España: Las comunidades del PP rechazan ahora las competencias de Justicia

Las comunidades del PP ponen ahora en cuestión las competencias de Justicia. Después de haber utilizado la supuesta opacidad en las cuentas regionales como ariete contra el PSOE, ahora Castilla-La Mancha y Murcia se escudan en la crisis para exigir que se eche el freno a los traspasos de la gestión en materia de Justicia. Madrid y Aragón ya reclamaron a principios de mes el recorte en las responsabilidades autonómicas y, la propia presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió devolver la responsabilidad regional sobre los tribunales. La novedad estriba en que ahora lo exigen dos autonomías que aún no habían asumido estas competencias.

Castilla-La Mancha: "No es el momento"

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que también es secretaria general del PP, ha afirmado hoy en Toledo que no es el momento “más apropiado" para consumar el traspaso de las competencias de Justicia a la región. "Teniendo en cuenta la situación económica del país y de Castilla-La Mancha, entendemos que este proceso va a tener que ir en sus tiempos”, ha agregado, para puntualizar: "No lo descartamos, pero no son tiempos los de ahora de hacer mudanzas".

Castilla-La Mancha no tiene ninguna competencia en materia de Justicia, porque hasta ahora el Gobierno del socialista José María Barreda no había logrado alcanzar un acuerdo económico con el Ejecutivo central para asumir nuevas responsabilidades. En el contexto de precariedad económica que viene denunciando la nueva presidenta castellanomanchega, asumir nuevas competencias, que van unidas a sedes judiciales, funcionarios y otros capítulos de gasto, supone reducir el ya de por sí magro presupuesto.

"Teniendo en cuenta la situación económica del país y de Castilla-La Mancha, entendemos que este proceso va a tener que ir en sus tiempos. No lo descartamos, pero no son tiempos los de ahora de hacer mudanzas", dijo Dolores de Cospedal

Región de Murcia: "Una cuestión de Estado"

En la misma línea de la secretaria general de su partido, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha decidido también guardar en un cajón la ampliación de sus competencias, en concreto las de Justicia, pese a que el Ejecutivo murciano debía cerrar a principios de julio los traspasos con el Gobierno, según adelantó el diario La Verdad. El acuerdo dependía del desembolso de 70 millones de euros, precedidos por un pago único de 5,5 millones destinado a la construcción de infraestructuras y la instalación de un sistema informático (un millón).

Con una deuda de 2.106 millones (7,4% del PIB regional), Murcia aparca los traspasos tras dos años de negociaciones con el Ministerio de Justicia. “El trabajo está hecho para que se ejecute más adelante”, explica Manuel Campos, consejero de Presidencia e interlocutor con el Estado. Al margen de los pagos, las competencias contemplaban que la Región abonase la factura de 40 nuevos funcionarios y un coste económico anual que Murcia todavía no ha evaluado.

El principal escollo, según Campos, ha sido la creación de la oficina judicial y el pago único de los 5,5 millones. “El problema es que este desembolso está condicionado por cumplir los objetivos de déficit", explica el consejero, que insiste en que la comunidad pasa los exámenes sobre ratios judiciales del CGPJ - Consejo General del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia ha invertido desde 2006 un total de 70 millones de euros en reforzar su plantilla judicial, de 1.360 funcionarios y 149 plazas judiciales.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, calificó de "prudente" la decisión del Ejecutivo regional. “La Justicia es una cuestión de Estado y hay que tener en cuenta las circunstancias [económicas], que son las que son”, expresó. El PSOE de Murcia, que esta mañana se había reunido para debatir el frenazo a las competencias, pedirá explicaciones al consejero Campos en la Cámara autonómica, según fuentes socialistas.

Madrid: más presupuesto, menos eficacia

La petición de reducir las competencias regionales no es nueva, pues ya la hizo el pasado 8 de julio, en una conferencia de FAES, la fundación que sirve de vivero de ideas políticas al PP, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, a la que se sumó su homóloga en Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Allí Aguirre citó expresamente las competencias de Justicia como materias que debería volver a asumir el Gobierno, pero aseguró entonces que su petición era una mera declaración de intenciones.

"Yo he multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos años, sin que eso haya supuesto más eficacia en la gestión", afirmó Aguirre. La Comunidad de Madrid tuvo que paralizar la Ciudad de la Justicia, el macroproyecto que tenía previsto centralizar los juzgados de la capital en una misma sede, por falta de fondos para sufragarlo.?? El exconsejero de Justicia madrileño Francisco Granados, secretario general del PP en esta región, fue más allá en marzo al tildar los traspasos de “caros y complicados” y calificó las competencias de “carajal”. ??Unas declaraciones que provocaron la queja de nueve jueces que ejercen en Madrid.

Valencia renuncia a 15 juzgados

Los problemas para gestionar la justicia los ha señalado también la Comunidad Valenciana (con una deuda de 16.634 millones de euros, el 16% del PIB regional). La Generalitat valenciana, gobernada por Francisco Camps, del PP, renunció en junio a abrir 15 nuevos juzgados pese a tener transferidas las competencias y a ser la segunda autonomía con más necesidades judiciales (cada juzgado registra una entrada de 1.500 asuntos, cuando el CGPJ recomienda 950, y asume una carga de trabajo que supera el 70% de lo recomendado). La Comunidad Valenciana necesita 63 juzgados, según el máximo órgano de gobierno de los jueces.

(Publicado por El País – España, 19 julio 2011)
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