Investigación
La ONU investigará en Guatemala el crimen del abogado
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que pertenece a la ONU, comenzó ayer a investigar el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, en el que fue implicado el presidente, Alvaro Colom, en un caso que conmociona al país. Al mismo tiempo, se multiplicaron ayer las voces que piden la renuncia del mandatario.
El jurista español Carlos Castresana, director de la CICIG, dijo a los medios locales que investigará el asesinato de Rosenberg, con la condición de que no haya presiones ni interferencias. Reconoció que la comisión tiene una misión "muy difícil", pero aseguró que pondrán "lo mejor" de su parte y que esperan que el Poder Judicial y la Fiscalía también lo hagan y que "al final resplandezca la verdad".
"La investigación debe llegar hasta donde deba llegar, sean cuales sean las consecuencias y las personas afectadas", aseguró Castresana en respuesta al pedido del presidente Colom de que participe en las pesquisas de este crimen.
Tras la muerte de Rosenberg, asesinado el domingo cuando andaba en bicicleta, se distribuyó un video en el que aparece el mismo abogado asegurando que si lo matan, los responsables son el presidente, su esposa Sandra, y sus más cercanos colaboradores, como el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el asesor Gregorio Valdez.
En un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes, ahora la mayor preocupación de la sociedad guatemalteca es que se investiguen las denuncias del abogado de manera imparcial y transparente.
Ayer, empresarios, políticos y amigos de Rosenberg volvieron a pedir las cabezas del presidente y de su secretario privado.
Además de la CICIG, también participan en la investigación el Ministerio Público (MP) y, según aseguró el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, una misión del FBI que ya ha sido convocada, también a solicitud del gobierno guatemalteco.
En su testimonio póstumo, el abogado sostiene que lo mataron por defender al empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie, asesinados el 14 de abril, según Rosenberg, por negarse a encubrir "los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural (el Banco de Desarrollo Rural)". Mussa formaba parte de la junta directiva de ese banco de capital mixto, donde, según el video, se acordaban negocios como "lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente".
El gobierno reiteró ayer su rechazo a las acusaciones, como hizo el propio Colom el martes. Y el canciller, Haroldo Rodas, pidió en Washington el apoyo de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
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Diversos sectores exigieron el miércoles una investigación imparcial y transparente del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, ocurrido el domingo, quien en un video anticipó su muerte y culpó de ella al presidente Álvaro Colom.
Mientras, se multiplicaban los pedidos de renuncia del mandatario, quien, sin embargo, recibió el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Unas 1.500 personas se manifestaron en la Plaza de la Constitución, en el centro de la capital guatemalteca, para pedir justicia y la cabeza del mandatario.
Rosenberg fue acribillado a balazos cuando montaba en bicicleta cerca de su casa, en la capital, y grabó el video tres días antes.
“Estamos aquí para defender el estado de derecho, para defender la vida, para exigir la renuncia del presidente”, dijo Luis Figueroa, uno de los manifestantes.
El país ha quedado estupefacto por las acusaciones que Rosenberg deja en su video: “Si usted está en este momento oyendo o viendo este mensaje, es porque a mí me asesinaron Álvaro Colom, Sandra de Colom, con la ayuda de Gustavo Alejos”, secretario privado de la Presidencia.
En un país donde 98% de los crímenes quedan impunes, ahora la mayor preocupación de la sociedad y de los familiares y amigos del abogado asesinado es que se investiguen sus denuncias de manera imparcial y transparente.
Cicig a cargo. El fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate, aseguró que ayer mismo entregaría el expediente iniciado por la Fiscalía a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que busca crear un sistema judicial independiente y eficaz.
“No tenemos ningún interés en esconder nada, ni a nadie. Queremos llegar al fondo de la investigación y para que no haya malos entendidos o señalamientos sin justificación se decidió que la Cicig se haga cargo de la investigación”, dijo Velásquez, tras reunirse con diferentes grupos parlamentarios.
El director de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana, pidió al presidente Colom, a la primera dama, Sandra Torres, y al secretario privado del mandatario que se aparten de la investigación.
“He pedido personalmente al presidente de la República que se aparte de la investigación”, afirmó Castresana en una entrevista a la radio Emisoras Unidas.
La “única petición” de la Cicig es que “se garantice una investigación que no esté sometida a presiones ni a recomendaciones de clase alguna”.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, anunció que ya se encuentra en Guatemala un agente del Buró Federal de Investigación (FBI) estadounidense, para apoyar a la Cicig, como había solicitado Colom.
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dio su pleno respaldo al gobierno guatemalteco en una resolución aprobada tras un discurso ante el Consejo Permanente del organismo del canciller guatemalteco Haroldo Rodas, quien acusó al crimen organizado de ejecutar esta maniobra para desestabilizar al país.
El Consejo Permanente de la OEA decidió “respaldar al gobierno constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del estado de derecho”, explicó la resolución aprobada.
(Publicado por AFP y El Clarín – Argentina, 14 mayo 2009)
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