miércoles, 16 de junho de 2010


Ley

Paraguay promulga ley que bloquea bienes a víctimas de secuestro

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, promulgó el martes una ley que permite el bloqueo de los bienes de víctimas de secuestros y familiares, una medida que busca desalentar un delito que creció en el país la última década.

La norma que limita las operaciones bancarias que los familiares de las víctimas pueden realizar entre tanto dure el secuestro instruye además a los organismos de seguridad del Estado como únicos negociadores en caso de plagio.

En adelante, las entidades financieras deben informar sobre toda solicitud de préstamos o retiro de dinero que familiares realicen, bajo pena de una abultada multa.

El asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho, dijo a periodistas que la normativa, aprobada por el Congreso a finales de mayo, fue firmada por el presidente Fernando Lugo y será publicada hoy miércoles.

La ley fue presentada a finales del 2009 por un senador oficialista y apoyada por el Gobierno, pero no fue sancionada entonces debido a que el ganadero Fidel Zavala se encontraba secuestrado. Zavala estuvo tres meses en cautiverio y fue liberado tras el pago de un rescate de unos 600.000 dólares.

El Gobierno de Lugo enfrenta la presión del Congreso de mayoría opositora para mejorar la situación de la seguridad en el país, especialmente en la zona norte donde opera el grupo armado conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que sería responsable del secuestro de Zavala.

Lugo declaró en mayo un estado de excepción en la zona norte por 30 días, para intensificar las operaciones de búsqueda del EPP, que concluyó sin la captura de los principales cabecillas del grupo.

Lo que dice la Ley

La norma legal faculta al Ministerio Público tiene la facultad de disponer que los bienes del secuestrado y familiares sean congelados o asegurados. El objetivo de la ley es desalentar el secuestro con fines de lucro, teniendo en cuenta que desde el año 2001 (con el secuestro y posterior liberación de María Edith Bordón de Debernardi) fue creciendo peligrosamente en nuestro país.

La ley “antisecuestro” no solamente asegura los bienes de la víctima y sus familiares sino también aquellos bienes respecto de los cuales conduzcan como dueños. El aseguramiento o congelamiento incluye también las limitaciones de las operaciones bancarias porque se presumen que se podrían utilizar para pagar el rescate.

La disposición faculta al Ministerio Público elaborar un inventario de bienes de la persona secuestrada, de su cónyuge o concubina, de sus parientes dentro del cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad, y se dará inmediatamente aviso correspondiente a las oficinas de la Dirección General de los Registros Públicos, entidades bancarias, financieras, seguros, etc. Es decir, sin autorización del Ministerio Público no se podrán realizar movimientos de cuentas salvo para los gastos corrientes o deudas contraídas antes del secuestro.

Fuerte multa a bancos

La ley establece también que la entidad bancaria o financiera debe informar al Ministerio Público si familiares de un secuestrado o intermediario retiran o solicitan dinero en préstamo, con el mayor lujo de detalles (serie de billetes, etc.). En caso de que los bancos o financieras no proporcionen dicha información en un lapso de seis días, se les sancionará con 6.000 salarios mínimos, que equivalen a G. 8.453 millones (unos US$ 1.775.000).

Negociación directa

La ley expresa que queda única y exclusivamente a cargo de los organismos especializados del Estado, en coordinación con los familiares de las víctimas, todo contacto o negociación con los secuestradores.

A las telefonías

La disposición que entra en vigencia manifiesta también que la telefonía básica (Copaco) y las firmas de telefonía móvil deben adecuar su equipamiento y tecnología, conforme a la reglamentación que deberá ser dictada por el Ejecutivo y Conatel, para cooperar con el Estado en la defensa nacional y la seguridad interna. Para el Ministerio del Interior la ley es una herramienta para combatir secuestros.

(Publicado por El Diario ABC – Paraguay y Agencias, 16 junio 2010)
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