Demanda
Argentina enfrenta otro juicio de una empresa privatizada en Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó estudiar una demanda que la empresa British Gas inició contra la Argentina por la pesificación de las deudas y las tarifas de Metrogas en 2002, luego de que un tribunal arbitral de las Naciones Unidas le concediera una indemnización de US$ 185 millones, que luego fue revocada por una cámara de apelaciones de Washington.
El máximo tribunal recibirá entre agosto y septiembre escritos de terceros para ratificar o no si el fallo arbitral es suficiente para conceder el dinero a la compañía que manejaba Metrogas hasta 2012 o si, como entendieron los camaristas a fines del año pasado, la cuestión debe ser estudiada por la justicia federal. La decisión de la Corte de aceptar estudiar el caso es una señal negativa para el Gobierno, porque podría haberlo desechado en forma inmediata. El Ministerio de Planificación no brindó precisiones sobre el tema ante la consulta de La Nación.
Uno de los abogados que representa a BG, Alexander Yanos, del estudio Freshfields Bruckhaus Deringer, confirmó el martes a La Nación desde Nueva York que la Corte Suprema estudiará el caso y que escuchará los argumentos de ambas partes.
Amparada por el tratado bilateral de protección de inversiones, BG acudió en 2007 al Uncitral, el tribunal arbitral de la ONU, para saldar su controversia por las medidas adoptadas cinco años antes durante la crisis argentina. Y si bien BG pedía US$ 223 millones, le concedieron US$ 185 millones.
En 2010, un juez de primera instancia y luego, en 2012, la cámara de apelaciones de Washington, revirtieron esta decisión, al considerar que este tipo de casos deben resolverse ante jueces y no en tribunales arbitrales. En particular, la cámara consideró que BG debía haber agotado todas las instancias judiciales en la Argentina y, pasados 18 meses de una decisión final, recurrir a un arbitraje. Sin embargo, el grupo británico argumentó que dar la batalla en los tribunales locales hubiera sido inútil dada la firme decisión del Gobierno (apoyada por varios jueces) de no penalizar al Estado en sus juicios contra inversores extranjeros por las medidas adoptadas durante la crisis del país.
Luego, BG presentó un pedido de "certiorari" ante la Corte Suprema, que ayer fue aceptado. Además, el tribunal aceptó que la Asociación Americana de Árbitros, la Asociación de Profesores y Practicantes de la Ley Arbitral, el grupo AWG y el Consejo de Estados Unidos de Negocios Internacionales puedan presentar sus respectivos escritos como "amigos de la corte" en los próximos meses.
El gobierno norteamericano ya había presentado su propio escrito el mes pasado, en el que ratificaba su posición contraria al fallo arbitral, lo cual no fue escuchado por la Corte al aceptar el caso.
El abogado Marcelo Etchebarne, especialista en temas de deuda, dijo a La Nación que "la Corte Suprema de Estados Unidos, contrariamente a lo que pidió el procurador general, que también emitió un dictamen a favor de la Argentina en el pari passu , le otorgó la apelación a British Gas por el laudo a favor de Uncitral; no sorprende que la Corte se interese en un tema de arbitrajes internacionales que involucra a soberanos".
En los portales dedicados a cuestiones jurídicas de Estados Unidos, ayer la discusión entre los expertos giraba en torno al alcance que puede tener la decisión del máximo tribunal, que claramente irá más allá de este litigio en particular, dado que se trata de dirimir el nivel de legitimidad de los tribunales arbitrales.
Los que defendían la autoridad del Uncitral (donde se concentraron pocos casos de conflicto con la Argentina, a diferencia de lo que ocurrió en el Ciadi, tribunal del Banco Mundial) afirmaban que si la Corte no ratifica la decisión de primera instancia, perjudicará la validez de cualquier otra resolución por esta vía. Además, expresaban que en la mayoría de los casos revisados por la justicia norteamericana se ratifican las decisiones arbitrales sin mayor trámite.
Del otro lado, el gobierno norteamericano argumentó que este caso no tendrá un efecto "sistémico", porque el tratado argentino-británico tiene características particulares. Por lo tanto, pidió que fuesen los jueces los que adopten un criterio sobre la demanda de BG. Una discusión similar ronda en el caso de la Argentina contra los holdouts en Nueva York, que debe ser decidida por la cámara de apelaciones.
(Publicado por La Nación - Argentina, 12 junio 2013)
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