Justicia
Argentina: Piden sanciones a Aníbal Fernández por desacatar una orden judicial
La Asociación de Magistrados repudió la decisión del jefe de Gabinete, quien ordenó a la Policía que no cumpliera con un allanamiento al sindicato de aeronavegantes. Y pidió que tenga "sanciones administrativas y penales".La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudió la decisión del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de desacatar una orden judicial en el marco de la causa que investiga las irregularidades en el sindicato de aeronavegantes, al tiempo que pidió que el funcionario reciba sanciones administrativas y/o penales.
La causa en cuestión investiga las irregularidades presuntamente cometidas en la penúltima elección de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). En esos comicios sindicales se había impuesto la lista verde, alineada con la hoy embajadora kirchnerista en Venezuela Alicia Castro; la misma lista ganó los comicios recientes, pero como la Justicia consideró que los anteriores en realidad los había ganado la Lista Celeste, ordenó que se pusiera en funciones a la Comisión Directiva de esa lista.
Esa decisión fue ratificada por un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo. Pero cuando el juez José Sudera se disponía a cumplir con esa orden de un tribunal superior y pidió el auxilio de la Policía, sólo fueron a verlo un comisario y un subcomisario vestidos de civil y sin apoyo que le dijeron que no podían asistirlo y que, en todo caso, hablara con Aníbal Fernández.
Las órdenes de no cumplir con el procedimiento fueron confirmadas por el propio jefe de Gabinete. "Lo que le dije al jefe de la Policía, y seguramente el jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en el área, es que nosotros no vamos a cumplir esa orden. Si tengo que explicárselo a un juez, se lo explico a un juez o a cualquiera", dijo Fernández.
Ante esa decisión, la agrupación de los jueces exigió hoy "la inmediata adopción de las sanciones de naturaleza administrativa y/o penales" al jefe de Gabinete y también a los funcionarios policiales que no llevaron adelante la diligencia.
"La gravedad institucional de los actos llevados adelante por el jefe de Gabinete no puede ser soslayada ni minimizada, en tanto resultan configurativos de múltiples tipos penalmente punibles, violentan flagrantemente la división de poderes y plantean un escenario de conflicto de poderes inadmisible en un Estado republicano de derecho", advirtió la entidad.
(Publicado por El Clarín – Argentina, 15 diciembre 2009)
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