Privacidad en Chile: Gobierno enviará el 12 de diciembre proyecto sobre protección de datos personales

A quién no le ha pasado que recibe en su correo o en su celular ofertas, promociones o publicidad de una empresa o institución y se pregunta de dónde obtuvieron esos datos personales.

Para transparentar el manejo de los datos personales y hacer que las personas puedan decidir sobre cómo ellos son usados por terceros, es que el gobierno enviará un proyecto de ley que modifica la actual normativa vigente sobre protección de la vida privada y datos personales.

La iniciativa ingresará al Congreso el lunes 12 de diciembre, afirma el ministro de Economía, Pablo Longueira, luego de que ya finalizara una ronda de consulta ciudadana que incluyó a ONGs, Acti, Cámara Nacional de Comercio, Google, Banco Estado, Asociación de Bancos, entre muchas entidades.

"Este proyecto nos pone a la vanguardia a nivel mundial en el respeto a los datos personales. Define claramente que son las personas las propietarias de sus datos personales y son ellas los que deciden qué hacen con ellos. Se fortalece la libertad individual", explica el ministro, quien estima que debiera convertirse en ley en 2012.

Esta es la medida número 9 de la Agenda de Impulso Competitivo y según el ministro les permitirá cumplir con el compromiso de alcanzar de aquí a fin de diciembre el 40% de la agenda, y tener aprobadas 20 medidas. "Con eso, razonablemente las 50 medidas estarán concretadas en mayo del próximo año, al primer año de esta agenda", dice.

El proyecto de ley establece que se requiere el consentimiento expreso, previo e informado de las personas para que cualquier entidad trate información de ella, ya sea al recopilar, transferir o comunicar estos datos.

Hasta ahora y bajo la actual norma, la entrega de datos es "indeterminada", o sea, no existe opción de que la persona pueda acotar cómo una empresa o institución los usarán. Además la ley actual no tiene multas.

El nuevo texto, en cambio, sí permite acotar el uso de la información y se incluyen sanciones en niveles según la gravedad. Las multas podrán llegar a $39 millones ante infracciones gravísimas, como revisar y obtener sin consentimiento datos sensibles (los relacionados con enfermedades, raza, religión), o cuando están vinculados a niños o adolescentes, sin autorización de sus padres.

La nueva ley también dará mayores atribuciones al Sernac, quien administrará un registro donde las personas podrán informar que se excluyen de recibir publicidad, un modelo que existe en otros países. En España se llama "Lista Robinson", y en Perú, "Gracias, no insista". Para ello, el Sernac tendrá más recursos: US$ 3 millones y 30 funcionarios más.

En el gobierno estiman que esta nueva normativa fortalecerá la industria del offshoring (servicios globales y procesamiento de datos), pues al estar operando bajo principios OCDE, Chile será una plaza considerada para quienes quieran instalarse a procesar datos de otros países y donde su regulación exige este tipo de resguardos para los datos de esos ciudadanos.

Cifras de Corfo muestran que hace cuatro años la exportación de offshoring era de US$ 200 millones, y en 2010 alcanzó los US$ 938 millones, entre Latinoamérica (49%); Estados Unidos (23,2%); España (11,8%), y el resto de Europa (9,3%).

"Queremos que Chile también sea conocido como un buen lugar para exportar servicios globales", dice Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de Corfo. "Hay que ser prácticos. Países como México y Colombia han estado ganando mercado con reformas y tienen protección de datos. Si queremos fortalecer la posición competitiva es fundamental la ley a la usanza internacional", dice.

"No vemos ninguna razón para que un proyecto que ha estado expuesto a participación ciudadana se demore". Pablo Longueira

(Publicado por El Mercurio – Chile, 4 diciembre 2011)
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