Licitación
Uruguay: Gobierno licita construcciín de nueva cárcel que costará US$ 72 millones
El gobierno presentó ayer el primer llamado a licitación para ejecutar una obra en el régimen de Participación Público-Privada: una cárcel para 1.960 reclusos. El pliego prevé que haya un inspector durante la construcción y la operación de la misma.
El llamado tiene además previstas 49 tipos de multas para casos de incumplimientos del privado. La cárcel, que se ubicara atrás de Punta de Rieles, tendrá un costo aproximado de US$ 72,4 millones, se pagará a 22 años y medio de forma trimestral y el objetivo es que quede operativa para el próximos período de gobierno.
Bajo el régimen de Participación Público-Privada (PPP), quien resulte ganador de la licitación internacional -cuya apertura de ofertas está prevista para el 31 de mayo 2013 y de la cual ya hay al menos 15 empresas interesadas- se encargará de la construcción del recinto penitenciario y operará ciertos servicios como son la alimentación, la limpieza, la lavandería y el mantenimiento de la infraestructura. A cargo del Estado estará la seguridad, la salud y la ejecución de los programas de rehabilitación.
Según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el nuevo complejo contará con 2.000 nuevas plazas, que sumadas a las obras en el módulo 4 y 5 del Comcar y la ampliación el complejo para 1.000 nuevas plazas, "quedará solucionado el problema del hacinamiento carcelario en el país".
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, mostró satisfacción por haber concretado el primer proyecto público - privado. "Es mérito del Ministerio del Interior en haber creído en este instrumento. El camino recorrido va a ayudar a otros proyectos. Vamos a ganar en eficiencia", dijo.
El llamado a licitación establece que el Estado pagará al privado una suma fija por lo que denomina "una plaza diaria disponible".
A su vez, el estudio de factibilidad determinó que hacer la obra mediante PPP tendrá un "ahorro" (se denomina "valor por dinero presente") de US$ 22:423.114, frente a la opción tradicional (que el privado haga la obra y luego la entregue al Estado que se encarga de operarla y mantenerla).
En el pliego, el gobierno puso algunas garantías para asegurarse que el privado hará todo en las condiciones determinadas.
Una de ellas es que habrá un inspector del contrato designado por el Ministerio del Interior para la etapa de construcción y otro para la etapa de operación. Ambos trabajarán con un equipo técnico que tendrá acceso en todo momento a la obra primero y al recinto luego. El privado deberá abonar anualmente por el equipo inspectivo de obra 5,4 millones de Unidades Indexadas (UI) al año (US$ 706.951) y por el de operación 2.040.000 UI (US$ 267.071).
A su vez, se prevén 49 tipos de multas diferentes por incumplimientos del privado en las etapas de proyecto, construcción y operación.
Por otro lado, se pide acreditar a los oferentes que el equipo técnico a cargo de la obra "tenga experiencia en diseño, a nivel de proyecto ejecutivo, de al menos tres establecimientos penitenciarios en los últimos 10 años, cuya capacidad sumada sea de al menos 2.000 plazas" y uno de ellos de al menos 1.000 plazas. Además, un patrimonio mínimo de $ 800 millones (US$ 41,6 millones).
Por otro lado, el privado tendrá tiempos máximos para solucionar problemas de mantenimiento de infraestructura (de 48 horas el problema menor hasta 6 días el mayor), de equipamiento y sistemas de seguridad (24 horas), de equipamiento estándar (72 horas) y el aseo y control de plagas (72 horas).
De acuerdo a las guías del Ministerio de Salud Pública, el privado deberá cumplir con el suministro de alimentos a los presos (ver gráfico). Para este aspecto el ganador de la licitación podrá subcontratar el servicio.
La nueva cárcel tendrá un modelo de alta seguridad con 120 celdas individuales, 1.260 plazas de media seguridad en cinco módulos con celdas para tres personas, 500 plazas de baja seguridad en dos módulos con celdas para cinco personas y un edificio aparte del resto, con una capacidad de 80 celdas individuales para clasificación de nuevos ingresos.
(Publicado por El País - Uruguay, 18 diciembre 2012)
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