Guatemala: Archivo largamente perdido sostiene juicios guerra civil

Los secretos guardados por documentos que durante años permanecieron abandonados bajo el lodo y desechos de murciélago en una bóveda podrían pronto ayudar a poner a altos ex funcionarios guatemaltecos tras las rejas, por delitos cometidos durante la larga guerra civil que terminó en 1996.

Los datos encontrados en los millones de documentos de la policía han revelado casos de represión gubernamental durante la guerra civil de 36 años y arrojado suficiente evidencia para comenzar a llevar casos a juicio.

Por primera vez en la historia del país, un ex jefe de la policía enfrenta un juicio sustentado en la evidencia recolectada en el archivo de la policía, un laberinto de cuartos oscuros encontrado por casualidad en el 2005, tras una explosión en un derruido edificio usado como almacén de municiones.

Héctor Bol de la Cruz, ex director de la policía nacional, es acusado de la desaparición de Fernando García, un estudiante y activista de 27 años extraviado el 18 de febrero de 1984.

La primera audiencia está en suspenso por una apelación de la defensa, que pretende remover al juez del caso.

Pero los familiares de García dicen que el juicio les da la esperanza de saber finalmente qué pasó con él.

"Pienso sobre cómo se sentiría mi padre", dijo Alejandra García, hija de Fernando, que era solo una bebé cuando él desapareció. "El estaría feliz de finalmente ver un poco de justicia en este país", agregó.

La caótica pila de papeles y bitácoras escritas a mano están siendo limpiados, restaurados, digitalizados y respaldados en servidores fuera del país por grupos de derechos humanos, para que los fiscales puedan usarlos para resolver crímenes de la guerra civil.

Ese proceso podría tomar años, y el pesado trabajo se traduce en que actualmente solo tres casos están siendo procesados con material del archivo, que almacena unos 80 millones de páginas, que incluyen retratos, perfiles de presuntos izquierdistas, incluyendo hasta sus rutas diarias.

Cientos de casos podrían venir en el futuro.

Los familiares de unos 45,000 izquierdistas desaparecidos han contactado a grupos de derechos humanos locales pidiendo ayuda para encontrar información de sus parientes en el archivo.

Guatemala hizo los documentos accesibles al público en el 2009, y unos 12 millones de copias digitalizadas de los archivos han sido publicados en línea por la Universidad de Texas, en Austin.

Los familiares de algunas de las víctimas de la guerra civil ven a estos juicios como el final a décadas de impunidad para aquellos que ordenaron la desaparición, tortura y asesinato de miles de personas.

Sin embargo, estructurar un caso sólido es difícil, y los arrestos de ex funcionarios de seguridad aún son pocos.

Especialistas de derechos humanos aseguran que el éxito en esos casos elevaría a Guatemala al nivel de países como Ruanda y Alemania, que llevaron a la justicia a ex funcionarios de gobierno y militares por sus atrocidades.

Una comisión de la verdad, establecida bajo los acuerdos de paz de 1996 y respaldada por Naciones Unidas, concluyó que las fuerzas militares fueron responsables de más del 85 por ciento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra, que cobró la vida de unas 250,000 personas.

Pero el Ejército aún tiene una presencia poderosa en Guatemala.

Otto Pérez, un general retirado y ex jefe de la unidad de inteligencia militar, fue electo presidente el año pasado y asumió el cargo en enero.

Algunas personas temen que pudiera frenar los juicios de crímenes de guerra. Sin embargo, él insiste en que no impedirá que se haga justicia.

"El presidente no puede interferir en los procedimientos judiciales", dijo Pérez. "No tenemos razón para remover a aquellos en el poder judicial que están haciendo bien su trabajo", señaló.

Durante el conflicto, la policía trabajo muy cerca del Ejército para acabar con el movimiento guerrillero y el archivo policial podría arrojar evidencia de esos vínculos, según investigadores.

"Estos documentos han sido fundamentales", dijo Alejandra García, ahora una abogada de 29 años. "Han demostrado que mi papá fue capturado por fuerzas del Estado, qué pasó, dónde y quién estuvo involucrado", explicó.

MARCADOS

Cuando Fernando García no llegó a una fiesta familiar, su esposa y madre de Alejandra salió a las calles de la capital, con la bebé en brazos, en una búsqueda frenética, para al final enterarse por testigos que su esposo fue levantado por hombres en una "pick up" blanca sin distintivo oficial.

En ese entonces, miles de disidentes políticos e intelectuales fueron marcados como objetivos por las unidades de contrainsurgencia de la policía y el Ejército, por lo que los García temieron lo peor.

En la jefatura de policía, el entonces director Bol de la Cruz dijo no saber nada del incidente. La familia llevó su queja hasta el presidente Oscar Mejía, quien también negó tener información de la ubicación de Fernando.

Pero investigadores de la comisión de derechos humanos y de la fiscalía general dicen que han encontrado evidencia suficiente en los archivos de que Bol de la Cruz ordenó la detención de García y su posterior desaparición.

El ex jefe policial, ahora de 71 años, sostiene su inocencia.

Entre los documentos presentados por los fiscales aparece un registro que elogia a los oficiales Jorge Gómez, y a al menos otros dos, por participar en el arresto de "criminales subversivos" el 18 de febrero de 1984, en el mismo lugar que desapareció García.

Gómez ordenó a una patrulla con cuatro oficiales vigilar la calle en la que García desapareció. Dos de esos oficiales fueron sentenciados a 40 años de prisión en el 2010, y los otros dos han sido declarados fugitivos.

Bol de la Cruz está esperando el resultado de una apelación en la que sus abogados argumentaron que no podía ser juzgado por la misma persona que sentenció a dos de sus oficiales en el 2010.

Los registros están siendo cotejados y comparados con evidencia de excavaciones del cementerio público de la Ciudad de Guatemala, en donde las fuerzas de seguridad arrojaban cuerpos en fosas comunes.

"Sin los archivos, hubiera sido imposible arrestar a alguien", dijo Mario Polanco, quien encabeza un grupo de defensa de las víctimas. "En algunos casos, el 90 por ciento de la información que tenemos viene de los archivos", explicó.

Muchos atribuyen el reciente éxito de los casos por violaciones de derechos humanos a la nueva fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien trabajó como activista antes de ser nombrada en el cargo en diciembre del 2010, luego de que sus predecesores se vieran vinculados en escándalos de corrupción.

Actualmente, el ex dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó durante 1982-1983, el periodo más sangriento de la guerra civil, está por ser juzgado por genocidio, lo que representa un logro para aquellas personas que durante años han pedido que sea llevado ante la justicia.

Los abogados de Ríos Montt argumentan que no se le puede hacer responsable por las acciones que tomaron los líderes militares en tiempo de guerra.

"Cada comandante es responsable de tomar sus decisiones en su respectivo puesto, y esto descentraliza la cadena de mando", dijo su abogado Danilo Rodríguez.

(Publicado por Reuters, 9 febrero 2012)