Uruguay: Ejecutivo de Pluna desliga responsabilidad por quiebra y alega que el Estado controló su gestión

El principal de Leadgate, Matías Campiani, pretende deslindar responsabilidad sobre lo ocurrido con Pluna y pidió a la Justicia una serie de pruebas con las que quiere demostrar que capitalizó la empresa con US$ 30 millones y que hubo controles de parte del Estado.

Sin que por ahora se avizore su citación por parte de la jueza especializada en crimen organizado Adriana De los Santos, Campiani, a través de su abogado, Jorge Barrera, pidió a la magistrada el diligenciamiento de varios medios probatorios.

La magistrada tiene a su cargo una investigación en torno a los manejos financieros que Leadgate, con Campiani a la cabeza, desarrolló como socio mayoritario de la aerolínea en vías de liquidación entre principios de 2007 y junio de este año, período que dejó un pasivo de US$ 301,5 millones y un activo de US$ 209 millones.

La denuncia fue presentada el pasado 31 de mayor por un grupo de senadores del Partido Nacional, un día después de la comparecencia en el Parlamento del ministro de Transporte, Enrique Pintado, para explicar la situación de la aerolínea.

En un escrito que Barrera presentó ante la jueza el martes en representación de Campiani, pide que se envíen diversos oficios a Pluna S.A. y Pluna Ente Autónomo para que aporte documentación sobre la gestión de la empresa.

Campiani busca demostrar que en su gestión como socio mayoritario de Pluna, capitalizó la aerolínea con US$ 30 millones y que su actividad fue controlada por veedores estatales que no plantearon objeciones, dijeron a El País allegados al empresario.

La defensa de Campiani quiere que Pluna Ente Autónomo aporte a la magistrada una lista de "todos los funcionarios públicos y personas del ámbito privado designados por Pluna Ente Autónomo y/o el Ministerio de Transporte que participaron de la gestión o control de Pluna S.A. entre enero de 2007 y julio de 2012".

También pide que la parte estatal de la aerolínea en vías de liquidación especifique si alguna de esas personas "realizó alguna denuncia penal referida a la gestión de dicho período de tiempo", dice el escrito que Barrera presentó ante la jueza, al que accedió El País.

El abogado de Campiani también pretende que Pluna S.A. agregue copias de los informes bancarios para acreditar que el socio privado de la aerolínea aportó US$ 15 millones durante 2007 y otros US$ 15 millones en abril de 2010.

Por otro lado, Barrera pretende que la jueza De los Santos le pida a Pluna S.A. los estados contables de 2007 a 2011, "donde se puede observar la constante reducción de pérdidas", señala el escrito del abogado de Campiani.

Otro de los elementos que el empresario pretende que Pluna S.A. incorpore al expediente judicial es la "copia del contrato de compra de aviones del 15 de junio de 2007 firmado por el entonces presidente de Pluna S.A. y Pluna Ente Autónomo, Sr. Carlos Bouzas (...)", dice el escrito. Con ello, el objetivo es probar que el contrato se firmó antes de que Leadgate tomara el control total de la aerolínea, el 11 de julio de 2007.

La investigación judicial ya recibió de parte del Parlamento todo lo actuado en torno a la aerolínea; Pluna S.A. y Ancap prevén enviar información a la jueza en los próximos días.

Fideicomiso

Por otro lado, el Poder Ejecutivo emitió tres decretos que reglamentan la ley aprobada hace 15 días y por la cual se crea un fideicomiso al que serán derivados los siete aviones Bombardier CRJ-900 y desde donde las aeronaves serán rematadas el próximo 3 de septiembre.

Uno de los decretos regula el funcionamiento del Fondo de Adelantos de Créditos Laborales de Pluna S.A., que se integrará con fondos provenientes de Rentas Generales por un monto máximo de 84 millones de Unidades Indexadas, lo que equivale a US$ 9,7 millones.

El segundo decreto establece que las rutas de vuelo que utilizaba Pluna permanecerán reservadas "por hasta" 180 días desde el 11 de julio, aunque habilita a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) a otorgar esas frecuencias en forma provisoria "una o más" aerolíneas.

El tercer decreto aprobado por el Poder Ejecutivo, en tanto, regula el funcionamiento del fideicomiso desde el cual se rematarán los aviones de Pluna. El economista Javier Liberman actuará como agente fiduciario del fideicomiso.

El decreto establece que el "beneficiario principal" del fideicomiso será el Estado uruguayo, a través de los ministerios de Economía y Transporte. El "remanente" será transferido a Pluna S.A.

El gobierno pretende obtener unos US$ 135 millones con el remate de los siete aviones de la aerolínea, dinero con el cual se cancelará la deuda con el Scotiabank, que financió la compra de las aeronaves.

Ancap prepara su denuncia penal

Ancap presentará en los próximos días una denuncia penal contra las autoridades de Pluna S.A. por haber pagado combustible para la aerolínea con cheques que no tenían fondos.

El director de Ancap, Juan Gómez, dijo a El País que la decisión de formular la denuncia penal por estafa se tomó a fines de julio, pero el texto de la acción está siendo elaborado por los servicios jurídicos del organismo, por lo que se prevé que se presentará ante la Justicia en los próximos días.

Por otro lado, y a pedido del director colorado de Ancap, Juan Amaro Cedrés, el ente contrató a la consultora Deloitte para que un plazo de 15 días elabore una auditoría externa sobre la actuación del organismo en relación a Pluna, según lo que explicó Gómez.

BQB. Mientras tanto, la aerolínea BQB, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena, inició los trámites ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) para incorporar "un nuevo tipo de aeronave": Bombardier CRJ-900 con capacidad para 90 pasajeros.

El representante de BQB en Uruguay, Hugo Barral Quartino, en una nota que presentó el martes 31 de julio ante el titular de la Dinacia, Antonio Alarcón, y a cuya copia tuvo acceso El País, explica que los nuevos modelos de aeronave serán utilizados para cubrir rutas en "Sudamérica y el Caribe".

Los aviones que pretende incorporar BQB a su flota son los mismos que utilizaba Pluna y que el pasado 17 de julio, tras reunirse con el presidente José Mujica, López Mena dijo que no eran convenientes.

(Publicado por El País – Uruguay, 2 agosto 2012)
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