Justicia
España: El Gobierno implanta el copago judicial y sube tasas para recaudar 300 mlls.
El Gobierno ha aprobado la implantación del copago en Justicia lo que implicará pagar unas tasas para recurrir las sentencias judiciales en el orden social, además de revisar al alza el resto de tasas ya vigentes, salvo en el ámbito penal, que estará exento. Con esta medida se prevé recaudar hasta 300 mlls. de euros -en 2010 se recaudaron 172 mlls. por esta vía- para sufragar la Justicia gratuita.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha debatido el anteprotecto de ley de tasas, que se remitirá ahora al CGPJ - Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial.
Sáenz de Santamaría ha justificado estas tasas judiciales para la segunda instancia en la necesidad de tener un sistema judicial que "evite la litigiosidad" y "garantice la asistencia jurídica gratuita", lo que supone "equidad".
Según la vicepresidenta, el dinero que se recaude con estas tasas se destinará a "mantener y reforzar el derecho a la asistencia jurídica gratuita".
Este "ajuste de tasas" afecta al ámbito civil, al contencioso-administrativo y a la segunda instancia en el ámbito social y "pone el acento" pone en la segunda instancia para "evitar el exceso o abuso" de los recursos.
De esta forma, la subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.
Subidas de entre 50 y 750 euros
Según el anteproyecto de ley de tasas, la subida generalizada de las tasas judiciales será de entre 50 y 750 euros y se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos, informa Efe.
Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación, o aquellas actuaciones que sólo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviará también la carga de trabajo de los órganos judiciales.
También se introduce una nueva tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.
En concreto, en el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben también de 50 a 100 euros.
Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un 100 por cien pasando de 600 a 1.200.
En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200. Por último, en el orden social, se aplicarán las tasas sólo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de súplica y 750 en casación.
Anuncio de Gallardón
El ministro del área, Alberto Ruiz-Gallardón, ya anunció la implantación de estas tasas hace dos meses, durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que matizó que estas tasas judiciales no se aplicarían en la jurisdicción penal ni a las personas sin suficientes recursos.
Entonces, Gallardón explicó que la finalidad de la medida era reducir la litigiosidad y evitar "abusos de acceso a órganos judiciales", además de mejorar el uso de los recursos disponibles, como una medida más de austeridad económica en tiempos de crisis.
"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", dijo entonces el ministro de Justicia, que aclaró además que esa tasa se reintegraría si el recurso prospera y que su recaudación estaría destinada a la "mejora y modernización" del sistema judicial.
A juicio del titular de Justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva quedaba preservado al garantizar el acceso gratuito en primera instancia.
Además, Gallardón también adelantó que este modelo también se aplicaría a la justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio.
Otras medidas fiscales
El Gobierno ha aprobado hoy los Presupuestos del Estado de 2012 para llevar a cabo el "mayor esfuerzo de consolidación fiscal de la democracia", según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En cifras: 27.300 millones de euros. Con ello, el Ejecutivo pretende cumplir con el objetivo "ineludible" impuesto por Bruselas de reducir el déficit público desde el 8,51% de 2011 al 5,3% del PIB a final de este año. Para ello, se aprueban nuevas subidas de impuestos, en esta ocasión para las empresas tras incrementar el IRPF en diciembre, y se pone en marcha una amnistía fiscal para regularizar el fraude. Gracias a estas y otras actuaciones adicionales anunciadas en el ámbito de la fiscalidad, el Estado prevé recaudar 12.314 millones adicionales.
El plan de amnistía, según ha explicado Montoro establece un "gravamen especial" del capital que se regularice de un 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción posterior. La medida está destinada para incentivar el afloramiento tanto del capital que se ha desviado a paraísos fiscales como el dinero que se mueve dentro del país en lo que se conoce como la economía sumergida y que, según algunos cálculos, equivale e torno al 20% del total del PIB.
Según los cálculos que maneja el Gobierno, el Estado prevé recaudar unos 2.500 millones de euros con esta medida, lo que supone que pretende aflorar unos 25.000 millones de capital que hoy por hoy no está bajo control de la Agencia Tributaria.
El ministro ha recordado que este es el procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en países con especiales dificultades económicas. De hecho, el Gobierno de Berlusconi aprobó una medida similar el pasado verano. En su caso, se optó por un gravamen único del 3% con el objetivo de hacer aflorar 60.000 millones de euros, una cifra que supera con mucho la que maneja el Gobierno español.
La lucha contra el fraude fiscal es un recurso al que suelen apelar los Gobiernos en épocas de vacas flacas, tal y como ya hizo el pasado Gobierno al reforzar las inspecciones de Hacienda y poner en marcha un plan para indentificar el empleo sumergido. En esta misma línea, este Ejecutivo, que afronta una caída en la recaudación del impuesto de sociedades del 60% desde que estalló la crisis, ha anunciado que este año espera recaudar su plan anual de lucha contra el fraude 8.171 millones, un 8% más que la previsión inicial del año pasado, que al final se cerró con un resultado mejor: de 10.400 millones. "Existe la necesidad de llevar a cabo la amnistía porque no se ha logrado corregir el fraude", ha argumentado Montoro sobre la superposición de las dos medidas.
Sobre los ingresos, El Gobierno ha aprobado un "programa de regularización fiscal" para las grandes empresas, lo que se traduce en una subida del impuesto de sociedades. Sin embargo, se descarta incrementar el IVA. En cuanto al apartado de impuestos indirectos, aumenta la carga fiscal que pesa sobre el tabaco.
En diciembre, el Gobierno, además de subir el IRPF, elevó el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Con ello, preveía recaudar unos 6.200 millones de euros.
Del lado del gasto, los Presupuestos incluirán un "ajuste drástico" en el gasto de los Ministerios del 16,9%, dos puntos por encima de lo que el presidente, Mariano Rajoy, había anunciado el martes.
Según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la "primera obligación" del Gobierno "es lograr unas cuentas públicas saneadas, pero no a cualquier precio ya que hay que apoyar a quienes más lo necesitan y no frenar la necesaria recuperación" de la economía española.-
(Publicado por El Público Es - Diario On line- España, 30 marzo 2012)
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