Costa Rica: Exfiscales mexicanos denuncian que Tribunal tico les perdió prueba sobre corrupción en su país

Los dos exfiscales mexicanos, investigados en su país por presunta corrupción, y que obtuvieron el estatus de refugiados en Costa Rica, denunciaron que el Tribunal Penal de Goicoechea les perdió información clave.

Los objetos decomisados a los exprocuradores mexicanos llegaron bajo custodia a los Tribunales de Goicoechea, el 21 de enero del 2010. Sin embargo, cuando ellos salieron libres y los reclamaron, estaban desaparecidos.

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Eduardo Máximo Miranda Figueroa y María Guadalupe Martínez Ponce aseguran que vinieron a Costa Rica con pruebas esenciales que involucran a funcionarios de la Procuraduría General de la República de México con grupos del crimen organizado.

Ambos llegaron el 10 de enero del 2011 por el aeropuerto internacional Juan Santamaría; cuatro días después, presentaron la renuncia ante la Embajada de México, aquí, como procuradores.

María Guadalupe Martínez asegura que el mismo día en que renunciaron se convirtieron en “enemigos acérrimos del sistema”. Para ella, esto se explica que su país ordenara capturarlos el mismo día de la renuncia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aprehendió a los exfiscales el 20 de enero del 2010 y allanó sus casas un día después. Les decomisaron celulares, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, llaves maya, discos compactos, pasaportes y documentos.

Miranda y Martínez descontaron 20 meses de prisión preventiva mientras se resolvía la extradición impulsada por México. Una vez que recibieron el refugio de parte del Tribunal Administrativo Migratorio, quedaron libres el 1.° de setiembre del 2011.

No aparecen. Los exfiscales acudieron al Tribunal Penal de Goicoechea a solicitar los bienes que el OIJ decomisó, pero no quisieron devolvérselos. Tras presentar un recurso de revocatoria, el Tribunal ordenó entregárselos.

La sorpresa fue que las tarjetas bancarias, un celular, $280 dólares, un disco compacto, una llave maya y el pasaporte de Miranda estaban desaparecidos.

“Traíamos pruebas de declaraciones obtenidas bajo tortura en el cuartel militar de Ciudad Juárez, videos de los mismos agentes cobrando cuotas del crimen organizado, y ahora todo esto está perdido. Esto está ofrecido como prueba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Ginebra, bajo custodia de las autoridades de Costa Rica, pero está perdido”, manifestó Martínez.

Rocío Pérez, jueza coordinadora del Tribunal, denunció ese extravío ante la Inspección Judicial. Rodrigo Flores, presidente de la Inspección, sostuvo que la investigación no pudo precisar cómo ni quiénes perdieron los objetos y, por esto, desestimaron la pesquisa.

“Se perdieron nuestras cosas, el dinero y la información que eran nuestro seguro de vida. ¿Cómo puede ser posible que esto se perdiera y que las tarjetas, secuestradas y en cadena de custodia en el Tribunal de Goicoechea, fueron usadas en México mientras estábamos en prisión?”, dijo Miranda.

En una entrevista con La Nación, los exfiscales aseguraron ser víctimas de persecución en nuestro país. Según afirman, han visto vehículos del Ministerio de la Presidencia estacionados frente a sus casas por motivos desconocidos.

Mauricio Boraschi, viceministro de la Presidencia en temas de seguridad, rechazó esas afirmaciones y negó que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional tuviese injerencia en este caso.

(Publicado por La Nación – Costa Rica, 30 abril 2013)