Colombia: Las demandas contra el Estado superaron los $915 billones

El Contador General de la Nación, Pedro Luis Bohórquez, rindió un informe sobre el balance contable de la Nación ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República.

En esta rendición de cuentas el contador reveló que la Nación sufrió un aumento del 57,5% en las demandas estatales.

"En el consolidado del balance general de la Nación se registran valores por pretensiones contra los intereses del Estado del orden de los $915 billones, esa es una cifra que no es de poca monta que si uno la colocara en los términos de presupuestos generales sería más o menos de 4 ó 5. Esas son la pretensiones que en el fondo son demandas contra todos los colombianos y que aún las autoridades no se han pronunciado al respecto".

"Decir que al Estado le van a fallar en contra esos $915 billones sería una irresponsabilidad mía, crearía pánico económico. Yo soy muy juicioso y creo que el estado ha adoptado las acciones pertinentes para proteger los intereses de la Nación en contra de estas acciones litigiosas", afirmó Bohórquez.

Así mismo, el funcionario reveló que va a solicitar al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, una solicitud de decreto para que se aumente la cantidad de personas que fungen para la Contaduría íes "tenemos 54 personas en esta rama para controlar a más de 1.000 unidades estatales, debemos ejercer la función de control en los 16 años de vida jurídica de esta institución, y que nadie había reclamado por este asunto".

De la misma manera, el funcionario denunció que no existe un solo proceso que se le haya adelantado contra alguien de la administración por rendir mal los informes de cuentas o por no presentarlos a tiempo ante esta entidad.

Bohórquez dijo que la Agencia de Defensa Judicial debe ser más fuerte no sólo para afrontar las demandas contra la Nación, sino para que ésta haga efectivas las deudas que los particulares tienen con ella.

"Esa agencia debe no solo precautelar las demandas contra el Estado para favorecer sus intereses sino también hacer exigible las deudas de todos los colombianos como cuentas por cobrar en el balance general de la Nación".

Así mismo, el contador reveló que hay una reducción del patrimonio de la Nación del orden de los $113.8 billones, "un patrimonio negativo para el Estado, debemos entender que la Nación no debe obtener rentabilidad sino realizar una función social".

Por su parte, los representantes que hacen parte de esta comisión le exigieron al contador que presente los documentos en los que están sustentadas las demandas.

Entre tanto, el presidente de la comisión, Heriberto Sanabria, se mostró preocupado por las cifras.

Un boton de muestra

El error de la Fiscalía General de la Nación en el caso del ex secuestrado Sigifredo López, quien estuvo dos meses en prisión domiciliaria, no es el único que se ha presentado en el país.

Por este hecho se han interpuesto un total 7.572 demandas en contra de la entidad.

Según el informe de defensa judicial de la Fiscalía, en total, hasta marzo de 2012, se han interpuesto 12. 053 demandas por un valor de $26,8 billones, de los cuales $9,7 billones hacen parte de las acciones interpuestas por privación de la libertad, monto con el que se podría financiar hasta por cuatro veces las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Eldorado.

Sin embargo, no se descarta que los $9,7 que actualmente existen en demandas por privación de la libertad se incremente, no solo si López decide interponer una acción judicial en contra del ente acusador por mantenerlo detenido sin existir pruebas contundentes en su contra, sino de otros colombianos en la misma situación.

Según el representante a la Cámara, Heriberto Sanabria, no solamente se trata del caso de López, sino que también en las cárceles “hay personas sindicadas mas no procesadas, ni juzgadas, a las cuales la fiscalía viene dilatándoles su situación y que muy seguramente si resultan inocentes van a demandar”.

Sanabria aseguró que se debe hacer una reforma estructural al sistema de defensa del Estado y establecer un mecanismo jurídico para que las medidas de aseguramiento y detención tengan un verdadero soporte probatorio.

Sanabria agregó que el gobierno debe considerar la posibilidad de que la Nación utilice la acción de repetición en contra del servidor público responsable para que pague solidariamente las demandas en contra del Estado.

Por su parte, el ex magistrado, José Gregorio Hernández, sostuvo que la Fiscalía debe reconocer la equivocación cometida. “El principio constitucional en materia de responsabilidad penal es el de la presunción de inocencia y, sin embargo, la presentación pública del caso, a cargo de la Fiscalía, partió del supuesto de la culpabilidad, sobre la base de pruebas que -al contrario de lo afirmado ahora por el Fiscal- resultaban deleznables a los ojos de cualquier observador imparcial”.

Por lo que el fiscal general, Eduardo Montealegre, manifestó su preocupación sobre las repetidas inconsistencias que se están presentando durante las investigaciones por parte de falsos testigos.

“Quiero declarar mi preocupación por un hecho recurrente en algunos procesos penales en la justicia colombiana donde aparecen falsos testigos, donde personas que pertenecen al proceso de justicia y paz han hecho declaraciones que no corresponden a la verdad”, señaló Montealegre.

Ante este panorama, el ex fiscal Guillermo Mendoza indicó que sí hay hoy un carrusel de testigos falsos que se debe investigar. “Sabemos que hay un carrusel de testigos y que efectivamente algunos están declarando solo para obtener beneficios procesales en sus casos o a veces cosas abyectas, como beneficios económicos o venganzas personales, eso sí se sabe que existe”, agregó.

Las opiniones

Jaime Bernal Cuéllar

Ex Procurador General de la Nación

“Lleva a una reflexión y es lo que hemos venido sosteniendo hace más de 5 años, que conceder beneficios y conceder recompensas se ha convertido en un negocio”.

Heriberto Sanabria

Representante a la Cámara

“En las cárceles colombianas hay personas sindicadas más no procesadas, ni juzgadas, que seguramente si son inocentes también demandarán al Estado”.

José Gregorio Hernández

Ex magistrado

“Se presumió la veracidad de los testimonios en su contra y se inició la investigación sin darle crédito a quien estuvo siete años secuestrado y proclamaba su inocencia”.