España: Min. Gallardón, dice que tasas judiciales garantizará el acceso de los "sin recursos"

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha negado que las tasas en el acceso a los tribunales que su departamento promueve sean un "repago" de este servicio del Estado y las ha definido como solidaridad con los que realmente necesitan el acceso gratuito a la Justicia.

«Lo que vamos a hacer con las tasas es garantizar» el acceso a los tribunales «para los ciudadanos que no tienen recursos», es ese esfuerzo de «solidaridad» el que vamos a "financiar" con las tasas, ha señalado el Ministro de Justicia.

El diputado socialista Álex Sáez Jubero ha preguntado a Gallardón, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, si no cree que con el cobro de las tasas se impone un "repago" a los ciudadanos, que ya pagan la Justicia con sus impuestos.

La ley que el Gobierno ha llevado al Congreso y que prevé el cobro de tasas por el acceso a todas las jurisdicciones salvo la penal y la militar supondrá una «barrera» y provocará «desigualdades en el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva», ha denunciado el socialista.

Jubero ha recordado al ministro que su propuesta ha generado el rechazo de todos los grupos políticos y de todos los operadores jurídicos. «No, no hay repago», ha respondido Gallardón. "No hay repago, ni prepago, ni copago, ni nada, no fatigue mas los prefijos. Llámelo como lo que es. Y es pago, pago por la justicia gratuita", ha respondido el ministro.

Plantón

Los diputados del PP miraban hacia atrás, entre incómodos y perplejos, cuando el presidente de la Comisión de Justicia, el popular Alfredo Prada, llamaba a la votación de la Ley de Tasas Judiciales y los diputados de todos los demás grupos se encaminaban hacia la puerta de salida. Era un plante en toda regla por la celeridad con la que el Grupo Popular ha pretendido, y conseguido, la ley, omitiendo pasar por el pleno al conferir a la comisión capacidad legislativa plena. Ahora pasará al Senado y en pocos días al Boletín Oficial del Estado. Una enmienda del PP de última hora es para el resto de la oposición la causa de tanta prisa, aunque los populares lo niegan. Por la misma se incluye un asunto ajeno a la ley, cual es retirar a los jueces, magistrados y todo el personal de la Administración de justicia la paga de Navidad, ya que este personal no estaba incluido en el decreto del pasado julio que la eliminaba para todos los funcionarios y empleados públicos.

La oposición quería más sosiego y más calma para afrontar una ley de una gran trascendencia que eleva las tasas judiciales en general —entre 50 y 750 euros— y coloca precio a muchos de los procedimientos judiciales, que hasta ahora estaban exentos, como es la jurisdicción social a la que ahora hay que acudir para los recursos en materia laboral. "Se consagra la justicia para ricos y para pobres y cientos de miles de personas no podrán tener acceso a la justicia", denunció el portavoz del PSOE, Antonio Camacho, que junto a su compañero Julio Villarrubia, han combatido sin éxito la mayoría de los preceptos.

"El PP quiere prostituir el procedimiento parlamentario y en defensa de la dignidad del trabajo legislativo manifestamos nuestra protesta", explicó el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, acompañado por Antonio Camacho, del PSOE, Rosa Díez, de UPyD, Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, Mercè Pigem, de CiU, Joan Tardà, de ERC, y Olaia Rodríguez, del BNG. "Para el PP, el Parlamento empieza a ser un problema", señaló Camacho, que denuncia la "velocidad de vértigo" en la tramitación de esta ley con una sola reunión de ponencia.

Los populares salieron al contraataque. El portavoz del PP de Justicia, José Miguel Castillo, y las diputadas de la comisión Beatriz Escudero y María Jesús Moro, criticaron la "teatralización" y acusaron a la oposición de "no estar acostumbrada a trabajar después de cuatro años sin hacer nada".

En el PP, no obstante, reconocen que hubieran tenido un problema serio si no llegan a detectar que la oposición preparaba el plante, ya que les faltaban siete diputados para tener el quórum suficiente para aprobar la ley. Hubo llamada a rebato y otros diputados del PP, que trabajaban en la Comisión Constitucional, cubrieron los huecos