Venezuela: Consultoría Jurídica de Conatel: "Convocaron a destronar al Gobierno"

De las 97 páginas que integran la providencia administrativa n° PADRS-1.839 fueron determinantes las 4 -de la 88 a la 91- que reproducen las conclusiones de un informe elaborado por la consultoría jurídica de Conatel.

Aunque se reconoce expresamente que "constituyen solamente una opinión", el informe resume las acusaciones de "incitación a la zozobra y, en consecuencia, a la alteración del orden público" que fundamentan la multa impuesta a la televisora.

"La representación e interpretación televisual de los hechos (...) presenta visos reiterados de haber sido producto de una compleja operación en parte premeditadamente planificada y confeccionada a manera de montaje/trucaje. Tal operación se articula gracias a la colaboración de un puñado de voceros, quienes son presentados como presuntos familiares de sujetos privados de libertad; y la articulación lógico-argumentativa de personeros políticos en su totalidad activistas de la oposición venezolana y analistas expertos de diversos ámbitos científico-jurídico, filosófico, religioso y periodístico/reporteril, quienes se valen de sus respectivos saberes y prestigio para completar y pulir la operación discursiva de demérito o difamación continuada del Gobierno y del resto de los poderes públicos, amparados por la actitud obsecuente y acrítica de la gerencia de información de Globovisión", se indica como primera conclusión.

En el texto de la providencia administrativa no se precisa a través de qué experticias la Consultoría Jurídica de Conatel llegó a tales conclusiones.

Sin embargo, entre otros señalamientos, se afirma en la quinta conclusión: "Pese a que ninguno de los entrevistados o entrevistadores llamaron explícitamente a propinar o respaldar golpes de Estado en el país, el conjunto semántico y semiótico de operaciones implicadas en su discurso, aunados a la puesta en escena televisual por parte de Globovisión, apunta a construir una hábil representación que implícitamente convoca a destronar por vía democrática o por otras vías al Gobierno, bajo el supuesto de que vulnera sistemáticamente los derechos de los privados de libertad, sus familiares, los vecinos a los penales y la población venezolana en general, por lo que a su juicio el Gobierno quedaría de facto deslegitimado".

(Publicado por El Nacional – Venezuela, 20 octubre 2011)
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