Justicia de Uruguay dice que decreto de las seis horas "no violenta" derecho de funcionarios

La Justicia desestimó ayer la acción de amparo presentada por COFE contra el decreto que obliga a trabajar seis horas diarias. En el gobierno dicen que el fallo "fortalece" al Poder Ejecutivo en el marco de esta polémica con los estatales.

"Nos están matando, doctor", le dijo al pasar uno de los funcionarios que firmó la acción judicial al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, poco antes de ingresar a la audiencia en la que la jueza de lo Contencioso Administrativo, Cristina Cabrera, rechazó la acción impulsada por los estatales.

La acción de amparo, presentada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) implicó a 78 funcionarios de los ministerios de Trabajo y Turismo y de la Biblioteca Nacional, que tienen grado de profesionales universitarios.

En la demanda, los funcionarios alegaron que el decreto del Poder Ejecutivo (que entra en vigencia el próximo 1° de diciembre) y que los obliga a trabajar seis horas diarias, los perjudica porque no se prevé una compensación salarial.

También plantearon que en su condición de profesionales, que a su vez se desempeñan en la órbita privada, la nueva carga horaria los hará renunciar a sus otras actividades.

Sin embargo, ayer, a 13 días de que el decreto comience a estar operativo, el gobierno recibió un fuerte respaldo a su posición: la jueza Cabrera desestimó la acción de amparo patrocinada por COFE.

La magistrada, luego de escuchar a las partes en sus respectivos alegatos orales, concluyó en su sentencia que la "reorganización horaria" que prevé el decreto "no violenta" el régimen jurídico que les es aplicable a los funcionarios.

La jueza también señaló en su fallo que la administración "puede dentro de sus facultades discrecionales" modificar los regímenes laborales de los funcionarios públicos.

Asimismo, para Cabrera "no se advierte tampoco la violación del derecho al trabajo o del derecho a la debida remuneración salarial" planteada en la acción de amparo.

Del mismo modo, la jueza sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo está enmarcada en la "aplicación de normas de buena y sana administración" y que se ajustan "al régimen estatutario que constitucional, legal y reglamentariamente corresponde" a los 78 funcionarios reclamantes.

La sentencia de la jueza Cabrera es la primera resolución judicial que se pronuncia sobre la legalidad y legitimidad del Poder Ejecutivo para modificar los regímenes laborales de los funcionarios públicos.

Si bien la semana pasada el juez de Rivera, Marcelo Souto, había emitido una resolución rechazando una acción de amparo presentada por un abogado del Ministerio de Trabajo, ese fallo no hizo referencia al tema de fondo, sino que descartó la acción a raíz de problemas formales.

La jueza Cabrera también estableció en su sentencia que los funcionarios tienen otras vías para impugnar la legalidad del decreto del Poder Ejecutivo. En ese sentido, pueden recurrir la nueva normativa desde el punto de vista administrativo o iniciar reclamaciones civiles.

"Fortalecidos"

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien en su condición de abogado fue uno de los representantes del Poder Ejecutivo, subrayó al retirarse del juzgado la importancia que tiene para el gobierno la resolución de la jueza Cabrera. "Como Poder Ejecutivo hemos salido sumamente fortalecidos", dijo.

"Esto es el comienzo en materia de vínculos laborales en el Estado de un ordenamiento que entendemos que es razonable y lógico para hacer un Estado más eficiente, equitativo y al servicio de la ciudadanía", consideró Breccia.

El jerarca señaló que el objetivo que persigue el gobierno es que "el funcionario cumpla con el régimen de seis horas diarias mínimo de labor". Y eso, a vista de la sentencia de la jueza Cabrera, se cumplirá por lo menos en el caso de los 78 funcionarios del escalafón A y B (en su mayoría abogados y escribanos) que impulsaron la acción de amparo, dijo Breccia.

Alegatos

Antes de que la magistrada Cabrera emitiera su sentencia, el Poder Ejecutivo y COFE enfrentaron sus posiciones en una audiencia de alegatos orales que se extendió durante más de dos horas.

En ese marco, las abogadas Ana Santestevan y Gabriela Cabral (que junto a Breccia representaron al Poder Ejecutivo) destacaron que el decreto es legal y que se redactó según la legislación vigente.

Así, los representantes del gobierno señalaron que existen normas que prevén que los funcionarios públicos pueden trabajar hasta un máximo de 40 horas semanales.

COFE, por su parte, a través de los abogados Daniel Parrilla y Alicia Artigas, planteó que en el caso de los 78 demandantes (funcionarios de los ministerios de Turismo y Trabajo y de la Biblioteca Nacional) existen regulaciones internas que hacen que la carga horaria que les corresponda sea de tres y cuatro horas diarias, según el caso.

Los abogados de COFE también alegaron que el nuevo régimen horario establecido por decreto para la Administración Central no respeta órdenes de servicios de varios organismos ni tampoco un convenio colectivo firmado en 2008.

Cobran por más horas de las trabajadas

En la audiencia realizada ayer, la jueza Cristina Cabrera intentó llegar a una conciliación entre los representantes de COFE y del Poder Ejecutivo. Esa opción no tuvo eco, por lo que la magistrada tuvo que seguir adelante con el trámite de la acción de amparo.

En ese momento, las abogadas Ana Santestevan y Gabriela Cabral, en representación del Poder Ejecutivo, pidieron que se envíe un oficio a la Contaduría General de la Nación (CGN) para que informe la carga horaria establecida en el caso de los demandantes, en función de lo que figura en los padrones presupuestales.

De esa forma, el Poder Ejecutivo planteó que los funcionarios, si bien cobran por 30 o 40 horas semanales, en realidad trabajan, en su mayoría, 20 horas por semana.

El planteo de enviar un oficio a la CGN reclamando esa información fue cuestionada por los funcionarios. Ante ello, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que si los trabajadores "admiten que cobran por 40 horas" el Poder Ejecutivo no tendría inconveniente alguno en renunciar al diligenciamiento de esa prueba. La jueza resolvió seguir sin esa información.

El abogado de COFE, Daniel Parrilla, sostuvo que sus representados cobran en función de las horas que efectivamente trabajan y no por más.

El Nuevo régimen horario

El decreto objetado por los funcionarios, aprobado por el Poder Ejecutivo el pasado 26 de octubre, busca "uniformizar" el horario de atención en las oficinas de la Administración Central, así como "establecer nuevos criterios para el control del deber de asistencia y la sanción de su incumplimiento", explica en su introducción.

El punto más cuestionado por los trabajadores es el relativo a la extensión de la jornada laboral que, según lo que dispone el decreto, "no podrá en ningún caso tener un horario inferior a seis horas diarias de labor ni abarcar menos de 30 horas semanales".

Otro aspecto regulado en la nueva normativa tiene que ver con la permanencia en los puestos de trabajo. "Los funcionarios de la Administración Central deberán concurrir diariamente a sus oficinas y permanecer en ellas durante todo el tiempo establecido en los horarios respectivos, salvo las salidas ordenadas u autorizadas por su jefe o superior debidamente justificadas y documentadas", se establece.

En cuanto a las llegadas tarde, se prevé una tolerancia mensual de 60 minutos. Pasado ese tope, los funcionarios "sufrirán el descuento de sueldo correspondiente a la demora total ocurrida".

El decreto del gobierno también hace especial hincapié en la obligación de los jerarcas de controlar la asistencia y permanencia en sus puestos laborales de los funcionarios. Para eso, establece una escala de sanciones que va desde la observación hasta la suspensión por el plazo de 180 días, en función de la reiteración de las faltas.

Estatales coparon la sede judicial

Los 78 funcionarios de los ministerios de Trabajo y Turismo y de la Biblioteca Nacional que reclamaron la ilegalidad del decreto que los obliga a trabajar seis horas, abarrotaron las instalaciones de la sede judicial ubicada en San José 1132 esquina Gutiérrez Ruiz, ya que todos debieron cumplir con el trámite formal de firmar la demanda ante la magistrada Cristina Cabrera.

Eso hizo que el cuarto piso del juzgado fuera ocupado durante varios minutos por los trabajadores. A raíz de ello, y con motivo de la gran cantidad de personas, por momentos quedaron bloqueados los dos ascensores del juzgado.

Por orden de la jueza Cabrera, los funcionarios fueron pasando a su despacho en tandas de tres para firmar la demanda. Ese proceso insumió más de media hora, y recién después la magistrada dio comienzo a la audiencia, que se extendió durante más de dos horas.

"Cuando necesite un abogado o un escribano seguro voy a tener uno", bromeó al dirigente sindical Alejandro Laner, quien junto al abogado de COFE, Daniel Parrilla, se ocupó de organizar a los funcionarios para que fueran ingresando a firmar la demanda. El comentario de Laner hacía referencia a que los demandantes eran todos profesionales universitarios, y en su mayoría con el título de abogados o escribanos.

Mientras tanto, rodeado por los funcionarios, esperaba para ingresar a la sala de audiencias el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien asistió en representación del Poder Ejecutivo y además, en su condición de abogado, ejerció la defensa del gobierno.

(Publicado por El País – Uruguay, 18 noviembre 2010)
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