Panamá estudia prohibir a empresas ecuatorianas hacer negocios en ese país

Panamá estudia aplicar a Ecuador la ley de retorsión, luego que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, prohibió las contrataciones públicas con empresas que tengan domicilio en países considerados "paraísos fiscales", entre ellas Panamá.

Así lo confirmó José Raúl Mulino, designado ministro de Gobierno, quien asumirá el cargo el 1 de julio, como integrante del equipo del presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli.

Mulino declaró al diario local La Prensa que el país podría prohibir a las compañías ecuatorianas la celebración de negocios locales, después que Correa identificó a Islas Vírgenes, Estados Unidos y Panamá como "paraísos fiscales" (territorios o Estados donde existen exenciones o un régimen tributario blando).

Panamá rechaza ser un "paraíso fiscal" y ha recurrido a las negociaciones directas en materia de diferendos económicos, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Hasta la fecha, no ha utilizado las represalias previstas en la "ley de retorsión", que sanciona el comercio y las operaciones bancarias.

De hecho, el gobierno del presidente Martín Torrijos alcanzó este mes un acuerdo con el gobierno de Quito, para la eliminación de las salvaguardias por la balanza de pagos de Ecuador, a más tardar el 22 de enero de 2010.

La restricción afectaba el comercio con la Zona Libre de Colón, principal centro de reexportación en Panamá. Sin embargo, Mulino anticipó que este país responderá con firmeza si recibe sanciones en perjuicio de su economía.

Añadió que podría ser aplicada la "ley de retorsión" (ley 58 de 2002), que establece un trato recíproco a cualquier país que discrimine a una persona natural o jurídica de procedencia panameña.

Ecuador es uno de los principales clientes latinoamericanos en la caribeña Zona Libre de Colón y el quinto usuario del Canal de Panamá, del que depende para sus exportaciones bananeras a Europa y a la costa Este de Estados Unidos.

Al respecto, el jefe de Negociaciones Comerciales de Panamá, Leroy Sheffer, señaló que verificará si el gobierno de Quito remitió al Ministerio de Comercio e Industrias de este país la notificación del segundo paquete de medidas económicas anunciadas el sábado, que tendrán impacto en la actividad económica.

Decreto

El Decreto Presidencial 1793, que prohíbe la contratación pública con empresas cuyos accionistas tienen la calidad de personas jurídicas con domicilio en los paraísos fiscales, ha generado las primeras reacciones adversas en el exterior.

El Gobierno de Panamá, país que consta dentro de la lista del Servicio de Rentas Internas (SRI) de paraísos fiscales, ha manifestado que aplicará la "ley de retorsión" con Ecuador.

Eso quiere decir que dará un trato recíproco a cualquier país que discrimine a una persona natural o jurídica de procedencia panameña.

En el listado de paraísos fiscales que el SRI elaboró en 2008 constan 89 países, entre ellos: Uruguay, Hong Kong, Caimán, Nigeria, Jordania, Liechtenstein, Mónaco, Malvinas y Panamá.

Los paraísos fiscales son usados por algunas empresas para eludir impuestos, pero no todas las compañías abren oficinas en estos territorios con ese propósito.

Mauricio García, experto tributario y ex funcionario del SRI, explica que algunas empresas se afincan en los paraísos fiscales por razones logísticas o para aplicar una estrategia de mercado.

Algunas compañías también buscan estos territorios porque tienen sistemas bancarios fuertes, con lo que pueden acceder a créditos más baratos. "Por las empresas que evaden impuestos van a pagar todas", señala.

García recuerda que varias entidades bancarias ecuatorianas han abierto oficinas y operan en Panamá, como Produbanco, Banco Pichincha y Banco del Austro, entre otras.

Por su parte, Xavier Muñoz Chávez, ex superintendente de Compañías, explicó que el Decreto no es compatible con la Ley de Compañías, porque en ella no existe ninguna prohibición a que las empresas ecuatorianas se afinquen en el exterior. "Abrir oficinas en terceros países no es un delito", comenta.

El ex funcionario asegura que la inseguridad jurídica en el país es un factor que lleva a las empresas a llevar sus operaciones a otros territorios y a ampliar sus inversiones en esos países.