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México: La Corte definirá bursatilización de recursos públicos
La bursatilización de ingresos públicos, mecanismo que la Secretaría de Hacienda pretende utilizar para obtener financiamientos multimillonarios que saquen de la crisis económica a todas las entidades y de la quiebra a la mayoría de municipios, será puesto a prueba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde esta semana se determinará si este esquema viola o no la Constitución.
El máximo tribunal del país se pronunciará sobre el tema al revisar un proyecto de sentencia en el que se propone declarar inconstitucionales las reformas que impulsó el gobernador saliente de Sonora, Eduardo Bours, con el apoyo de la mayoría priísta en el Congreso local —en agosto de 2007—, para obtener un financiamiento por 10 mil millones de pesos a cambio de pagarlo con los impuestos estatales y federales que recibirá la entidad en los próximos 30 años.
Este caso es de tal importancia para el futuro económico del país que, sin ser parte del juicio, de última hora y después de enterarse del contenido del proyecto que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo el jueves pasado, la Secretaría de Hacienda pidió a la Corte que sólo invalide el esquema implementado en Sonora y que se pronuncie sobre este tema en particular, sin que establezca criterios generales para todo el país.
Pugna por fiscalización
La bursatilización de ingresos públicos es un mecanismo de financiamiento empleado desde hace varios años por diversos estados e incluso por algunos municipios, mediante la emisión de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, que son respaldados y pagados, intereses incluidos, con los impuestos que paga la población.
En la mayoría de estados y municipios del país, la bursatilización de ingresos públicos es considerada deuda pública, puede ser fiscalizada, los congresos locales pueden decidir sobre el manejo y destino de los recursos comprometidos, y la recaudación de los mismos corre a cargo de las haciendas locales.
Pero en el caso de Sonora, el gobernador Eduardo Bours, con el apoyo de la Legislatura de mayoría priísta, estableció que este tipo de financiamiento no era considerado deuda pública —a pesar de que se paga con los impuestos— y que, por lo mismo, nadie, ni el Congreso ni la ciudadanía, tenía derecho a fiscalizar el manejo que le diera el gobierno a dichos recursos.
De manera adicional, mediante la reforma a seis leyes, Eduardo Bours estableció que durante 30 años el Congreso local no podía tocar ni pronunciarse en torno al destino de los impuestos comprometidos; además de que el manejo de los ingresos quedaría a cargo de un banco y no de la administración estatal.
Todos estos puntos fueron impugnados desde 2007 por una minoría de diputados del PAN en el Congreso local, a través de un juicio de acción de inconstitucionalidad, que se registró bajo el número 163/2007, y que fue turnado al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Después de revisar el caso, el ministro propuso a sus compañeros del pleno de la Suprema Corte declarar inconstitucional el sistema de bursatilización implementado en Sonora desde enero del presente año, pero por diversos motivos la resolución del juicio se fue aplazando hasta que finalmente se programó para ser resuelto en esta semana, a unos días de que Eduardo Bours deje su cargo como gobernador.
Evitar "cheques en blanco"
El proyecto del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo parte de la idea de que la Constitución sí permite el esquema de bursatilización de recursos públicos, pero siempre que éste se lleve a cabo bajo ciertas reglas claras y transparentes, que justifiquen el endeudamiento y que tenga ciertos medios de control y fiscalización, porque a través de estos esquemas de financiamiento se compromete el futuro de varias generaciones de la población.
Porque, según se explica en el documento elaborado por Gudiño, lo que se debe buscar es que la bursatilización no se convierta en un esquema de financiamiento “a modo” o en “cheques en blanco” para los gobernantes.
Se espera que la propuesta de Gudiño Pelayo genere división de opiniones entre los 11 ministros de la Suprema Corte, pero se calcula que logre generar coincidencias en los puntos esenciales de la discusión.
Hacienda aboga por un banco
Incluso, debido a este último hecho, en un caso inusual, sin ser parte del juicio y dando por sentado que la Corte va a anular el sistema implementado en Sonora, La Secretaría de Hacienda también pidió a los ministros que a la hora de emitir la sentencia establezcan que su criterio no tendrá efectos retroactivos, para garantizar que se le paguen a un banco alrededor de 4 mil 500 millones de pesos que ya le había otorgado al gobierno estatal.
En otras palabras, Hacienda no acudió a abogar por Sonora, sino por el banco —del que no se dio el nombre— que financió al gobierno de Eduardo Bours, a fin de garantizar que con los impuestos de los sonorenses se le siga pagando la deuda adquirida por la administración saliente.
Pero algunos ministros de la Corte consideran que si se declaran inconstitucionales las leyes que dieron sustento al sistema de bursatilización, entonces no se puede seguir pagando dicho dinero bajo este esquema.
(Publicado por El Universal – México, 24 agosto 2009)
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