Contratos
Las petroleras tienen 6 observaciones a nuevos contratos de Ecuador, rechazan dejar el Arbitraje
Cerca de una hora y media tardó la primera reunión entre el equipo negociador del Gobierno y 38 representantes de las 15 compañías petroleras que migrarán sus contratos del modelo de participación a prestación de servicios.
El encuentro se realizó a puerta cerrada en el auditorio del Ministerio de Recursos No Renovables, con el objetivo de dar a conocer a las empresas qué tipo de observaciones al modelo de contrato podrían ser acogidas y cuáles serían rechazadas. Según miembros cercanos a las negociaciones, las compañías presentaron más de 100 inquietudes y observaciones al modelo contractual.
Aunque las petroleras no hicieron declaraciones oficiales respecto al tema, los delegados de las empresas señalaron como principal preocupación la rigidez de la tarifa que se pagará por los servicios de exploración y producción de hidrocarburos.
También rechazaron la obligación de renunciar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), contemplado en el contrato, en caso de tener discrepancias con el Estado.
El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, indicó que la variación de la tarifa no diferirá directamente en función del precio del petróleo, sino que se ajustará anualmente con la inflación internacional de los costos de producción de hidrocarburos.
Advirtió que la tarde del miércoles se iniciarían las negociaciones con Repsol y que la próxima semana se reunirá con las empresas para entregar un nuevo borrador a las empresas. En este se pulirán aspectos de forma dentro del contrato como la participación de consultores externos cuando existan discrepancias.
Pástor dijo que el Gobierno aspira a llegar a un acuerdo con las compañías respecto al modelo del contrato —a excepción de la tarifa y el plan de actividades— hasta la segunda semana de septiembre. El plazo para la suscripción de los nuevos contratos vence en noviembre próximo para los bloques grandes y en enero del 2010 para los contratos marginales.
Más sobre el contrato
El modelo contractual enviado a las empresas petroleras consta de 34 cláusulas donde se definen las condiciones de la figura de prestación de servicios.
El plazo de duración del contrato no está definido en el modelo y será un tema de negociación individual con cada compañía. Lo mismo sucederá con la tarifa a pagarse por las actividades de extracción de crudo.
El plan de actividades y el programa de inversiones de las empresas deberán ser aprobados por la Secretaría de Hidrocarburos. El cumplimiento de estos planes estará garantizado por la tarifa.
El modelo especifica también temas tributarios, ambientales y de seguros.
Las reuniones son dirigidas por el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, quien debe dar respuesta a las observaciones que hicieron las empresas al modelo de contrato propuesto por el Gobierno, denominado de prestación de servicios.
El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que las petroleras tienen plazo hasta noviembre para firmar los nuevos contratos, de lo contrario deberán dejar el país. De acuerdo con técnicos del Ministerio de Recursos No Renovables, que pidieron la reserva, las empresas han realizado seis observaciones principales al modelo del contrato.
Las compañías buscan que en el nuevo contrato se incluya una cláusula de “equilibrio económico”. Esta serviría para que la tarifa se ajuste si existieran reformas tributarias.
Según los técnicos, las empresas buscan que la tarifa esté atada a la variación de los precios del petróleo en el mercado. Ello contrapone las aspiraciones del Gobierno que busca que el Estado conserve los beneficios del incremento en el precio del barril de crudo.
Las compañías también rechazan que el contrato fije la rentabilidad para las actividades nuevas de exploración o recuperación mejorada. La cláusula 12 del modelo contractual establece una rentabilidad del 20% sobre las inversiones para estas actividades.
Además, no están dispuestas a renunciar a los centros internacionales para resolver las controversias con el Estado.
El modelo establece que las compañías deben dar por terminados estos reclamos.
Repsol es una de las firmas que tiene una demanda arbitral ante el Ciadi, por US$ 400 millones. El conflicto comenzó con la expedición de la Ley 42, que estableció que el 99% de los excedentes por los precios altos del petróleo vayan al Estado.
La cláusula 19 del nuevo modelo de contrato determina la creación de un Comité de Operación para cada contrato, conformado por dos representantes del Ministerio y dos de la empresa operadora. Este comité analizará los planes, programas y presupuestos anuales de las compañías y recomendará su aprobación a la Secretaría de Hidrocarburos. Las compañías buscan que lo que diga este comité sea vinculante.
También piden que sean vinculantes los dictámenes de consultores que puedan ser requeridos para pronunciarse respecto de controversias técnicas que tengan las compañías y el Gobierno.
Finalmente, las petroleras han pedido que en materia ambiental, el ente rector sea la Secretaría de Hidrocarburos y no el Ministerio del Ambiente.
El precio del barril de crudo bajó ayer a US$ 71,63
Los precios del petróleo registraron nuevamente fuertes pérdidas ayer en la Bolsa de Nueva York, luego de caer a su nivel más bajo desde junio, en un mercado que continúa deprimido ante la desaceleración de la reactivación económica mundial.
El barril de petróleo tipo WTI (referencial para el crudo ecuatoriano) cerró en USD 71,63. Lo que representó una baja de US$ 1,47 en relación al lunes pasado.
Los precios, que superaban los US$ 80 a comienzos de agosto, llegaron a un piso que no tocaban desde junio pasado.
El mercado se vio afectado por la información difundida ayer sobre la venta de viviendas usadas en EE.UU. que cayó en julio a sus niveles más bajos desde 1995.
Este escenario repercutió directamente en el precio del barril del crudo ecuatoriano tipo Oriente.
Este último se cotizó ayer en US$ 64,4 ya que tiene un diferencial de US$ 7,5 respecto al barril WTI.
Este precio se encuentra por debajo de las estimaciones del presupuesto del Estado que para este año preveía un barril de USD 65,9.
La cifra
Unos US$ 1.200 mlls., calcula el gobierno ecuatoriano que costaría la expropiación de los campos petroleros privados.
(Publicado por el Comercio – Ecuador, 26 agosto 2010)
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