Contratos
Ecuador: La negociación de contratos mineros con 4 puntos críticos
En el proyecto Fruta del Norte. Kinross Aurelian perforó 25 000 m de roca el último año para ubicar el yacimiento de oro a explotar. Cortesía: Kinross Aurelian
La explotación minera a gran escala en el Ecuador podría arrancar a finales del 2012. Ello se cumplirá siempre y cuando se firmen los primeros contratos con los proyectos que el Gobierno ha determinado como estratégicos y que al momento han finalizado la etapa de exploración avanzada o están en ese proceso.
En ese camino se encuentran los proyectos Mirador, de la empresa china Ecuacorriente, con reservas de cobre; y Fruta del Norte (FDN) bajo la operación de Kinross Aurelian, con reservas de oro y plata. Ambos están ubicados en Zamora Chinchipe.
Si bien en meses pasados las autoridades del Régimen manifestaron que este año iniciarían la negociación de estos contratos, la versión gubernamental se ha tornado aún más optimista.
El ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, indicó a finales de septiembre, en el marco un seminario sobre inversión en el país, que se espera que la negociación concluya y que los contratos se firmen antes del 2011.
“El plazo es optimista, pero para avanzar hay que tener metas claras”, opinó el gerente de Ecuacorriente, Ian Harris. Más aún si la principal referencia de negociación contractual es el proceso que el Régimen ha llevado con las empresas petroleras y que luego de tres años no ha logrado concluir.
Harris menciona que el petrolero es un escenario distinto al minero, y que la firma de los contratos podría resolverse en menos de tres meses.
Cuatro son los puntos críticos en la negociación con Kinross y Ecuacorriente, la cual pudiera comenzar este mes de noviembre.
El primero es determinar el porcentaje de regalías para el Estado. Según la Ley Minera, este valor será de al menos el 5% de las ventas generadas por las compañías que exporten minerales.
El porcentaje que se defina podrá asegurar la rentabilidad de un proyecto y atraer mayor inversión al sector o, por el contrario, desmantelar su modelo económico y ahuyentar el ingreso de nuevas empresas mineras al país, indicó la titular de la Cámara de la Minería de Ecuador, Laura Zurita.
Un segundo aspecto crítico es la repartición de las utilidades extraordinarias. De acuerdo con la Ley Minera, el Estado recibirá el 70% de las ganancias adicionales que se generen por un incremento en el precio de los minerales, mientras que la empresa se quedará con el 30%.
El contrato deberá determinar el precio base del metal explotado, en función del cual se determinará cuándo arrancan las utilidades extraordinarias.
Harris mencionó que no hay antecedentes de este tipo de impuesto en los contratos mineros, debido a que las inversiones en el sector son de largo plazo y los precios del oro y del cobre tienden constantemente a fluctuar.
Añadió que las ganancias extraordinarias (o ‘windfall taxes’, en inglés) cubren las pérdidas que puede generar la actividad minera en períodos de precios bajos.
Otros dos puntos sensibles son los gastos deducibles del Impuesto a la Renta y el marco de protección para los inversionistas.
Para el vicepresidente de Asuntos Externos de Kinross Aurelian, Dominic Channer, este es un tema de preocupación, ya que varios tratados de protección de inversiones entre el Ecuador y la comunidad internacional han sido denunciados en la Asamblea.
Sin embargo, advirtió que el tratado con Canadá aún no ha sido denunciado y que el Gobierno ha informado de una serie de protecciones en el proyecto de Código de la Producción, cuyo primer debate está previsto llevarse a cabo hoy en la Asamblea.
Las empresas mineras aún no han recibido un modelo de contrato, pero el Gobierno les ha anunciado que será socializado en las próximas semanas.
Tanto Ecuacorriente como Kinross esperan iniciar la negociación hasta diciembre próximo.
Fuentes cercanas al Régimen indicaron que el Ministerio de Recursos No Renovables tiene listo desde el mes pasado un primer borrador del modelo de contrato.
Solo en la construcción de las minas para los proyectos Mirador y Fruta del Norte se prevé una inversión de más de USD 1 000 millones en dos años y el empleo directo de más de 2 000 personas.
Dos requisitos para Mirador
El inicio de la actividad de explotación de Ecuacorriente en el proyecto Mirador depende de la firma del contrato con el Estado.
Al momento la compañía, que pasó a ser de capital chino en junio pasado, ha finalizado la fase de exploración avanzada y pidió al Ministerio de Recursos No Renovables el cambio para iniciar la etapa de explotación.
Para ello, necesitan una licencia del Ministerio del Ambiente, que será otorgada luego de la presentación de un estudio de impacto ambiental. Un segundo elemento es la entrega de un estudio de factibilidad al Ministerio de Recursos No Renovables, donde se determina cuál es el recurso mineral del proyecto y cómo será explotado. De darse la firma del contrato en los próximos meses, Ecuacorriente iniciará la construcción de la mina a cielo abierto del proyecto mirador en el primer trimestre del 2011 y la construcción de una planta procesadora de roca, que además separará el cobre contenido del mineral extraído en bruto.
Kinross sigue en exploración
El proyecto Fruta del Norte, a cargo de Kinross Aurelian, aún se encuentra en fase de exploración avanzada. Desde noviembre del 2009 hasta el momento se han perforado 25 000 metros de roca para obtener muestras que determinen la posición del yacimiento del proyecto. Esta actividad continuará durante el 2011 pero con las construcción de una rampa de 2 kilómetros de largo y 5 metros de altura, que descenderá 400 metros por debajo de la superficie.
Esta entrada servirá para nuevas perforaciones. La obra demorará un año y para el 2012 se prevé comenzar la construcción de la mina. Paralelamente, Kinross trabajará en el 2011 en el cambio de fase de exploración avanzada a explotación, con la entrega del estudio de impacto ambiental y de factibilidad.
Sin embargo, el vicepresidente de Asuntos Externos de Kinross Aurelian, Dominic Channer, resalta que ello no es un impedimento para que se negocie desde ya el contrato con el Estado.
(Publicado por El Comercio – Ecuador, 4 noviembre 2010)
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