Corp. Judicial es demandada por $3.435 millones por incumplimiento de contrato

La CAPJ - Corporación Administrativa del Poder Judicial no sólo enfrenta los problemas internos por las diversas investigaciones a funcionarios que han terminado con la salida de algunos de ellos, sino que también una millonaria demanda por indemnización de perjuicios por 3.435 millones de pesos, que le interpuso la Constructora Crommo Limitada por incumplimiento de contrato.

La acción judicial se presentó en agosto del año pasado ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, y en ella se sostiene que "hay enriquecimiento ilícito" y una "maquinación" de parte de algunos funcionarios de la corporación, quienes cobraron las boletas de garantía pese a que las dos obras que se le encomendaron a Crommo en la ciudad de Castro, Puerto Montt, habían sido entregadas.

Paradójicamente, dos días después de ingresada la demanda, el 3 de agosto de 2011, se realizó la polémica sesión del Consejo Superior de la CAPJ -que integran cinco supremos y cuyo audio se filtró hace unas semanas- en la que el ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica se mostraba reticente a enviar al Ministerio Público los antecedentes sobre licitaciones directas, argumentando que no había colusión ni dolo, al no haber funcionarios judiciales involucrados, y afirmó que "nos vamos a las pailas" si la fiscalía intervenía. Pero finalmente se envió toda la información para que la fiscal Ximena Chong determine si hay o no algún ilícito en las licitaciones.

Irregularidades

El abogado Waldo Violic -que representa a Crommo- sostiene en la demanda que el 17 de diciembre de 2008 se celebró un contrato de edificación del Juzgado de Garantía y del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, el que tenía un plazo de ejecución de 300 días corridos, contados desde la entrega del inmueble. La adjudicación también fue directa, pero no está relacionada con Cosal.

El problema se generó, según los demandantes, porque el inspector de la ITO (Inspección Técnica de Obra) Eduardo Ortiz Lizana, "se prestó para justificar el incumplimiento", fijando fechas o épocas distintas a las acordadas en el contrato. La ITO dio por concluidas las obras el 17 de diciembre de 2010, cuando debió haberlas dado por terminadas el 3 de diciembre, fecha programada para revisar las últimas observaciones. Por esta razón no se le cancelaron los pagos, y, por el contrario, se los multó con 167 millones de pesos, pese a que las obras estaban en funcionamiento desde el 20 de diciembre de 2010.

La constructora alega "irregularidades" que "nunca" se le señalaron como causales de la multa, y que como cualquier persona se "debió haber recurrido a la justicia" para que determinara si correspondía aplicarla.

Un problema similar tuvo la empresa en la construcción del edificio del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, donde también se cursó una multa por 71 millones por supuestamente sobrepasar la fecha pactada de entrega de las obras.

La demanda está dirigida en contra del jefe de la unidad de infraestructura de la CAPJ, Gonzalo Díaz, quien fue sancionado en un sumario interno con una amonestación privada por mal manejo en su gestión, y que luego renunció a su cargo. Además, están demandados Eduardo Ortiz Lizana, inspector técnico de la obra; Andrés Farías, jefe de proyectos de inversión; Álvaro Barbagelata, jefe de proyectos especiales; Claudio Hernández, jefe de proyecto de la habilitación de juzgados de letras del Trabajo de Castro, y Vicente Castañeda, jefe de proyecto de la construcción del edificio del Juzgado de Garantía de Castro y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro.

A juicio de la constructora Crommo, lo que ocurrió "no es un error funcionario o de una simple mala voluntad de una persona (...) simplemente una maquinación, puesto que es imposible que haya sido 'un error' cometido por tantas personas al mismo tiempo".

"Dejaron obra a la mitad"

El día que asumió la presidencia de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros se refirió a los problemas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y aseguró que no hubo "corrupción". Sobre el caso particular de Castro, aseguró que la CAPJ encargó en 2008 la construcción de los edificios para el tribunal de garantía y el tribunal oral en lo penal de esa ciudad. Sin embargo, la constructora habría dejado las obras a medio construir. "En dos oportunidades tuvimos empresas que nos dejaron la obra en la mitad, pero por falencias en las empresas, pero en esos casos nosotros tuvimos que enfrentar remuneraciones y todo lo relacionado con los trabajadores y para ese efecto teníamos garantías", detalló el ministro.

Sobre el tema de la concentración en las empresas constructoras que se adjudicaban los contratos de edificación, Ballesteros confirmó que esto sucedía, ya que eran muy pocas las empresas que se presentaban a las licitaciones. Al respecto mencionó las ciudades de Chiloé, Osorno y Temuco, y la Región de Atacama como las zonas donde existía esta concentración. "El problema es que si teníamos pocas empresas, muchas de ésas tenían la posibilidad de construir varios edificios en distintos lugares. Pero luego se nos dio cuenta de parte de la Contraloría que había determinada empresa que tenía un socio, que estaba relacionado con otro socio de otra empresa y ahí decidimos terminar y comenzar a exigir los títulos de constitución de sociedad de las empresas", explicó.

(Publicado por El Mercurio – Chile, 9 enero 2012)
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