que viene sucediendo en el país en las últimas semanas. Este gesto de diálogo por parte del gobierno federal desentona con el trato dado a los movimientos sociales que ha marcado la política de esta gestión", comienza la misiva, en la que el grupo justifica su defensa de la "tarifa cero".

"El transporte solo puede ser público de verdad si es accesible a todas y todos, o sea, entendido como un derecho universal. (...) Cuestionar los aumentos es cuestionar la propia lógica de la política tarifaria, que somete el transporte al lucro de los empresarios y no a las necesidades de la población", sostienen los activistas.

También se manifiestan contrarios a la exoneración de impuestos exigidas por las empresas del transporte y a que Brasil invierta "11 veces más en transporte individual, mediante obras viales y políticas de crédito para el consumo de vehículo", que en transporte público.

"Renunciar a tributos significa perder el poder sobre el dinero público, liberando recursos a ciegas para las mafias del transporte, sin ninguna transparencia ni control", resalta el movimiento nacido en 2005 en el marco del Foro Social Mundial celebrado en Brasil.

Por último, repudian la "criminalización y represión" de las manifestaciones, únicas responsables, a su entender, que la Presidencia los haya invitado a la reunión.

"Esta reunión fue arrancada por la fuerza de las calles, que avanzó sobre bombas (de gas lacrimógeno), balas (de goma) y prisiones", sostienen.

(Publicado por EFE, 25 junio 2013)
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