El Senado aprobó inversión privada en infraestructura y servicios públicos, asociada al gobierno y bajo concesiones de hasta 40 años

Pese a la oposición de los legisladores del PRD, Pablo Gómez, Tomás Torres y Yeidckol Polevnsky para que no se aprobara la minuta de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), el pleno del Senado la avaló en lo general y lo particular, con 65 votos a favor y 13 en contra.

La ley —aprobada la víspera por la Cámara de Diputados con 13 cambios sobre la minuta previamente tramitada en el Senado como cámara de origen—, es, a decir del dictamen, un instrumento jurídico que ayudará al Estado a complementar la inversión pública con la privada en materia de infraestructura. Con ello se podrán liberar recursos para atender necesidades importantes en materia social.

Cuando sólo había inscritos dos oradores (Polevnsky se sumó de último momento), Gómez Álvarez sostuvo en tribuna que dicha ley “es un atraco al país, una transgresión de la Constitución Política y un asalto al pueblo de México”, porque dicho proyecto lo único que hará —dijo reiteradamente— es legalizar la corrupción”.

Esto no es otra cosa que un intento más por llevar a cabo una gigantesca privatización de los servicios públicos y de la infraestructura del país, “es un instrumento para legalizar la corrupción y hay quienes en forma cínica dicen que si la corrupción no puede ser eliminada, hay que unírsele para no ir a la cárcel”, dijo.

Ello, añadió, porque “no se aplica la Ley de Obra Pública, no se aplica la Ley de Adquisiciones, ni se respeta el artículo 134 de la Constitución, por tanto, esta ley es anticonstitucional”, ya que entre otros aspectos —precisó— no serán los servidores públicos, sino una empresa privada la que lleve los procesos licitatorios. “Cuando los haya, si es que se hacen, y entonces muy probablemente pudiera ser a favor de la propia empresa que gane el proceso”, añadió.

Incluso, abundó el perredista, siempre se podrá dar el 20 por ciento adicional a lo contratado “y si el titular de la dependencia considera que hay que darlo, y bajo su firma, se puede otorgar más dinero al empresario y todo es legal, eh… ya no va a ser necesario robar”.

Al excederse de los cinco minutos que le correspondían al legislador, el presidente de la Mesa directiva, José González Morfín, pretendió indicar al senador perredista, quien sin voltear a verlo respondió: “Dado que sólo somos dos oradores, me voy a tomar unos minutos más….”, y continuó su exposición.

González Morfin volvió a interrumpir: "senador, lleva 16 minutos". A lo que Pablo Gómez, visiblemente molesto y con un tono de voz más elevado, dijo: "Le pedí más tiempo, siempre lo tomo, hoy se lo pido. No me voy a bajar, me reservo todos los artículos de esta ley y aquí nos pasamos todo el día… Sé que molesta decir frente a la cara de todos cuáles son las cosas que van a votar a favor, sé que molesta, este es el problema de fondo, no cinco minutos, ¡no me venga con ese cuento!".

Por su parte, Yeidckol Polevnsky dijo: "yo vengo del sector empresarial y defiendo mucho al sector empresarial, pero en esta ocasión no puedo apoyar un proyecto que me preocupa y mucho, porque habrá empresarios serios que estén interesados en participar, pero podrían aparecer otros por ocasión cuando un amigo o un familiar esté en el poder para contratarles cualquier tipo de obra y desaparecen cuando lo hagan esos funcionarios del poder".

(Publicado por La Crónica – México, 15 diciembre 2011)
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