Justicia
Paraguay: La Cancillería reacciona y denunciará al juez Tadeo Zarratea ante el Jurado
De “industria floreciente” califica, irónicamente, el asesor legal de la Cancillería a las demandas de funcionarios cesados en funciones contra el Estado. Dijo que denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez en lo laboral Tadeo Zarratea, por embargar “arbitrariamente” las cuentas del Ministerio en el BNF. Está envuelto en el caso Víctor Peña Bareiro.
Uno de los casos ya resueltos por el juez del Quinto Turno en lo Laboral, Tadeo Zarratea, involucra a Víctor Peña Bareiro (actual director general de Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores), quien siendo en el año 1998 ministro de embajada en la representación diplomática paraguaya en Buenos Aires, fue cesado por el gobierno de Luis González Macchi.
Consiguientemente, promovió una acción judicial exigiendo el pago de salarios caídos desde 1999 a 2005, año en que fue repuesto como funcionario de Relaciones Exteriores. Reclama 430.000 dólares americanos. Así recordó ayer el director de Asuntos Legales de la Cancillería, Carlos Fleitas, al ser consultado acerca de la denuncia de Héctor Lacognata, quien declaró que la cartera soporta actualmente 80 demandas de funcionarios por un valor total superior a los 20 millones de dólares.
Preguntado qué hará en su condición de asesor legal ante esta situación, Fleitas consignó que la Ley 1493 –que establece el procedimiento para las demandas en contra del Estado– expresa en su Art. 716 Inc. “E”, que son inembargables los bienes y rentas del Estado.
Afirmó luego que en todo caso, si eventualmente un accionante obtuviera, vía judicial, cobrar una suma determinada en concepto de salarios caídos, la misma debe estar prevista en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el pago, pero al año siguiente de dicha previsión presupuestaria.
Requerido cómo es que la Cancillería formula ahora la denuncia cuando en el caso Peña Bareiro ya se expidió el juez de la causa, Fleitas aseguró que “apartándose de lo que establece la mencionada norma, el juez dictó una resolución totalmente arbitraria, ilegal y en contraposición de dicha disposición que señala que esta ley no entra en vigencia cuando se trata de demandas laborales”.
Precisó que “fuera de toda normativa vigente”, Zarratea trabó embargo en contra de dos cuentas de la Cancillería en el Banco Nacional de Fomento (BNF) por la suma de 430.000 dólares americanos, cifra que supuestamente hay que pagar al demandante.
Recordó que Zarratea afirmó en su resolución haber adoptado la decisión “independientemente de la jurisprudencia establecida por los juzgados y tribunales’. O sea, él se apartó de ese criterio para crear uno propio”, resaltó.
Señaló que si este criterio sustentaran los demás jueces en las demandas instauradas por funcionarios o ex funcionarios, todas las instituciones públicas no podrían ejercer su función establecida por la ley, porque cualquier persona que demande podría trabar embargo sobre las cuentas de cualquier institución pública, ministerio, ente autárquico o municipalidades
Preguntado qué harán ante la referida decisión judicial, el abogado respondió que apelarán y recusarán al magistrado a más de las acciones que puedan emprender la Procuraduría General de la República.
Temen a los jueces venales
El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, reveló el martes último, que la cartera a su cargo enfrenta actualmente 80 demandas judiciales instauradas por funcionarios cesados tanto del servicio exterior como del plantel local, por un valor superior a los 20 millones de dólares, “incluso algunos juicios aún no cuantificados”. Sostuvo que es muy peligrosa la “modalidad” surgida en este orden, pues pone en riesgo cuantiosas sumas de dinero, que en el caso de la Cancillería es bastante reducida en el presupuesto. Advirtió que “en connivencia con algún juez venal, de los tantos que hay, probablemente, se puede embargar hasta sueldos de los funcionarios que realmente trabajan”.
(Publicado por El Diario ABC – Paraguay, 24 junio 2010)
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