Ecuador: Temas de banca y medios irán a consulta

La propuesta del Gobierno para la consulta popular se parece al sombrero de un mago. La idea arrancó con la intención de reformar los códigos penales para combatir la inseguridad, pero ahora se sumarán otros temas diversos y polémicos.

Estos son la reestructuración de la Función Judicial, la propiedad de los medios de comunicación, los negocios de los banqueros, la explotación del ITT y la vigencia del amparo constitucional.

El anuncio lo hizo ayer el presidente, Rafael Correa, durante el enlace que se realizó en la ciudad amazónica de Baeza, en Napo. En su intervención se mostró confiado en que tendrá el apoyo para sacar adelante su propuesta.

El texto de la consulta aún se pule en Carondelet. Está previsto que sean por lo menos 10 preguntas y que mañana sean enviadas a la Corte Constitucional. En ese momento arrancará un proceso que puede durar 90 días hasta que los ecuatorianos sean convocados a las urnas.

Para el Mandatario, la consulta será la oportunidad de cambiar varias cosas que, a su criterio, no están caminando correctamente.

La principal es el sistema judicial. El Régimen apuesta a una reestructuración, que arrancará con un cambio total del Consejo Nacional de la Judicatura.

La intención es formar una comisión con delegados de la Asamblea, del Ejecutivo y del Poder Judicial, que tenga la facultad de reestructurar las cortes, crear más tribunales y reemplazar a los jueces que se encuentre en funciones prorrogadas. Esta idea empezó a causar rechazo desde sectores de derecha y de izquierda, pues se considera como un nuevo intento de politizar las cortes.

Otro tema en la agenda del Gobierno es la aplicación de los amparos constitucionales, una figura legal que pretende proteger a los ciudadanos de las decisiones de las autoridades públicas.

Otra temática es la explotación de las reservas petroleras en el Yasuní. Esta zona es una de las más megadiversas del planeta, por eso se apostó a mantenerla intacta a cambio de la ayuda económica del mundo. Hasta el momento, el proyecto no ha despegado. Por ejemplo, en el 2009 recaudó el 40% de lo presupuestado en su primer año, según el Gobierno.

Las otras interrogantes que planteará el Ejecutivo son: si los banqueros puedan tener acciones o negocios que sean ajenos al sistema financiero. Para el Gobierno estas inversiones pueden provocar un cruce de intereses.

Además, si los medios de comunicación, solo puedan tener negocios vinculados a ese sector.

Para el ex juez, Mauro Terán, la propuesta de la consulta creará un caos constitucional que afectará al país. Mientras que para el asambleísta de Alianza País, Mauro Andino, existe el respaldo legal para que el Presidente pudiera usar la consulta y hay que esperar para conocer el texto de las preguntas y si ellas son aprobadas por la Corte Constitucional.

El procedimiento legal

La Presidencia de la República deberá enviar el texto de la consulta a la Corte Constitucional para que sea aprobado por el Pleno de ese organismo.

La Corte Constitucional debe determinar la legalidad de las preguntas. En el caso de que se intente realizar una reforma a la Carta Magna, el texto debe remitirse a la Asamblea Nacional, para que apruebe las preguntas.

En la Corte Constitucional uno de los jueces debe preparar un informe de la legalidad del tema. Su análisis es discutido y aprobado en el Pleno. La Corte Constitucional está presidida por Patricio Pazmiño, quien ha sido cercano al presidente Rafael Correa.

Si el texto es aprobado por la Corte Constitucional, el texto de la consulta debe enviarse al Consejo Nacional Electoral. El organismo es el encargado de organizar y convocar a la consulta.

El Consejo Electoral tiene siete días para convocar a la consulta. El referéndum deberá cumplirse en un plazo no mayor de 60 días, desde que se remita el expediente desde la Corte Constitucional.

En ese tiempo, el Consejo Electoral deberá organizar la promoción de la consulta, definir las franjas publicitarias. Además, contratar la impresión de papeletas, la capacitación de las juntas electorales y del conteo de los resultados

Puntos de vista

Enrique Herrería Asambleísta PSC, considera que el presidente "Correa no respeta la Constitución que él hizo"

Rafael Correa se ha revelado en cuerpo entero, en su intento para consagrar en el Ecuador una dictadura. No respeta la Constitución que él hizo, en la cual se determina el procedimiento por el cual se designa a los jueces. El propósito del Presidente de la República es otro, con esto se quiere garantizar la inmunidad para todos los actos de corrupción que ocurren en el Gobierno. Y a su vez utilizar a estos jueces, que él pretende nombrar, para que persiga a sus adversarios políticos.

Rafael Correa, Presidente de la República, argumento "me van a acusar que quiero meter las manos en la Justicia, sí voy a meter las manos, pero por el bien del pueblo”.

Juan Cuvi, Sociólogo, dice que el cambio judicial no debe ir a la consulta toda vez que es "un tema tan complejo y serio como la reestructuración de la Función Judicial no puede ser incluido en una consulta popular. Porque eso es apelar al sentimiento y la inconformidad de la gente, que no creo que esté en condiciones de decidir sobre este tema que requiere otro tratamiento. La consulta popular para eso es un error. Creo que las consultas populares deben ser utilizadas para otros proyectos. La Constitución es la encargada de regular las estructuras del sistema Judicial".

(Publicado por El Comercio – Ecuador, 10 enero 2011)
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