Asamblea venezolana aprobó Ley de Arrendamiento

La bancada socialista de la AN - Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el proyecto de ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, cuyo marco jurídico busca propiciar relaciones arrendaticias justas y combatir la especulación.

La exposición de motivos de la propuesta legal señala que "merecen toda la protección y estímulo por parte del Estado" los pequeños arrendadores: "familias que por razones diversas deciden arrendar con precios y condiciones justas".

Resalta la importancia entonces de diferenciar "el arrendamiento especulativo y explotador, de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables".

El texto también rechaza la existencia de inquilinos "que intentan generar condiciones injustas ante arrendadores responsables, desde posiciones y prácticas capitalistas y excluyentes, que buscan aprovecharse de las luchas de las organizaciones populares y las políticas revolucionarias del Estado para apropiarse indebidamente en algunos casos de la vivienda principal y única de arrendadores, que son pequeños propietarios con igual situación de necesidad en relación con la vivienda".

El combate a la especulación en las relaciones arrendaticias se concreta a través de la fijación de un canon de alquiler mediante una metodología que toma en cuenta los criterios del valor de construcción en la actualidad, la dimensión de la infraestructura, la vida útil, la vulnerabilidad sísmica y la ubicación geográfica.

El ente del Estado que regirá esta materia es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que formará parte del Ministerio para la Vivienda y Hábitat y sustituirá a la actual Dirección Nacional de Inquilinato.

Entre sus funciones está la fijación del canon, la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetos de la ley, imponer sanciones y determinar indemnizaciones, proveer de refugio o vivienda transitoria a quienes deban ser desalojados y no tienen techo a donde ir y revisar los contratos.

Este proyecto de ley amparará a más de 750.000 familias que viven en condición de arrendamiento en el país, más aquellos que habitan en pensiones y en residencias estudiantiles.

(Publicado por El Nacional – Venezuela, 28 octubre 2011)
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