martes, 7 de junho de 2011


Emigración

Gobernadora de Arizona contra abogado para defender ley antiinmigrante ante la Suprema de EE.UU.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, contrató al abogado Paul D. Clement para encabezar el equipo legal que solicitará a la Corte Suprema levantar la suspensión impuesta a las partes controversiales de la ley antiinmigrante SB 1070.

El ex representante legal de la Casa Blanca ante la Suprema Corte de Justicia "tiene una reputación impecable en todo el país por su experiencia en litigios de apelación y constitucionales", dijo Brewer en un comunicado, en el que anunció este lunes la designación.

"El está bien preparado para dirigir nuestro excelente equipo legal, a medida que nuestra apelación avanza ante la Suprema Corte de Justicia", indico la gobernadora republicana.

Clement, de 45 años, es actualmente socio del bufete de abogados Bancroft PLLC en Washington y es considerado uno de los mejores juristas de Estados Unidos, con una amplia experiencia en litigios ante la Suprema Corte de Justicia.

Entre 2005 y 2008, bajo la presidencia de George W. Bush, Clement fungió como representante legal de la Casa Blanca ante el máximo tribunal del país, al ocupar el cuarto cargo más alto dentro del Departamento de Justicia.

El mes pasado, Brewer anunció que por primera vez llevaría la ley SB 1070 a consideración de la Suprema Corte de Justicia, luego que una corte de apelaciones rechazó su petición de levantar la suspensión a las previsiones más importantes del estatuto.

Las partes clave de la SB 1070, incluyendo la autorización a las policías locales a detener a cualquier sospechoso de residir en forma ilegal en Estados Unidos, permanecen suspendidas por orden de la magistrada federal Susan Bolton.

Un día antes de que el estatuto entrara en vigor el 29 de julio de 2010, Bolton ordenó la suspensión temporal, mientras analiza los méritos de la demanda interpuesta contra la ley por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La Corte Federal de Apelaciones en San Francisco rechazó el pasado 11 de abril eliminar la suspensión impuesta por Bolton, al considerar probable que proceda la demanda del gobierno federal y que se demuestre que el estatuto es anticonstitucional.

La demanda del Departamento de Justicia, la más sólida de varias que se interpusieron contra la SB 1070, argumenta que la ley de Arizona viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia y la Cláusula de Comercio, al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.

La demanda sostiene que el Congreso ha dado autoridad única del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración, un argumento que de ser respaldado por la Suprema Corte de Justicia afectaría a las leyes que otros estados han promulgado para lidiar con la inmigración indocumentada.

(Publicado por El Universal – México, 7 junio 2011)
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