Colombia: Los contratos de estabilidad jurídica causan desequilibrios

Desde que entró en vigencia la Ley 963 de 2005 y hasta la fecha se han suscrito 56 contratos de estabilidad jurídica frente a los cuales existe una gran controversia.

Si bien tienen acogida entre muchas compañías, expertos coinciden en que el nuevo gobierno los debe dejar de otorgar.

Especialistas de firmas como Anif, Fedesarrollo, Econcept y tributaristas consideran que dichos contratos generan graves desequilibrios entre las empresas y golpean el recaudo de tributos.

Por el contrario, según reportes del Ministerio de Comercio estos acuerdos marchan por buen camino ya que estos implican compromisos de inversión por 16,13 billones de pesos. "En 2009 se han ejecutadas 7,69 billones de pesos, es decir, cerca de 47,6 por ciento de lo pactado con los inversionistas", precisó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata.

Pero mientras el gobierno destaca la inversión, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, considera que estos contratos dan estabilidad tributaria para unos pocos, es especial porque se manejan de forma discrecional.

Lo que prevé Clavijo es que estos acuerdos terminarán por forzar el incremento de las tasas generales de imporrenta-IVA, desvirtuando el principio de estabilidad tributaria en la que es fundamental tener bases amplias de contribuyentes y tasas bajas del gravamen.

Según análisis de Anif el recaudo tributario del gobierno central es cercano a 14 por ciento del PIB en años recientes, promedio considerado bajo debido a que se ha expandido el PIB-real a tasas promedio de 5,5 por ciento anual en el período 2003-2007.

Para Clavijo este bajo promedio obedece a una clara "perforación" de la base tributaria a manos de la maraña de exenciones, iniciadas con los descuentos hasta de 40 por ciento en la tasa de imporrenta y agravados hacia el futuro con las zonas francas y los "contratos de estabilidad tributaria".

En su conpcepto las exenciones son dádivas innecesarias debido a que el grueso del empresariado colombiano ya venía reinvirtiendo entre 20 por ciento a 30 por ciento de sus utilidades en maquinaria y equipo.

El decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, ve como inconveniente el hecho que los contratos tengan una gran implicación tributaria.

"Puede haber estabilidad jurídica con componentes como garantías de seguridad, ambiental y de políticas para las empresas, pero sin comprometer un tratamiento preferencial en materia de impuestos", explicó Gaviria.

El directivo considera que estos acuerdos le dan ventajas a las empresas que los firman porque las demás compañías deben asumir los cambios que se definan en materia de impuestos sin ninguna consideración especial.

Gaviria agregó que el propósito de gobierno de estimular la inversión se puede hacer sin firmar estos contratos.

"El gobierno entrante debe evaluar los contratos y establecer si los deja o modifica las condiciones que se han fijado para otorgarlos", dijo.

A su turno, el ex director de Impuestos de la Dian, Horacio Ayala, dijo que cada contrato es diferente y que esto complica la labor de vigilancia y control de la Dian.

"El régimen tributario es muy extenso y diverso y con contratos como estos se obstaculiza a la Dian".

Ayala explicó que por el momento no se conoce exactamente cuánto deja de recibir el Estado por cuenta de los acuerdos firmados. Los efectos de los contratos sólo se empiezan a notar cuando cambien las normas sobre las que hay compromiso de estabilidad.

En general, los especialistas recomiendas que se mantengan los contratos que ya se firmaron ya que si se cancelan el Estado tendría que pagar un alto costo en indemnizaciones.

Cabe recordar que se han presentado varias demandas ante la Corte Constitucional con miras a que se declare inexequible la ley que autorizó los contratos de estabilidad jurídica.

Estas demanda alegan que el Congreso no puede enajenar su capacidad de establecer un régimen tributario integral y aplicarlo a todos los contribuyentes. Lo que se espera con estos litigios es que se eliminen o reduzcan los privilegios "estabilizados" en los contratos.

(Publicado por La República – Colombia, 20 julio 2010)
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