Justicia
Paraguay: Un tribunal de arbitraje definirá suerte de Acepar
El titular de la CSJ, dr. Antonio Fretes, aceptó integrar y presidir el tribunal de arbitraje que definirá la suerte de Acepar, pues el Estado ha demandado la rescisión del contrato de compraventa. Al mismo tiempo, la CIAC ya inició las gestiones previas al proceso.
Casi dos meses y medio después de la demanda presentada por el Gobierno en el caso Acepar, las condiciones previas al inicio del proceso están cumplidas con la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, de integrar el Tribunal de Arbitraje.
Según la Ley 1037/97 (De privatización de Acepar), el titular de la máxima instancia judicial debe encabezar el arbitraje, pese a lo cual en dos laudos anteriores (2000 y 2003) sus predecesores se negaron, alegando incompatibilidad de cargos.
Fretes se sentará en el tribunal junto al doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, designado como árbitro por el consorcio comprador Cosipar, y el doctor Julio Ernesto Jiménez Balbiani, nombrado por el Estado.
Precisamente, fue Jiménez Balbiani quien ante nuestra consulta confirmó ayer que Fretes ya aceptó formar parte del tribunal y que todo estaba listo para la instalación del mismo, pero que como debe regirse por el reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), hay todavía requisitos burocráticos que cumplir por las partes.
"Con la aceptación del presidente de la Corte yo creo que el tribunal ya está constituido, pero ellos (los de la CIAC) tienen ciertos formalismos, a mi criterio ya innecesarios a estas alturas porque ya está formado el tribunal", pero debe cumplirse el reglamento, dijo Jiménez Balbiani.
Detalló que deben llenarse unos formularios y reiterar quiénes son los árbitros y entonces la CIAC a partir de eso le comunica a las partes y ahí el Estado, que es el demandante, tiene que presentar su escrito de demanda y de pretensiones.
El Estado nombra un árbitro, pero en el proceso actúa a través del procurador general de la República, José Enrique García, quien tiene que decir de nuevo si se quiere rescindir el contrato, si se pretende una indemnización o cambiar las condiciones del contrato.
"Es una presentación a más profundidad, con sus fundamentos, y eso debe contestar el representante legal de la contraparte y allí nosotros decidimos si hay que abrir el caso a prueba o no. Si se abre a prueba, ambas partes presentan de nuevo sus alegatos y llamamos después a autos para resolver y dictar sentencia nosotros tres en el tribunal”, explicó Jiménez sobre los pasos que deben dar a partir de ahora.
Gestión de la CIAC
Por su parte, la CIAC, que tiene su sede en Caracas, Venezuela, debía mantener ayer una conferencia telefónica con los representantes legales de las partes, el procurador García por el Gobierno y el Dr. Manuel Riera, por Cosipar. Para conocer detalles de esa conversación llamamos al procurador, pero no respondió el teléfono.
Laudos perjudiciales
Los dos laudos que fueron aplicados a la privatización de Acepar en los años 2000 y 2003 resultaron sumamente perjudiciales al Estado, pues significaron quitas totales de US$ 13,8 millones sobre el precio inicial de US$ 35 millones, en tiempos en que los compradores no habían pagado aún ni un solo centavo en efectivo por la acería.
El complejo siderúrgico de Villa Hayes había sido vendido en 1997 al Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), formado por la empresa Cerro Lorito SA y la cooperativa de trabajadores Cootrapar. En principio, Cosipar estaba encabezado por el ingeniero Guillermo Stanley y el Arq. Juan Carlos Canese, pero hoy está en manos del empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli.
El gobierno de Fernando Lugo demandó la rescisión del contrato el 9 de noviembre pasado, un día antes de que se complete el proceso de privatización, alegando incumplimientos graves de varias cláusulas del contrato de compraventa.
(Publicado por El Diario ABC – Paraguay, 19 enero 2010)
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