Argentina: Zaffaroni admitió que los jueces no deben autorizar salidas sin evaluar cada caso

El ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni se sumó a la polémica que generó las salidas de los presos para participar de actos políticos disfrazados de “culturales”. Dijo que los jueces deben evaluar las características de cada caso antes de firmar las autorizaciones. En el caso de Eduardo Vásquez, ex baterista de Callejeros, y del barra de River Rubén "Oveja" Pintos, condenado por el crimen de Gonzalo Acro, se trató de traslados, técnicamente algo muy distinto a las salidas transitorias, reguladas por la ley de Ejecución Penal.

"Habrá que ver si las autorizaciones que se han dado se enmarcan en la ley, pero están previstas en la ley", dijo Zaffaroni. No obstante, consideró que antes de decidir un traslado, "por supuesto que se supone que el juez que lo autoriza tomará los recaudos que hay que tomar" ante "las características del hecho y la personalidad del sujeto" condenado. "Hay sujetos de una particular agresividad a lo cuales supongo que el juez no les autorizará la salida. Hay que evaluar en cada caso, según sus características", completó en declaraciones a radio Continental.

Zaffaroni aprovechó para remarcar su postura histórica sobre las cárceles. “No son para castigo solamente, sirven para otra cosa", dijo.

Consultado sobre la polémica que generaron las salidas de los presos, el juez de la Corte detalló que los traslados y las salidas transitorias "están reguladas e incluso pueden ser sin custodia" y, por lo general, "comienzan a operar como paso previo a la libertad condicional, preparando al recluso para la libertad condicional".

Régimen

Jueces y funcionarios consultados por LA NACION explicaron que hay un régimen de salidas transitorias para los presos, contemplado en la ley de ejecución penal (24.660), que permite las salidas por 24, 48 o 72 horas del condenado que está en la última etapa del cumplimiento de su sentencia. El interno sale de la cárcel solo, va a su casa o a donde se lo autorice y regresa al penal. Estas son las salidas a las que ayer se refirió el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien dijo que se instrumentan cumplida la mitad de la condena y son preparatorias de la libertad condicional.

"Si el sujeto revela un desequilibrio, un descontrol en cuanto a su agresividad, a su área sexual, habrá que tomar los recaudos del caso antes de autorizar algún traslado o alguna salida", aseguró.

Sin embargo, los traslados cuestionados por la oposición, como el del baterista de Callejeros Eduardo Vázquez -quien fue condenado a 18 años de cárcel por prender fuego a su esposa y matarla-, se corresponden con otro régimen: son permisos puntuales que el juez de ejecución penal, o el tribunal oral, o el juez de instrucción, otorga a cada detenido que tiene bajo su custodia, a pedido del Servicio Penitenciario.

Pueden darse traslados de cárcel a cárcel para participar de torneos deportivos, conciertos o para tener visitas íntimas. También pueden darse fuera del penal. Pero siempre se dan con acompañamiento de penitenciarios, en autos oficiales. En los tribunales de Retiro afirman que con frecuencia reciben pedidos de autorizaciones para que los detenidos vayan a talleres de lectura, festivales y bailes.

En el caso de la polémica los pedidos fueron para participar de "actos culturales" organizados por el "grupo de choque", como se autodenomina el Vatayón Militante, una organización política kirchnerista que trabaja en penales federales con el apoyo del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

Altas fuentes del Gobierno reconocieron en diálogo con LA NACION que el error fue que en las actividades culturales se terminó cantando la marcha peronista o exhibiendo carteles de Néstor Kirchner, cuando el sentido de las salidas era otro.

La idea de estos funcionarios parece no coincidir con la de Hortel, quien en un video del Vatayón Militante aparece dándoles una charla donde expone la necesidad de "transformar a las personas privadas de libertad en ciudadanos con formación política y militante". Tras mencionar su idea de reducir la privación de la libertad al mínimo, les habló de hacer una cárcel con menos encierro.

Jueces consultados por LA NACION explicaron que "si el permiso tiene feo olor, como es el caso de este Vatayón Militante", lo deniegan, aunque dijeron que desconocían la existencia de esas agrupaciones políticas trabajando con los detenidos.

Ayer, el ministro de Justicia, Julio Alak, defendió la vigencia de estos permisos y dijo que se hacen legalmente. La ley de ejecución penal menciona sólo en su artículo 1 la necesidad de contribuir a "una adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad". Y el artículo 177 prevé que el condenado tenga acceso a la realización de actividades culturales.

Alak buscó respaldo en "las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, que establece el derecho de los internos a la participación en actos culturales"