España: El Constitucional pone el primer freno a la apuesta soberanista de Cataluña

El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este miércoles la declaración soberanista que el Parlamento catalán aprobó en enero pasado. Lo ha hecho, de forma automática, al admitir la impugnación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el alto tribunal no se ha pronunciado sobre la segunda declaración, aprobada en marzo, de la que el Constitucional tiene constancia pero sobre la que el Ejecutivo del PP aún no ha puesto pegas.

Pese al revuelo que levantó la aprobación de la declaración soberanista, comprometida por el presidente catalán, Artur Mas, en campaña electoral, la resolución del parlamento no tiene en principio efecto jurídico ya que es, únicamente, una declaración. Además, con la decisión del Constitucional, la Generalitat podrá dialogar con el Gobierno sobre la consulta del derecho a decidir, tal como figura en la segunda declaración. Lo que sí queda ya en suspenso es la consideración de que el pueblo catalán es un “sujeto político y jurídico soberano”, que fue la acepción más polémica de la resolución de enero y en la que basó el Ejecutivo del PP su decisión de recurrir.

La suspensión es temporal. En un plazo de cinco meses el tribunal deberá ratificarla, levantarla o, de forma definitiva, determinar si es constitucional o no. Antes, dará traslado al Parlamento de Cataluña para que, en 20 días, “aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes”. Sin embargo, la composición del pleno que decidirá sobre la constitucionalidad de esa resolución será, muy posiblemente, distinta al que este miércoles ha aprobado la suspensión. El Constitucional está formado ahora por siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En junio, cuatro magistrados deben ser relevados y dos de esos nombramientos corresponden al Gobierno, lo que otorgará un tinte más próximo al Ejecutivo conservador al pleno.

Pero no solo fue la actual composición del pleno del Alto tribunal lo que provocó el reparo del Gobierno, que tardó dos meses en recurrir la declaración soberanista. Las dudas sobre los efectos jurídicos de la declaración también retrasaron la decisión. "Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes", alegó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con unos argumentos menos tajantes que los esgrimidos por la Abogacía general del Estado, que sostuvo que era “un desafío abierto contra la Constitución” y que solo una declaración soberana del pueblo español puede reconocer la soberanía del pueblo de Cataluña.

La impugnación también contó con el informe favorable del Consejo de Estado, que señaló que el contenido de la declaración no era compatible con dos artículos de la Constitución en los que se dicta que “la soberanía nacional reside en el pueblo español así como el carácter unitario de tal soberanía”. Sin embargo, el dictamen contó con dos votos particulares. El exministro socialista Fernando Ledesma expresó su desacuerdo con la naturaleza y el alcance del texto y Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, se mostró contrario a impugnarla para llegar a una "conclusión constructiva".

Antes de decidir la admisión del recurso, el Constitucional preguntó al parlamento de Cataluña si la resolución de marzo sustituía a la de enero. La aprobación de ambas tuvo un fuerte componente político ya que la votación de la primera contó con el apoyo de los parlamentarios de CiU, ERC e Iniciativa y la CUP y el voto en contra del PP y Ciutadans. La mayoría de los diputados del PSC optaron por el no, pero cinco de ellos rompieron la disciplina de voto, lo que supuso una importante fricción con el PSOE. El parlamento catalán aprobó dos meses después una segunda resolución promovida por el PSC y apoyada por CiU, ERC e Iniciativa.

Esta es la tercera ocasión en la que el Constitucional suspende una resolución autonómica (las otras se han referido a leyes y una disposición). La primera fue en 1983, cuando el presidente de las Cortes de Navarra designó al presidente del Gobierno foral tras los dos meses de plazo legal sin que ningún candidato consiguiese ser elegido. La segunda fue en 1999 ante la decisión del Parlamento vasco de ceder su sede a un grupo de kurdos.

Replica

El Gobierno catalán esperaba desde hace días la suspensión cautelar de la declaración de soberanía del Parlamento autonómico y tenía a punto un extenso argumentario para rebatirla. De ahí que Artur Mas no tardara ni una hora en comparecer ante los periodistas y dejar claro que ni piensa desistir en el plan soberanista ni corregir la estrategia. "El camino sigue, pese a los obstáculos", aseguró el presidente de la Generalitat, al tiempo que argumentaba que la declaración de soberanía fue aprobada por un Parlamento "elegido democraticamente" y con un mandato claro de los electores. A partir de ahora es el Parlamento catalán el que debe mover ficha. Hoy mismo se reunirá la Junta de Portavoces para trazar la estrategia. Antes de 20 días la cámara catalana tiene que enviar las alegaciones para evitar la suspensión definitiva del acuerdo. Mas no respondió este miércoles a la pregunta de si estaría dispuesto a volver a votar la declaración como medida de protesta.

La opinión dominante en la Generalitat y también en el Partit dels Socialistes (PSC), que en su día rechazó mayoritariamente la declaración, es que la suspensión del texto tendrá un efecto legal muy limitado. Por esta razón el Parlamento catalán no dudó este miércoles en dar un nuevo paso en el proceso soberanista y crear, como estaba previsto antes de la resolución judicial, una comisión de seguimiento del "derecho a decidir". Los socialistas apoyaron este nuevo paso porque entienden que dicha comisión de seguimiento no implica que la independencia sea la meta final. El PP, en cambio, se opuso a él con gran firmeza y lo interpretó como "un acto de insumisión y desacato". Por esta razón, la mayor parte de los diputados de esta formación se ausentaron del debate y ninguno de ellos participó en la votación. El PP también abrió la puerta a acudir al Tribunal Constitucional por esta nueva votación.

Artur Mas tildó de "insólita, altamente preocupante y profundamente decepcionante" la decisión del tribunal. "Es tremendamente preocupante que en un Parlamento elegido y constituido democráticamente no se pueda ni pronunciar ni aprobar una declaración", afirmó, mientras hacía hincapié en que el texto no tenía validez jurídica más allá de ser una declaración de intenciones. Tanto el presidente como muchos dirigentes de CiU insistieron en que la decisión del Constitucional no hace más que poner en evidencia que se quiere evitar que los catalanes puedan elegir libre y democráticamente su futuro. "El proceso seguirá mientras quieran los catalanes", resumió. En este punto tuvo el apoyo total de sus socios de Esquerra Republicana.

Pere Navarro, primer secretario del PSC, no se mostró sorprendido al conocer la suspensión de la resolución. "Ya sabíamos que llegaría el día de hoy. Lo que empieza mal, acaba mal", afirmó para lamentar que, a su juicio, la decisión "alimenta el escenario de confrontación que alguien previó hace meses". "Alguien aprobó la resolución sabiendo que habría una respuesta del Gobierno del PP, que también se alimenta de esta confrontación", añadió.

Lo que el PSC quiere ahora poner en valor es la existencia de una segunda resolución aprobada por el Parlamento autonómico el 13 de marzo, que no ha sido recurrida y que defiende el diálogo entre el Gobierno español y el catalán para facilitar la celebración de una consulta pactada y, por tanto, fuera de toda duda de legalidad. Los socialistas entienden que esa debe ser la vía para dar salida a la demanda de consulta que propugnan todos los partidos catalanes, menos PP y Ciutadans, y en la que el PSC defendería la posición de que Cataluña se mantenga dentro de España.

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, defendió la resolución del Tribunal Constitucional y, una vez más, acusó a Pere Navarro de "ser el socio más directo en el camino de la independência".

En una línea similar se pronunció el presidente de Ciutadans, Albert Rivera. "Estamos satisfechos por la decisión, aunque el Gobierno recurriese tarde, pero más vale tarde que nunca", dijo. Además pidió, sin éxito, que el debate celebrado este miércoles para crear la comisión de seguimiento se suspendiese para siempre. "No queremos que se debata nunca", insistió.

La decisión del Tribunal Constitucional volvió a cimentar el consenso de los partidos catalanes que defienden el derecho a decidir. El caso más paradigmático es el de Iniciativa, que, si bien se ha mostrado crítica los últimos días con Artur Mas por intentar vincular la superación de la crisis al derecho a decidir, este miércoles optó por cerrar filas. Joan Herrera aseguró que la decisión del tribunal ha hecho perder a este el poco prestigio que tenía y la tildó de "profundamente antidemocrática".

(Publicado por El País – España, 9 mayo 2013)
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