Cuba: 'Extradición no se toca en La Habana, pero Gobierno puede modificarla'

Fernando Carrillo, a propósito del comienzo este miércoles en La Habana de una nueva jornada de conversaciones entre los delegados del Gobierno y de las Farc, afirmó que las políticas de extradición de Colombia “no son objeto de negociación en La Habana, por ser una política de Estado”.

Sin embargo, dejó claro que sí hay posibilidades de revisar este mecanismo, pero de manera unilateral y no como producto de lo que se decida en la mesa de negociaciones.

"Se revisará de manera unilateral por el estado colombiano. No se va a revisar en el marco de la negociación de la paz. Se hará cuando el Gobierno quiera y lo considere necesario, porque es una política soberana por parte del Estado. Pero no es objeto de negociación en La Habana", dijo Carrillo.

El Ministro del Interior fue enfático al afirmar que "el Estado no se negocia en la mesa”.

Varios de los guerrilleros que componen el Secretariado de las Farctienen procesos pendientes por narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos, lo que les podría significar que ese país los pida para juzgarlos.

Carrillo también se mostró confiado en que la Corte Constitucional le dará vía libre al marco jurídico para paz, norma que, dijo el Ministro, es fundamental para afrontar un eventual posconflicto en caso de que se llegue a acuerdos concretos que permitan la dejación de armas por parte de las Farc.

"Lo importante es tener confianza en dictamen de la Corte. Estamos convencidos de la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz, esperamos que se tomen las decisiones que se tengan que tomar".

Hay expectativa por la decisión que pueda tomar el alto tribunal frente a esta norma, luego de que la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo presentaran en días pasados ante el alto tribunal posiciones encontradas frente a la norma.

Mientras el Fiscal Eduardo Montealegre ha señalado que el marco jurídico para la paz no puede ser catalogado como sinónimo de impunidad, posición compartida por el defensor Armando Otálora, la postura del Procurador Alejandro Ordoñez es calificarla como una ofensa para las víctimas y alertó sobre las consecuencias que pueda tener para el país ante tribunales internacionales.

(Publicado por EFE, 14 mayo 2013)
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