Remate
Un pueblo entero será rematado en Costa Rica
Los habitantes de Caño Castilla, un pequeño poblado en el norte de Costa Rica, recibieron estupefactos la noticia de que las tierras que ocupan sus casas, la iglesia, la escuela y hasta la plaza de fútbol, serán rematadas.
El remate fue programado por el Juzgado Civil de Ciudad Quesada, 100 km al norte de la capital, para el próximo jueves, lo que ha puesto a los afligidos pobladores en una carrera contra el tiempo.
"Siempre creímos que éstos eran terrenos que el Estado tenía abandonados. No sabíamos que los hubiera reclamado una gente que ni conocemos", declaró José Luís Rodríguez, un parcelero de Caño Castilla al diario La Nación.
Los terrenos pertenecieron hace más de 20 años a una sociedad de estadounidenses que desde entonces abandonaron el país. Entre ellos John Hull, un personaje que se menciona como el principal contacto de la ACI - Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos con los dirigentes de la contrarrevolución nicaragüense en la década de 1980, y quien se supone que operaba desde Costa Rica.
Hace algún tiempo, un empresario reclamó las tierras en compensación por una antigua deuda de la sociedad, equivalente a unos 50.000 dólares al tipo de cambio de hoy, pero los habitantes de Caño Castilla dicen no haberse enterado nunca de que su pueblo era objeto de un reclamo judicial.
Los vecinos iniciaron apuradas gestiones en busca de una solución que evite el remate.
Deuda
Juzgado rematará pueblo por cobro de deuda de ¢25 millones. Se ejecutará hipoteca contraída por sociedad dueña registral de finca Afectados procuran reunir dinero para participar en la subasta de la tierra Calificación:
Los Chiles, Alajuela.- Escuela, ermita, salón comunal, cancha de futbol, casas...todo lo que hay en la comunidad de Caño Castilla, en este cantón alajuelense, se pondrá a remate el jueves por la mañana.
Será entonces cuando el Juzgado Civil de Mayor de Cuantía de Ciudad Quesada, San Carlos, ejecutará la hipoteca que responde por la deuda de ¢25 millones, contraída años atrás por los dueños registrales de la finca.
Ellos son tres estadounidenses que al parecer adquirieron la finca, extrajeron la madera y luego la dejaron en abandono.
Para los años 80, la zona atrajo a muchos parceleros, algunos de los cuales se asentaron aquí y fundaron la comunidad. Ahora viven unas 200 personas.
Esta, poco a poco, recibió apoyo de instituciones estatales y organizaciones, explicó Marlon Arce, abogado de los parceleros.
Fue así como se levantó la escuela, se abrió un camino de lastre con ayuda de fondos alemanes y, en este momento, se construye un acueducto con la colaboración de Acueductos y Alcantarillados y el Gobierno español.
A pesar de todos estos avances, en octubre de 2010, los pobladores de Caño Castilla se enteraron del peligro que se avecinaba.
"La sorpresa fue algo más que desagradable. Nos sentimos muy mal ya que cuando entramos a esta zona lo único que había era montaña cerrada", dijo José Luis Rodríguez, parcelero de 58 años y con 32 hectáreas de sembradíos.
Garantía. La acción de cobro judicial la presentó el empresario Víctor Chavarría el 30 de julio del 2010 contra la Sociedad Pocosolito S.A.
Según certificación del Registro Nacional, dicha firma la integran William Crone (presidente), John Hull Clarke (secretario) y Howard Lewis (tesorero).
A Hull se le señaló en los años ochenta como colaborador de la contrarrevolución nicaraguense desde territorio tico.
La deuda está fundamentada en una cédula hipotecaria de primer grado por ¢25 millones, expedida por la citada sociedad el 5 de octubre del 2000 a favor de Chavarría.
Esta fue garantizada con la finca del partido de Alajuela con folio real 170631000, el mismo inmueble que ocupan los habitantes de Caño Castilla.
De acuerdo con Arce, se buscó un arreglo con Chavarría, pero no ha sido posible.
Ahora, se agrupan y buscan ayuda para reunir dinero, al menos para participar en el remate.
"Por lo menos llevar la mitad -¢12,5 millones-. La idea es que el pueblo vaya con pancartas, que le hagan saber a cualquier persona que quiera meterse al remate que la tierra no está libre ahí", añadió el abogado.
"Tengo fe de que algo haremos para no perder lo que tanto nos ha costado", dijo María Reyes Torres, parcelera de 70 años.
Para la maestra Erika Hernández, la mayor angustia es pensar en el futuro de los 50 alumnos de la escuela, que está en ampliación.
(Publicado por EFE y La Nación – Costa Rica, 24 de Mayo de 2011)
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