Paraguay: Gobierno de Lugo prepara otra zona liberada para los carperos

Sin ningún aviso previo a los directamente afectados, y mimetizado en los Clasificados de nuestro diario, el Gobierno de Fernando Lugo puso en marcha una nueva mensura judicial sobre 162.152 hectáreas en la zona de Itapúa, en busca de supuestos “excedentes fiscales”, con el claro propósito de ampliar la zona liberada para los carperos. La medida afecta a 14.772 pequeñas fincas productivas y a ciudades enteras como Capitán Meza, Tomás Romero Pereira, Itapúa Poty y otros. El luguismo busca crear un “Ñacunday II” en el sur.

En forma totalmente solapada, para no alertar sus verdaderas intenciones, el Indert publicó el aviso de la mensura en las páginas de clasificados.

El Gobierno de Fernando Lugo, luego de generar el caos jurídico, la violencia y la inseguridad en el Alto Paraná, persiguiendo principalmente a los productores de Ñacunday, ahora pretende llevar ese mismo sistema de persecución a otra zona altamente productiva como el departamento de Itapúa, ampliando el área de influencia de los carperos.

En efecto, en nuestro diario se publicó el pasado sábado 11 de febrero, en páginas de Clasificados (ver copia adjunta) la mensura judicial prevista para el día 15 de marzo a las 13 horas, de la finca Nº 98 de Jesús y Trinidad, Padrón Nº 1.770 del distrito de Tava’i, a los efectos de ubicar “presuntos excedentes fiscales, denunciados ante el Indert por la Comisión 15 de Mayo de Pirapey”.

De esta forma, sin mayor aviso que la pequeña publicación pagada en el diario, el Indert pretende realizar una mensura judicial sobre una superficie que abarca en total 162.152 hectáreas. En ella se encuentran 14.772 fincas con un promedio de superficie por finca de apenas 11,7 hectáreas, e incluye áreas urbanas de importantes y prósperas ciudades como Capitán Meza, Itapúa Poty, Tomás Romero Pereira, entre otros.

El caso se presenta de la misma manera que en las tierras de “Ñacunday”, departamento de Alto Paraná, donde detrás del anuncio de las mensuras judiciales, impulsadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), comenzaron las invasiones y ocupaciones de propiedades privadas por parte de los carperos.

De los pelos

Al igual que en “Ñacunday”, donde el Indert pretende “recuperar” 257.000 hectáreas basado en un dudoso informe de la escribana Stella Maris Samudio de Rodríguez (con antecedentes penales por estafa) y que quiere hacer valer una reivindicación a favor del Estado del año 1958 (de las fincas 81 y 39), el nuevo caso de la mensura de 162.152 hectáreas se basa en la inscripción en el Registro Público de una propiedad perteneciente a Federico C. Mayntzhusen que nació en 1873 y murió en 1949.

Es decir, el Gobierno pretende ignorar todos los registros de propiedades que se dieron en estas zonas durante al menos un siglo.

Por otro lado, es importante señalar que tanto el Alto Paraná como Itapúa son los dos únicos departamentos de todo el país cuyas propiedades están totalmente catastradas, por lo que es casi imposible hablar de excedentes fiscales y menos en las proporciones señaladas.

Pequeños productores

El polígono de 162.152 hectáreas que forma la mensura judicial que pretende realizar el Indert abarca los distritos de San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira y Edelira, del departamento de Itapúa y el distrito de Tava’i del departamento de Caazapá.

En ella se encuentran 14.772 fincas, en su gran mayoría pequeños establecimientos pertenecientes a igual cantidad de colonos. También se encuentran prósperas y populosas ciudades como Capitán Meza, Itapúa Poty, Tomás Romero Pereira, entre otras, con infraestructura urbana totalmente formada durante décadas de consolidada laboriosidad de sus habitantes, lo que ahora el Gobierno pretende desconocer o mínimamente poner en duda.

Dentro de la superficie a mensurar están además importantes empresas, silos y locales comerciales, así como tres sucursales de la Cooperativa Colonias Unidas.

Zona liberada

Con el anuncio de la nueva mensura judicial se dará “luz verde” a los carperos para actuar con la misma violencia y al margen de la ley, invadiendo propiedades y acosando a productores, tal como ocurre en Ñacunday.

(Publicado por El Diario ABC - Paraguay, 14 febrero 2012)
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