Embargo
Piden embargar bienes de Petropar en Argentina
La firma argentina Texos SRL inició procesos judiciales tendientes a trabar embargo sobre bienes de Petropar en la Argentina a los efectos de cobrar una indemnización de US$ 14 millones, a raíz de la ilegal cancelación de una licitación convocada para la provisión de gasoíl por vía terrestre. La empresa estatal se había negado inexplicablemente a firmar el contrato respectivo.
Datos proporcionados por el asesor jurídico de Texos, Javier Balbuena Estigarribia, revelan que el objetivo de la medida cautelar es el cobro de sumas debidas en concepto de gastos realizados y pérdida de expectativa razonable, a raíz de la “frustración intempestiva” de la citada adjudicación. Señaló que las medidas de caución se harán efectivas sobre el bien inmueble denominado catastralmente C4 S MZ CH. Qta. Fr. Parc. 509 AG., registrado en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a nombre de Petróleos Paraguayos.
Precisamente, la Contraloría General de la República advirtió hacia fines del año pasado a la petrolera estatal que con la revocación ilegal de la adjudicación se exponía a una demanda por daños y perjuicios. Los antecedentes señalan que Texos SRL fue la legítima ganadora y adjudicataria de la Subasta a la Baja Electrónica Nº 168, del 10 de diciembre de 2009, habiendo presentado “la mejor y más conveniente oferta”, según la resolución de Petropar (Nº 449/09), firmada el 23 de diciembre de 2009, por el dos veces imputado titular de la petrolera, Juan González Meyer.
Luego de la adjudicación, no obstante, recibió la solicitud del entonces director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Federico Salgueiro, de prorrogar el plazo de la firma del contrato, supuestamente para gestionar la emisión de la carta de crédito, divisible y transferible, por el valor total del contrato. La proveedora, que había resultado triunfadora del llamado, en el que compitió con otras oferentes, accedió al pedido de la estatal por un lapso de 20 días hábiles, con lo cual la suscripción del contrato fue trasladada al 19 de febrero de 2010. Pero, tras el vencimiento del plazo y pese a las intimaciones formalizadas, Petropar no comunicó ni señaló el día ni la hora para la suscripción del documento.
Al dilatarse la suscripción del contrato, Texos SRL denunció el hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que abrió una investigación sobre el caso. En el marco del procedimiento, sustanciado entre febrero y marzo del año pasado, Petropar respondió a la DNCP, por ejemplo, que “no quería suscribir un contrato de US$ 68.000.000 con una empresa que posee un capital de 10.000 pesos de la Argentina”, a pesar de que no afrontaba riesgo alguno con la mencionada operación, ya que contaba con todas las garantías legales para su fiel cumplimiento, además de las ventajas obtenidas en el precio del combustible, como la garantía de mantenimiento de oferta, según póliza Nº 1508 03669, emitida por El Comercio Paraguayo SA Compañía de Seguros, a favor del ente estatal. Cabe señalar que el capital asegurado era de US$ 2.100.000.
Perjuicios económicos
El asesor jurídico de la adjudicataria informó que la demanda fue motivada por el hecho de que las empresas consortes de Texos han iniciado acciones legales contra la firma, en virtud de las acciones asumidas por Petropar, que han perjudicado a las empresas vinculadas, por lo que se reclaman perjuicios económicos cercanos a US$ 4.000.000, más los intereses y costas. Por otra parte, Texos ha subrogado a la firma reclamante Chenyi SA sobre los derechos emergentes de la adjudicación revocada, a los efectos de que pueda reclamar directamente a Petropar respecto del citado incumplimiento.
Balbuena recuerda que el 22 de setiembre del año pasado ha hecho el correspondiente reclamo a Petropar, a los efectos de resarcir los daños causados por la empresa del Estado, que según la declaración presentada asciende a US$ 10.000.000, sin contar intereses a la fecha, costos y costas de los juicios a iniciarse.
Advertencia
La Contraloría General le informó a la administración de Petropar en noviembre pasado que la cancelación de una licitación es legal. Pero le advirtió que una decisión de esa naturaleza debe estar fundada en “motivos que puedan ser probados legalmente”, lo que en el caso que nos ocupa Petropar no pudo establecer claramente, por lo que enfrenta una demanda.
(Publicado por El Diario ABC - Paraguay, 7 de Febrero de 2011)
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