Ley
Venezuela: Advierten que Ley de Precios es inaplicable
La Ley de Costos y Precios Justos aprobada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para atacar la especulación plantea problemas de aplicación por engorrosa y porque la economía del país se puede estancar con el control de todos los bienes y servicios de las empresas que operan en el país.
Así indicaron a Efe analistas que ven un potencial generador de corrupción y un factor que podría disparar el mercado negro de algunos productos en la norma, que el Gobierno ha presentado como un mecanismo de "transición hacia el socialismo" con el objetivo de atacar la especulación causante de la inflación.
La nueva Ley de Costos y Precios Justos que entró en vigor el pasado martes no pretende atacar al sector privado, según el vicepresidente Elías Jaua.
La norma prevé la creación de un sistema de administración de precios de venta al público y márgenes de ganancia, así como una superintendencia adscrita a la Vicepresidencia del gobierno que perseguirá y sancionará a "especuladores".
“No creo que esta ley se pueda aplicar; si se aplica, se tranca la economía, porque todos los precios de todos los productos están sujetos a la ley. Sería una gran demora que iría en detrimento de la economía”, dijo el director de la Escuela Económica de la Universidad Central de Venezuela, José Guerra.
Para él, es muy probable que esta ley genere más corrupción, pues, en el marco de la norma se crea un mecanismo de control llamado "superintendencia de costos y precios” que da poderes “demasiado grandes a los inspectores y superintendentes para fijar los precios".
"Hay que imaginarse el número de empresas que serán controladas, multiplicado por el número de productos, eso será algo inmanejable", subrayó el economista, quien duda de que la intención del Estado sea aplicar la ley en toda su extensión, pues, a su juicio, existe un interés específico solo por unas empresas.
El abogado en derecho administrativo Luis Herrera dijo que el nuevo instrumento es inaplicable "porque se trata de cientos de miles de productores de bienes y prestadores de servicios que tendrían que pasar por toda esta normativa".
Herrera coincide en que la intención que hay detrás de la aplicación de esta ley no es controlar "miles de empresas", sino ir directamente a un sector específico.
El abogado apuntó que este instrumento permite al Estado disponer de la propiedad privada sin que haya indemnización o juicio previo y advirtió sobre la posibilidad de que la ley sea usada como herramienta política "contra los enemigos del Gobierno (...), algo típico de un autoritarismo".
(Publicado por EFE, 25 de Julio de 2011)
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