Justicia
Uruguay: Inhabilitación del instituto jurídico de la Universidad de Punta del Este genera caos 200 expedientes a la deriva
Unos 200 expedientes judiciales que se tramitaban a través de las consultorías jurídicas de alumnos del IUPE se encuentran a la deriva, y las personas implicadas corren grandes riesgos de perder los juicios.
La inhabilitación del Instituto Universitario de Punta del Este (IUPE) ha generado gran incertidumbre sobre lo que pasará con un importante grupo de personas que estaban siendo representadas por alumnos avanzados de la carrera de Derecho, quienes atendían consultas en Maldonado, Rivera y Treinta y Tres como parte de su preparación académica.
En las consultorías, los estudiantes atendían de forma gratuita casos que les presentaban personas de bajos recursos. Se trata, principalmente, de asuntos de familia vinculados con cobro de pensiones alimenticias y regímenes de visitas.
La abogada Claudia Guibernau, que se desempeñaba como directora de la consultoría jurídica del IUPE en Punta del Este, dijo a El País que al cierre del centro educativo tenía en trámite más de 150 expedientes. En esos casos, las personas representadas quedaron sin asesoramiento jurídico.
Con motivo del vencimiento de plazos para presentar escritos, "algunos casos no van a tener solución", lamentó Guibernau. La Defensoría Pública de Maldonado está agendando consultas para el mes de mayo.
En el consultorio jurídico del IUPE en Rivera se iniciaron 45 expedientes en 2009, de los cuales casi diez todavía estaban en trámite el cierre de la institución educativa. La abogada Fanny Carneiro, que era la responsable de la consultoría, indicó que renunció a los honorarios profesionales y continuará tramitando los expedientes que todavía no tienen resolución.
En Treinta y Tres, los estudiantes del IUPE patrocinaban unos 50 casos. El abogado Héctor Barrios, responsable de la consultoría en ese departamento, dijo a El País que tanto él como sus ex alumnos cubrieron las audiencias que se realizaron tras el cierre del IUPE.
Por su parte, desde la Dirección de Defensorías Públicas, se indicó a El País que esa institución -que depende de la Suprema Corte de Justicia- no prevé asumir la representación de estos casos si no lo piden los interesados.
(Publicado por El País - Uruguay, 23 marzo 2010)
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