España: Inmigrantes, los más afectados con reforma sanitaria

La reforma sanitaria anunciada por el Gobierno de España contempla la retirada de la cobertura de salud gratuita a los inmigrantes irregulares, salvo en los casos de urgencia o embarazo, según el decreto publicado el martes en el Boletín Oficial de Estado.

El escrito también indica que la medida se pondrá en marcha desde finales de agosto.

El paquete, con el que el Gobierno espera ahorrar ?$7.000 millones, incluye además cambios en el pago de medicamentos con receta y medidas contra el turismo sanitario, así como un aumento de la coordinación entre Comunidades.

El texto aprobado por el presidente Mariano Rajoy alega 'una alta morosidad y un insostenible déficit en las cuenta públicas sanitarias', afirmando que "se hace imprescindible la adopción de medidas urgentes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar que este problema persista".

Las áreas de Sanidad y Educación, tradicionalmente protegidas en España, se han visto afectadas por el plan de ahorro que se suma a unos sobrios Presupuestos Generales del Estado, entre presiones de la Unión Europea y los mercados financieros para que Madrid cumpla el objetivo de déficit del 3% del PIB para el 2013.

Una de las modificaciones derivadas de la reforma sanitaria implica que el 31 de agosto dejarán de ser válidas las tarjetas sanitarias de los inmigrantes irregulares, un cambio con el que el Gobierno espera ahorrar ?$500 millones. Estas personas sí recibirían atención en caso de urgencia o de embarazo, parto y posparto, y los menores en situación irregular serán atendidos como españoles.

También los visitantes de países europeos se ven afectados por la nueva legislación. Para terminar con el llamado 'turismo sanitario', y ahorrar unos ?$1.000 millones se requerirá a los ciudadanos europeos que trabajen o estudien en España, o en su defecto que cuenten con un seguro de enfermedad, para recibir atención en el Sistema Nacional de Salud. Es previsible que las medidas, que según los críticos suponen un cambio de modelo en el sistema de salud pública que se remonta a 1977, levanten ampollas en una sociedad acostumbrada a un sanidad muy subvencionada. El sector sanitario acumula una deuda de unos ?$15.000 millones con los proveedores.

La consultora Price Waterhouse afirmó que los recortes "no son suficientes', y pidió 'reformas en profundidad".

Ecuador – suspenden tarjeta sanitaria

La embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, envió una nota a la cancillería española en la que expuso su "preocupación" por la medida adoptada, en especial en relación a los ecuatorianos irregulares "sobrevenidos", como se llama a los que dejaron de ser regulares al perder el empleo.

"Nos inquieta que este tipo de medidas -manifiesta la embajadora en su nota- afecten a un grupo vulnerable de nuestra comunidad que ha caído, contra su voluntad, en irregularidad sobrevenida, situación que se ha vuelto común por la fuerte crisis económica y el alto desempleo, que afecta en mayor medida a los extranjeros".

La ministra de Sanidad, añade Buenaño, dijo que España "ofrecerá las prestaciones en reciprocidad con la que los españoles puedan recibir en otros países. Tenemos a bien comunicar -añade- que, por disposición constitucional, en Ecuador la atención sanitaria es gratuita para todas las personas que habitan en el país", por lo que avanza la posibilidad de llegar a un "sistema formal de reciprocidad" y "acuerdo bilateral" al respecto.

Aida Quinatoa, presidenta de la coordinadora nacional de ecuatorianos en España, colectivo que sobrepasa las 500 000 personas, de ellas 306 000 de forma legal, criticó en declaraciones a ANSA la decisión por considerarla “equivocada e injusta, ya que los inmigrantes han realizado sus aportaciones a la Seguridad Social y han sido fuerza de trabajo en España”. “No hay razón justificable para que eliminen estos derechos legítimos de los inmigrantes”, añadió Quinatoa, señalando que entre el colectivo de inmigrantes ecuatorianos la decisión del gobierno ha sido recibida “con mucha preocupación”.

Muchos inmigrantes ecuatorianos abandonaron España desde el inicio de la crisis -el año pasado los ecuatorianos regulares cayeron un 15,1%- y muchos de los que permanecen en el país trabajan en la economía sumergida y por tanto están en situación irregular.

La ministra de Sanidad, Ana Mato (Partido Popular, centro-derecha), justificó la medida diciendo que “es necesario poner coto a la utilización ilegal e indebida que hacen algunos extranjeros de la sanidad española”.

El líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, tachó la medida de xenófoba: “Están dando pábulo a una idea de que los inmigrantes usan y abusan de la sanidad, es xenófobo, es cruel y es ineficaz”. Los expertos señalaron que los inmigrantes no abusan de la sanidad y advirtieron que los servicios de urgencias ya se encuentran colapsados.

La medida “no va a suponer un ahorro de costes al incrementarse el uso de los servicios de urgencia”, dijo la ONG Médicos del Mundo.

La decisión del gobierno español de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, en el marco de los recortes del sector, crean preocupación en colectivos latinoamericanos, entre ellos el ecuatoriano.

La medida, aprobada el pasado viernes por el gobierno en Consejo de Ministros, está incluida en el recorte de 7 000 millones de euros en sanidad como parte de la política de ajuste para reducir el déficit público del actual 8,4% al 5,3% a final de este año.

El decreto establece que los inmigrantes sin papeles perderán su tarjeta sanitaria, es decir, que no recibirán atención médica, salvo las urgencias, a partir del 1 de septiembre.

Hasta julio los inmigrantes que hayan obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ahora en condición legal deberán regularizar su situación médica.

Los niños y las embarazadas mantendrán la cobertura sanitaria completa, como establece la Ley de extranjería.

Las nuevas reglas sanitarias

¿Qué medicamentos quedarán fuera?

No se sabe. Va a haber dos vías para sacar fármacos de la financiación pública. Por un lado, se excluirán los obsoletos, cuya función ya ha sido superada por otros más modernos. Esto no debe de suponer ningún ahorro, ya que si se han quedado anticuados lo lógico es que no se estén usando. El otro es el que se refiere a medicamentos para síntomas leves. No hay una lista. Lo que sucede actualmente es que hay algunos preparados (antidiarreicos, antitusivos) que están catalogados de dos maneras: como medicamentos de prescripción (con receta) y de venta libre. El propósito de Sanidad es dejarlos en un solo grupo, los de venta sin receta (que así no tiene que subvencionar la Administración). El problema es que hay productos que sirven a la vez para síntomas leves y para otros más graves, indican fuentes de la patronal de los medicamentos sin receta, Anefp. Por eso habrá que ir caso a caso.

¿Qué copago habrá para ambulancias, prótesis y dietoterápicos?

La escala que fija el real decreto es la misma que para medicamentos. Pero en estos casos no va a haber un tope de copago para el usuario. Lo que se desconoce es cómo actuará cada comunidad. Ya hay copago para estos productos o servicios en muchas de ellas. En unos casos es mayor, y en otros, menor. El decreto solo puede fijar el mínimo que subvenciona la Administración (el 90% en el caso de pensionistas, por ejemplo), pero una comunidad puede financiar el resto. Eso sí, tendrá que informar de ello. Lo mismo sucede si una comunidad quiere dar más prestaciones que las de la cartera mínima común (por ejemplo, pagar las gafas de todos). En ese caso lo pagará con sus medios, no con fondos del Estado.

¿Habrá que renovar la tarjeta sanitaria?

No. El cruce de datos con Hacienda para ver cuánto tiene que pagar cada uno será invisible para el usuario. El nivel de renta quedará en los ordenadores de las Consejerías de Salud, y, en función de eso, se calculará lo que se abona por los medicamentos.

¿Cuánto deben pagar los pensionistas? En general (los que ganen hasta 100.000 euros), el 10% del precio de los fármacos. Pero ese copago tiene un tope mensual: si excede de 8 o 18 euros al mes (según la escala de renta) la diferencia será reembolsada por las comunidades, que tienen seis meses para hacerlo. Por ejemplo, si gasta 200 euros en medicamentos, paga 20. Si su tope es de 8 euros, los 12 restantes tendrán que devolvérselos antes de seis meses. Con rentas por encima de 100.000 euros, el pensionista paga el 60%, pero nunca más de 60 euros al mes.

¿Y quien no tenga ingresos?

Como hasta ahora, cabe la posibilidad de que acuda a la Seguridad Social con el certificado correspondiente de Hacienda para que, si es español o extranjero con papeles, le den la tarjeta.

¿Quiénes quedan fuera?

Hay dudas sobre qué pasará con personas de más de 26 años que nunca hayan cotizado (estudiantes, rentistas, grupos como algunos monjes y monjas). Sanidad dice que habrá una solución.

¿Y los extranjeros?

Solo tendrán tarjeta sanitaria los que residan legalmente en España. Al resto solo se les tratará en urgencias, aunque puede haber excepciones, como los enfermos infecciosos.