España: Garzón declarará mañana como imputado por la causa contra el franquismo

El instructor Luciano Varela ha citado a declarar para este miércoles a las 12.30 ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación en la causa sobre los crímenes del franquismo. El supuesto delito cometido por el juez, contra quien el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso una denuncia, consiste en haber dictado resoluciones injustas a sabiendas de que lo son.

La decisión de citar a Garzón se ha producido un día después de que la Comisión Internacional de Juristas, integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de Estados de miembros ONU, manifestara su apoyo al juez y advirtiera de que la causa abierta contra el franquismo "no justifica acciones penales ni disciplinarias".

La querella de Manos Limpias, a la que posteriormente se sumó Libertad e Identidad, no fue respaldada por la Fiscalía, favorable a archivarla, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo finalmente la admitió a trámite. La organización ultraderechista pedía la inhabilitación de Garzón y que se suspendiera temporalmente al magistrado mientras se tramitaba el proceso penal.

Citado en 24 horas

La citación, con apenas 24 horas de antelación desde que se ha notificado, sorprende por la inmediatez y sin a priori tener en cuenta la cargada agenda de los jueces. Tras conocer el pasado mes de mayo que el Supremo había admitido la querella de Manos Limpias, Garzón aseguró estar "tranquilo", que se defendería en su momento y que la ley "es igual para todos". El juez manifestó entonces en su recurso que esta querella era una "burda represalia" de la organización ultraderechista y señalaba la contradicción en la que, a su juicio incurrían, al considerar que no era competente para instruir la causa contra la dictadura y en paralelo censurarlo por no instruir una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos en Paracuellos del Jarama.

En octubre del año pasado Garzón se declaró competente para investigar las denuncias presentadas por las Asociaciones de la Memoria Histórica y atribuyó a Franco y a más de una treintena de jefes de la dictadura el despliegue de un plan de exterminio de sus oponentes y de represión que terminó con más de 100.000 desaparecidos. Sobre la apertura de fosas de los represaliados, Garzón se inhibió en noviembre del año pasado en favor de los juzgados territoriales donde están enterrados, pero matizaba que debían investigarse las desapariciones y las sustracciones de niños.

El juez instructor, Luciano Varela, ante quien mañana declarará Garzón fue también el ponente de la resolución de la querella presentada por dos abogados contra el magistrado por supuestos cobros una universidad de EE UU en 2005 y 2006 y que quedó archivada.

Apoyo - Juristas

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra, expresó ayer su preocupación por la investigación seguida al juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, que calificó de "interferencia injustificada" en sus funciones profesionales.

"La investigación de Garzón no justifica acciones penales ni disciplinarias"

El pronunciamiento de apoyo de la CIJ a Garzón se produce ante su inminente citación ante el Tribunal Supremo para declarar en calidad de imputado, en una querella de Manos Limpias por su investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la Guerra Civil española.

Garzón está siendo investigado ante la Sala Penal del alto tribunal por un supuesto delito de prevaricación que consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. La querella, interpuesta por el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que posteriormente se sumó Libertad e Identidad, fue admitida a trámite el pasado 26 de mayo por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y otros cuatro magistrados.

La citación a declarar de Baltasar Garzón, el juez español de mayor proyección internacional, en una causa penal abierta contra él por el Tribunal Supremo quedó pendiente antes del verano y el instructor del alto tribunal, Luciano Varela, podría llamarle esta misma semana. Varela intentó hace meses que el Consejo General del Poder Judicial sancionase a Garzón por vía disciplinaria denunciándole por una supuesta percepción de cobros indebidos por las labores docentes del juez en la Universidad de Nueva York. No tuvo éxito, ya que el Poder Judicial archivó las diligencias. Pero ahora Varela juega en campo propio y Garzón cuenta con no pocos enemigos en el Supremo.

Entretanto, la causa abierta a Garzón ha suscitado inquietud en foros jurídicos internacionales. "Los estándares internacionales relativos a la independencia de la Judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas que, en todo caso, deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto", dijo Róicín Pillay, consejera jurídica principal para Europa de la Comisión Internacional de Juristas.

Según la comisionada de la CIJ, las investigaciones penales a jueces "por actos enmarcados dentro de sus funciones profesionales constituyen una interferencia injustificada e inapropiada en la independencia de los procedimientos judiciales y son contrarios al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios 4, 17 y 18 de los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura".

La CIJ estima que este intento de interferir en el procedimiento judicial es de "particular preocupación", puesto que concierne a una investigación por crímenes contra la Humanidad, "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente". Dichos delitos, según un comunicado de la CIJ, son imprescriptibles.

"Las investigaciones del juez Garzón de los crímenes contra la Humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias y mucho menos una persecución penal", afirmó Róicín Pillay.

La CIJ ha informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las actuaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".

(Publicado por El País – España, 8 septiembre 2009)
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