Min. Justicia de Ecuador demanda a los jueces que liberaron a acusado narcotráfico

El Consejo de la Judicatura recibió una queja formal contra los jueces de la Corte Nacional de Justicia que liberaron a Jorge Hugo Reyes Torres.

La queja fue planteada por el Ministerio de Justicia. En su texto señala que "en los últimos días se generaron resoluciones de la Función Judicial, que causaron preocupación nacional y que afectan a la imagen de la Función".

El ministro de Justicia, Néstor Arbito, especificó tres fallos; pero el principal fue la decisión de los jueces de la II Sala de lo Penal de absolver a Reyes Torres, tras desechar una sentencia de 25 años de cárcel por presunto narcotráfico.

Los responsables de esa providencia son los jueces Luis Abarca y Máximo Ortega y el conjuez Edwin Salazar. Para ellos, no hay anomalías en su decisión, sino que Reyes fue víctima en un juicio con más de 50 fallas procesales.

Además, denunciaron que la Policía y la Fiscalía "fraguaron" pruebas para detener a Reyes en noviembre de 2001 y para condenarlo en las cortes inferiores.

Para la Fiscalía General, la actitud de los jueces puede configurar un delito. Anteayer, el fiscal Washington Pesántez abrió una instrucción por presunto prevaricato contra ellos. En cambio, la Policía dijo que los magistrados deben actuar junto a la Justicia.

En el proceso contra los jueces de la Corte Nacional, la Judicatura deberá chocar contra una resolución emitida por ese Tribunal.

Hace 15, días los jueces nacionales de la Corte resolvieron que el actual Consejo de la Judicatura no los puede indagar. Según el presidente de la Corte, José Vicente Troya, esa decisión se respalda en el hecho de que esta Judicatura no fue su órgano nominador. Y este es un requisito señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Sin embargo, para Xavier Arosemena, titular de la Judicatura, esa potestad está vigente a pesar de la resolución de la Corte. Eso se evidenciará cuando empiecen a tramitar la queja contra los jueces de la Segunda Sala de lo Penal.

Una fuente de la Corte Nacional explicó que la apertura de una indagación causará un conflicto de intereses, el cual deberá ser resuelto en la Corte Constitucional, según la Constitución vigente.

Incluso, los jueces se adelantaron y señalaron -en la redacción de su resolución- que cualquier conflicto deberá dirimirse en las salas del Tribunal Constitucional

Reunión

El alta cúpula de la Corte Nacional de Justicia y el Fiscal General, la Procuraduría y la Policía se reunieron el martes para analizar el tema

Los funcionarios concurrieron al Tribunal para protestar por el fallo que absolvió a Jorge Hugo Reyes Torres de un juicio por presunto narcotráfico. El fiscal del Estado, Washington Pesántez, era el más molesto. Se cruzaba de brazos mientras escuchaba al presidente de la Corte, José Vicente Troya.

De hecho, por la exculpación, Pesántez anunció que se abrió una instrucción fiscal contra los tres jueces que fallaron a favor del recurso de casación planteado por Reyes Torres, quien dejó el penal García Moreno el viernes.

La instrucción investiga por posible prevaricato a los jueces Luis Abarca y Máximo Ortega y al conjuez Edwin Salazar, de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte.

"Se está poniendo en peligro la legitimidad del Estado de Derecho, pues algunos jueces se muestran como abogados de la delincuencia", dijo Pesántez. "El juez Ortega, por ejemplo, registra tres sanciones en el Consejo de la Judicatura (organismo de control administrativo de la Función Judicial), de cuando era juez de primera instancia".

Abarca, presidente de la Segunda Sala, señaló que no le preocupa el inicio de la instrucción. "El Fiscal delira, desconoce de lo que se trata. Ni siquiera vino a la audiencia del caso, solo busca protagonismo político".

(Publicado por El Comercio – Ecuador, 18 junio 2009)
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